El PSOE promete modelos distintos de sanidad a ERC y a Junts para salvar la tramitación de la ley

El Congreso de los Diputados rechazará este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por Ciudadanos y Vox a la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS).

De esta forma, la ley sanitaria más importante de la ministra Carolina Darias pasa su primer ‘examen’ aunque no exenta de polémica: el PSOE ha tenido que prometer modelos distintos de sanidad a sus socios de investidura para salvar la tramitación de la ley.

Y es que, para conseguir retirar las enmiendas a la totalidad que habían presentado ERC y Junts, el Gobierno ha comprometido a tener un debate en la Comisión de Sanidad del interior del articulado. Entre las peticiones de ERC y Junts está salvar las competencias de su autonomía y perpetuar el modelo catalán, donde el concierto sanitario de centros públicos es algo habitual.

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El cambio quedaría en una simple concesión durante la tramitación de la ley, como pasa en muchos casos, si no fuera porque Podemos ha transigido continuar estudiando la legislación si se pone más coto a los conciertos.

¿Esto qué quiere decir? Que el PSOE ha prometido cosas diferentes a los partidos independentistas que a Podemos. Porque el modelo que defienden los catalanes aboca a mantener los conciertos, algo que desde Unidas Podemos rechazan fervientemente.

"Va a ser divertido ver cómo consiguen negociar con todos" ha bromeado la diputada del Partido Popular y exministra de Sanidad, Ana Pastor. Palabras a las que se unían otros grupos del arco parlamentario como Navarra Suma que acusaba a Darias de convencer a "algunos por ahí" de que "lo van a arreglar en comisión".

Así pues, el Gobierno ha conseguido atrasar el debate a la Comisión de Sanidad y que el texto no sea rechazado en su primer trámite. Pero eso no significa que lo vayan a tener fácil en su siguiente fase.

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Como todos los grupos han dejado claro durante el debate, hay bastante disparidad de opiniones en el arco parlamentario sobre cómo refundar esta ley que sirve para sentar las bases del sistema sanitario en nuestro país.

Competencias autonómicas

Hay dos aspectos que son especialmente peliagudos para el Gobierno: los conciertos sanitarios (gestión de centros públicos por empresas privadas) y el papel de la sanidad privada dentro del organigrama sanitario.

Además, los partidos de corte más nacionalista considera que esta ley invade unas competencias transferidas en la ley general de Sanidad. Pues, como hay que recordar, la sanidad es una de esas competencias que está en manos de las regiones y en la que la potestad del Ministerio de Sanidad es mínima.

La gestión de la colaboración de la público-privada será el tema sobre el que el PSOE tendrá que ceder en la Comisión de Sanidad y decidir si quiere contentar a unos o a los otros.

Con el argumento de que la ley tiene un espíritu "recentralizador", PDeCAT acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de atacar a la identidad del modelo sanitario catalán criminalizando la gestión concertada de los centros sanitarios. Algo muy habitual en Cataluña.

Lo mismo que ocurre con Junts que defiende que cualquier fórmula de colaboración público-privada debe entenderse dentro de las herramientas que tienen las regiones para "garantizar la provisión de los servicios sanitarios".

Ayuso

Aunque a los partidos catalanes y a Podemos les divida su forma de entender la gestión sanitaria, les ha unido la crítica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por un lado, Rosa Mendel, portavoz sanitaria de Unidas Podemos, ha acusado al PP, y a la Comunidad de Madrid, de "ver que había dinero en la sanidad" y privatizarla para "llevarse beneficios".

Recordando el rescate del Gobierno valenciano de algunos hospitales y la gestión concertada de otros en Madrid, Mendel ha convertido su defensa de lo público en un ataque a los populares.

Algo similar a lo que han hecho desde ERC pero, en este caso, atacando a una región concreta y a una presidenta: Isabel Díaz Ayuso.

Xavier Ertija, portavoz de medioambiente de ERC en el Congreso, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar sacar adelante una ley "para atacar al modelo madrileño" con una normativa de "mínimos" que afecta a "todas las regiones".