La vicepresidenta tercera del Gobierno y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, recibirá este jueves por la tarde al responsable económico del Partido Popular, Juan Bravo. Ambos abordarán el Plan de Contingencia que el Ejecutivo remitirá próximamente a Bruselas con las nuevas medidas de ahorro energético.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el vicesecretario popular acudirá a la cita con las 59 medidas del Plan de Ahorro elaborado por Génova bajo el brazo. Sin embargo, hará hincapié en cinco condiciones muy concretas que desde su formación consideran fundamentales para poder alcanzar un acuerdo en este ámbito.
Hay que reseñar la preferencia que ha dado el Gobierno al principal partido de la oposición, ya que este mismo miércoles Ribera mantuvo una reunión con diferentes portavoces parlamentarios del Congreso de los Diputados, a la que también acudió el secretario general adjunto del Grupo Popular, Guillermo Mariscal.
Fuentes del Partido Popular aseguran a este diario que llegarán a la sede del Ministerio con la mano tendida, con la firme voluntad de "acercar al Gobierno a la centralidad" y también con la intención de "sacarlo de una órbita económica que no sea la de Podemos". Esto último, en relación con el impuesto a las energéticas y a la banca.
Aunque las posturas parecen alejadas, lo cierto es que Moncloa ha terminado reproduciendo algunas iniciativas de la oposición cuando primero las había desechado. De la misma forma, Génova ha ido modulando su discurso con algunas cuestiones, ya que si se mostraba reticente a gravar los beneficios de las energéticas, ahora lo defiende.
1. Tasa Europea
El primer objetivo que persigue el PP es que el Gobierno se comprometa a retirar el impuesto a energéticas y banca que registraron PSOE y Podemos en una proposición de ley que ahora se tramita en el Congreso. En su momento, los populares rechazaron su entrada en la Cámara.
Fuentes populares desvelan que pondrán sobre la mesa una nueva iniciativa que recoja, punto por punto, la tasa europea que ha propuesto la Comisión Europea y que grava los beneficios extraordinarios de las energéticas como consecuencia de la guerra de Ucrania.
Desde el equipo de Alberto Núñez-Feijóo argumentan que su postura es que se apruebe una figura fiscal que tenga un "carácter finalista", es decir, "bajar la factura de la luz". En cambio, rechazan un "impuesto ideológico" para aumentar la recaudación y "repartir las ganancias".
Si el Ejecutivo se niega a retirar de la ecuación a la banca, el entendimiento se presupone difícil. "Pedimos un planteamiento que reconvierta su propuesta en la tasa europea. No va de penalizar a los que más tienen, sino de ayudar a los que menos tienen", matizan desde el PP.
2. Recomendaciones
Una vez más, el PP pedirá al Gobierno que la vía para conseguir una reducción drástica en el consumo del gas no parta desde las obligaciones, sino a través de una serie de recomendaciones.
En su momento, Feijóo asumió un papel complicado cuando un día pidió al Gobierno actuar para "reducir el consumo energético subiendo la calefacción un grado" y, al día siguiente, rechazó la propuesta que había formulado el Ejecutivo que iba exactamente en esa dirección.
Con especial pedagogía durante todo el verano, los populares aclararon que para conseguir tal objetivo no eran necesarias imposiciones, como establecer por decreto que la temperatura en los comercios no supere los 27º.
Aunque el "Madrid no se apaga" de la presidenta madrileña marcó el tono en el PP, Génova se mostró contraria desde el principio a conseguir el ahorro energético a través de obligaciones a los empresarios.
3. Incentivos
Una de las líneas prioritarias del responsable económico del PP, Juan Bravo, es que el Gobierno establezca una serie de ayudas e incentivos que animen a los consumidores a reducir su consumo energético. "Hay que favorecer el ahorro y no penalizar con multas o sanciones a personas y empresas", defienden.
Esto se conseguiría, según aclara Génova, a través de "un sistema de bonificaciones progresivas para el consumo de electricidad y gas este invierno", comparando facturas comprendidas entre los próximos noviembre y marzo con facturas durante el mismo periodo de tiempo en el año anterior.
Las bonificaciones serían abonadas por las comercializadoras, aunque quedarían recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para que el Ejecutivo realizara la compensación.
4. Excepción ibérica
Los populares consideran que la llamada "excepción Ibérica" que ha conseguido reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista es un "timo". Por ello, van a solicitar la retirada del Real Decreto donde se recoge su entrada en vigor.
"No se puede cofundir los precios que se marcan en el mercado mayorista con los precios de venta al público. La excepción Ibérica actúa sobre el mercado mayorista donde, hasta la entrada en vigor del decreto, 20 millones de consumidores en mercado libre tenían precios estables", explican en el PP.
Ahora, prosiguen, "los ajustes como resultado de la diferencia entre el precio del gas en el mercado y el precio del gas fijado en el decreto para producir energía, será repercutido sobre los consumidores".
Es decir, aunque el mercado mayorista haya marcado un precio menor en España que en otros países de Europa, la factura de la luz en la mayoría de hogares ha seguido incrementando de manera considerable, lo que deja sin efecto esa "excepción Ibérica", según los populares.
5. Airef energética
Por último, Bravo solicitará a Ribera la creación de un organismo independiente para evaluar y controlar las políticas energéticas. Esto sería una suerte de "Airef Energética".
En la formación conservadora consideran que uno de los principales problemas para afrontar esta crisis energética es "el déficit de un análisis completo e independiente de datos que se ofrecen desagregados, de una valoración conjunta de las políticas energéticas".
Desde el PP advierten de la importancia de "tener ya una evaluación independiente", por ejemplo, "del impacto completo de la excepción Ibérica, o de los efectos de determinadas medidas adoptadas en los últimos meses, para poder evaluar la bondad de las mismas o proponer su anulación o modificación".
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