"En los próximos días presentaremos el paquete de nuevas medidas fiscales". Esas fueron las palabras con las que la ministra María Jesús Montero anticipó este lunes el nuevo plan de fiscalidad para los Presupuestos de 2023. No concretó más, se supuso, porque los anuncios de Gobierno no deben darse desde Ferraz sino desde la Moncloa, pero el motivo real, según ha podido saber EL ESPAÑOL, es que la negociación presupuestaria está encallada.
Según fuentes del ala morada del Gobierno, hace "más de una semana" que no hay contacto directo entre los equipos negociadores del Ministerio de Hacienda y Unidas Podemos. Sus respectivos interlocutores, Josep Vendrell y Nacho Álvarez, no se sientan a la mesa desde que, en verano, el equipo de Montero realizara las consultas previas de cada ministerio para conocer sus prioridades presupuestarias.
"No hay avances", resume la misma persona. Otras fuentes aclaran a este periódico que, por el momento, ni siquiera ha habido una negociación formal para desencallar la fiscalidad en el Ejecutivo, uno de los puntos de fricción más importantes desde 2021 junto a la conciliación, el plan de choque contra la inflación, la vivienda, la transición ecológica y la política social.
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Así, desde antes de que se pasara el trámite parlamentario de la aprobación del techo de gasto y la exención de las reglas fiscales para el año que viene -con el permiso de la Comisión Europea-, Hacienda no ha vuelto a contactar con los socios minoritarios del Ejecutivo.
De hecho, fuentes de Unidas Podemos afirman que han ido sabiendo "las novedades fiscales" anunciadas por Montero una vez que las anunciaba ante los medios de comunicación, como es el caso del impuesto a las grandes fortunas que provocó un descosido entre los partidos del ala morada.
Las mismas líneas rojas
El paquete de medidas reclamado por Unidas Podemos no es secreto para nadie. Son, a todas luces, las mismas líneas rojas que estableció Ione Belarra en el mes de junio, cuando se inició el contacto entre los socios y que, en los últimos días, llevan repitiendo varias voces del partido morado.
A tres días para que venza el plazo constitucional para presentarlos "en tiempo y forma", como era la intención expresada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, todo parece indicar que se prorrogarán las cuentas de 2022 hasta que los socios pongan punto y aparte a sus diferencias.
Fuentes socialistas admiten que "la negociación va a ser más difícil, porque ni el PSOE puede atender las exigencias de Unidas Podemos ni a ellos les va a resultar fácil aceptar nuestras líneas rojas en un año electoral". Los últimos "avances", en palabras de Pablo Echenique, responderían más a la voluntad que al negro sobre blanco.
Tanto en Moncloa como en Ferraz temen que el resto de socios parlamentarios quieran distanciarse de Pedro Sánchez -en un momento de crisis de imagen- y Unidas Podemos, con quienes competirán por el electorado de izquierdas durante la maratón electoral del año que viene.
Desde que se puso en marcha la maquinaria ministerial para ir concretando las partidas, no ha vuelto a haber reuniones ni respuestas concretas. Un portavoz de Unidas Podemos confirma a este diario que no han podido concretar ningún punto de sus líneas rojas, como son la financiación de las políticas de Igualdad o la Ley de Familias del departamento de Ione Belarra.
"Deberíamos ir avanzando ya", insisten las fuentes moradas, que temen que la dilación responda a una estrategia negociadora del PSOE para desgastarles y forzar la máquina en unas negociaciones rápidas.
Fuentes del PSOE apuntan en la misma dirección: a que es una estrategia negociadora, sí, pero de Podemos contra ellos. Tanto la ministra de Hacienda como el portavoz de los socialistas, Patxi López, han asegurado que los presupuestos se aprobarán "en tiempo y forma". Aunque en ningún momento han querido establecer una fecha concreta.
Lo cierto, ante todo, es que los de 2023 serán los últimos presupuestos del Gobierno de coalición, pero tanto socialistas como morados se los toman como el principio de su campaña electoral. Otra cosa es quién logra quedarse con la autoría de cada ley.