El Gobierno se verá forzado a dar todos los detalles sobre las gestiones que llevó a cabo el pasado jueves ante Marruecos después de que este periódico desvelara que el Gobierno de Mohamed VI se había apropiado de Melilla en una carta de su Ministerio de Exteriores al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
A través de su grupo parlamentario, el Partido Popular obligará a Moncloa a explicar con qué "autoridad" habló para que, pocas horas después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez diera por zanjada la polémica. El documento -al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL- se registró el mismo jueves a última hora con la firma de Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, diputado por la ciudad autónoma española en el norte de África.
Y es que en la oposición parlamentaria ha escamado una solución tan oscurantista a un conflicto sobre la soberanía española de Ceuta y de Melilla. La misiva enviada por el Ejecutivo de Rabat a la ONU negaba que Marruecos tenga fronteras terrestres con España, por considerar a Ceuta y Melilla como "presidios ocupados".
En el PP no se creen que no hubiera una reacción desde Moncloa o desde el Ministerio de Exteriores para lograr que Rabat se "desmintiera". Y en Ciudadanos se acepta que algo de tan poco valor jurídico como unas palabras a la prensa, no atribuidas a cargo concreto alguno, desactiven una carta oficial de un Ministerio a un comité de la ONU.
"¿Cuándo ha habido unas declaraciones anónimas de un país, que no se sabe quién las emite y con qué autoridad?", se pregunta el portavoz liberal, Edmundo Bal, en conversación con este periódico. "Hay que recordar que las relaciones diplomáticas para vincular la voluntad de un país están reglamentadas. En concreto, en España un Decreto de 1974".
Albares y Bourita
El Gobierno español reconoce la existencia de la carta de 11 folios enviada por el Ministerio de Exteriores marroquí al comité de Naciones Unidas, al que entrará Rabat el próximo 1 de enero. Pero se incide en una sucesión cronológica de los hechos.
En esa reunión -en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, precisamente-, ambos anunciaron la celebración inminente, aún sin fecha definida, de una Reunión de Alto Nivel (RAN) entre ambos gobiernos, que es el nombre que tienen las cumbres celebradas por España y Marruecos. Y sí detallaron la reapertura de "aduanas" para el mes de enero de 2023.
Si hay "aduanas", entiende Madrid, es que hay "fronteras"... y eso es atribuible al ministro Bourita y queda ratificado por esa fuente anónima, que decía ser un oficial de Exteriores de Rabat, a la agencia pública española.
Así, la explicación al entuerto, en todo caso, es que el Gobierno español le da el mismo valor a la carta oficial enviada a Naciones Unidas que a unas declaraciones sin autor. Y por eso el Partido Popular entiende que hace falta mayor transparencia: "¿Qué valoración hace el Gobierno [...] del escrito del Gobierno de Marruecos?", inquieren de inicio los populares.
"Pacto" de baja intensidad
Pero además, los de Alberto Núñez Feijóo fuerzan al Gobierno a detallar por escrito de qué manera defendió "los intereses legítimos de España" en Melilla ante unas manifestaciones "contrarias al Derecho Internacional".
El presidente del PP se ha mostrado siempre prudente en la cuestión marroquí, limitándose a criticar por la tangente a Sánchez al decir que "un gobernante nunca debe engañar a un país vecino y socio, que debe ser un amigo... y los amigos no se mienten".
Pero su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, sí sacó el asunto a colación el pasado jueves en el Congreso, exigiendo a Sánchez que "aprovechara" su comparecencia ante la Cámara Baja para "defender la soberanía y la integridad territorial de España" frente al ataque marroquí. Ahora, uno de sus diputados forzará esa respuesta.
Este tipo de preguntas al Ejecutivo obligan a una respuesta detallada también por escrito y comprometen al Ejecutivo en su conjunto. Aunque no tienen un plazo específico para ser atendidas, un retraso no es habitual y los populares dan por hecho que el Gobierno deberá dar una respuesta antes de que acabe el año.
Sánchez lo remarcó taxativo este jueves en el Congreso: "Ceuta y Melilla son España, punto". El presidente respondía así a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que le solicitaba que no se marchara del Congreso "sin defender nuestra integridad territorial" y la soberanía de España.
Fuentes cercanas al presidente aseguran a este diario que, dada la "sensibilidad" que la cuestión territorial suscita a cada lado de la frontera, ambos gobiernos "pactaron" el jueves una salida de la baja intensidad diplomática de unas declaraciones anónimas a una agencia pública de información. Eso es lo que teme el PP, según las fuentes consultadas, y lo que ahora obligará al Gobierno a desvelar.
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