El anuncio de Juanma Moreno, presidente de Andalucía, de eliminar a partir de 2023 el Impuesto sobre el Patrimonio para "competir" con otras comunidades en atracción de capital y talento ha disgustado al Gobierno y aus socios.
Desde el Ejecutivo han asegurado este martes que les gustaría cambiar el actual modelo de financiación para evitar lo que consideran dumping fiscal por parte de las autonomías gobernadas por el PP, pero que no podrá ser ya esta legislatura.
"El Ejecutivo siempre está estudiando cómo hacer una armonización del patrimonio", aseguran fuentes del Gobierno. Y añaden: "Es una ley orgánica y cualquier figura que se toque tiene que ser dentro de ese marco".
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Por eso, reconocen que ese asunto no se va a poder abordar antes de 2024, tanto por la complejidad del proyecto como por la intención del Gobierno de contar tanto con comunidades autónomas -ya que en cada una afectaría de manera distinta- como con el acuerdo del Partido Popular.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el acto de este lunes.
Desde el PP admiten que ellos aún no tienen un plan elaborado sobre el modelo de financiación. "No van a contar con nosotros. "¿Tú estudiarías para un examen que ya sabes de antemano que no vas a aprobar?", se pregunta un destacado dirigente.
El hecho de que la fiscalidad autonómica no se aborde antes del final de la legislatura puede provocar en el PSOE problemas internos. "¿Se presentará Juan Lobato contra Ayuso defendiendo una subida de impuestos generalizada en la Comunidad de Madrid?", se preguntaban este martes algunos parlamentarios.
Por otro lado, el discurso de posible recentralización de impuestos que plantean algunos, como ha hecho abiertamente el ministro José Luis Escrivá, difícilmente casa con los nacionalistas, socios del Gobierno.
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, tuvo que zanjar la polémica que levantó el ministro: es una "opinión personal", aseveró.
También la consejera de Hacienda andaluza, Carolina España, le pidió que respetara sus competencias y, de paso, le recriminó que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero suspendiera esta tasa en los años 2008, 2009 y 2010.
El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos sostiene que el tributo debe formar parte de su política fiscal y desde hace tiempo anuncia medidas para poner límite a sus reducciones. Mientras, las regiones gobernadas por el Partido Popular acotan cada vez más esta figura tributaria y otras similares, como Sucesiones y Donaciones.
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No obstante, en Europa se trata de un impuesto en extinción. Sólo Suiza y Noruega lo mantienen, mientras que en España únicamente Madrid y, desde ayer, Andalucía son los únicos que tienen bonificado este tributo al 100%.
Fuga de contribuyentes
En concreto, se trata de un impuesto que tienen que abonar los contribuyentes a partir de los 700.000 euros de patrimonio, excluidos 300.000 que correspondan a su vivienda habitual. El objetivo es aumentar la recaudación vía IRPF con la llegada de nuevos declarantes atraídos por el alivio fiscal. De ahí que Moreno le lanzara un guiño especial a los inversores en Cataluña: "Aquí está su tierra y no nos vamos a independizar nunca porque somos orgullosa parte de España".
Este impuesto supone el 0,6% de la recaudación vía impuestos de la región. Según indican desde la Junta, la decisión de su supresión se ha adoptado después de que diez de los 20 contribuyentes que más aportaban a las arcas públicas dejaran de ser declarantes en Andalucía en 2020.
El Gobierno andaluz ha hecho sus cuentas. Para compensar la pérdida de los 95 millones que se ingresan anualmente, vía Patrimonio, tendrían que llegar a la comunidad 7.200 nuevos contribuyentes en 2023. De ahí que quiera arañar también en Valencia y Madrid y animar a los extranjeros que habitualmente pasan algunos meses al año en Andalucía a que conviertan a esta comunidad en su residencia fiscal.
Pero esta bajada de impuestos no está pensada solo para los que gozan de rentas más altas, como critica el PSOE, sino que la deflactación de los tres primeros tramos del IRPF beneficiará al 80% de los andaluces, cuyos sueldos están por debajo de los 25.000 euros.