El president de la Generalitat logró este jueves lo que no habían conseguido sus antecesores desde el inicio del procés: que le recibiera una autoridad europea en Bruselas. Pero si Pere Aragonès esperaba poder vender el apoyo del comisario de Justicia de la UE en el llamado caso Pegasus, lo que se encontró fue que Didier Reynders le afeó a la cara "el incumplimiento de las sentencias" que imponen el 25% de enseñanza en español, al menos, en las escuelas catalanas.
Así se lo transmitió Reynders al líder independentista en la reunión que mantuvieron este jueves en la capital europea, según fuentes de la Comisión. "El comisario destacó la importancia de aplicar las sentencias del Tribunal Supremo en las cuestiones relacionadas con el uso de las lenguas en las escuelas de Cataluña", apunta un portavoz de Bruselas.
Bruselas también añade que Aragonès trató de defenderse alegando que "actualmente sigue pendiente un recurso ante el Tribunal Constitucional". El lenguaje comunitario suele ser diplomático, y no incluye valoraciones explícitas, por lo que el president se salva de que le recuerden que el recurso no es suyo, sino del PP y de Cs, partidos de la oposición a su 'Govern' y al Gobierno de Pedro Sánchez.
O que la ley vigente hoy en la Comunidad Autónoma de Cataluña es una norma ad hoc posterior al mismo fallo judicial. O lo que el propio Reynders recordó en su última visita a España: que una de las bases del Estado de derecho es el cumplimiento de los fallos judiciales, y que "corresponde primero a los Gobiernos nacionales hacerlas cumplir". Pero que, "si se constata la incapacidad del Ejecutivo para ejecutar las sentencias", Bruselas tomará cartas en el asunto.
Es decir, que Reynders advierte de que el deterioro de las instituciones en España no se limita al bloqueo del CGPJ y del TC, sino que va mucho más allá. Y que si no se aborda con urgencia, lo incluirá en el Informe sobre el Estado de derecho 2023... que se publicará en julio, justo cuando Sánchez asuma la presidencia de turno del Consejo.
"Es mejor predicar con el ejemplo", advirtió el comisario en septiembre, durante su visita a Madrid.
Reynders le pidió este jueves expresamente a Aragonès que la Generalitat cumpla con la sentencia. Ese recurso ante el Constitucional, de hecho, fue presentado por el Partido Popular y por Ciudadanos, en contra del decreto 'ad hoc' que promulgó el Govern para trasladar la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación, protegiendo legalmente a los directores de centros, y que evita hablar de porcentajes.
PP y Cs recurrieron varios artículos de ese texto, aprobado por el gabinete de Aragonès cuando faltaba un día para que expirase el plazo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para aplicar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas catalanas.
De hecho, la eurodiputada liberal Maite Pagazaurtundua, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, ha mandado diversas cartas sobre este asunto a Reynders, aprovechando su cercanía política con el comisario, que forma parte de la misma familia política europea.
'Caso Pegasus'
Aragonès y Reynders hablaron también sobre el caso de espionaje con el Programa Pegasus, del que tanto el presidente catalán cómo varios líderes independentistas fueron víctimas.
El jefe del Ejecutivo catalán trasladó al comisario su "preocupación" por cómo el Gobierno español "está gestionando" el caso, según explicó en declaraciones a la prensa tras el encuentro, en el que pudo constatar que "las instituciones europeas están preocupadas por esta cuestión".
Según las fuentes, Reynders recordó que Bruselas "ha dejado claro en numerosas ocasiones que condena firmemente cualquier acceso ilegal a las comunicaciones interpersonales". La Comisión ha enviado una carta a España solicitando información sobre el caso de espionaje, que el Gobierno aún no ha respondido.
No obstante, Bruselas ha señalado en varias ocasiones que son los tribunales nacionales los principales responsables de investigar los escándalos de espionaje y, las citadas fuentes, "espera que hagan total uso de sus poderes".
La Justicia española está investigando el presunto espionaje con el programa Pegasus de los teléfonos móviles de Aragonés y cuatro altos cargos del Gobierno de España, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa, Margarita Robles, e Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El encuentro entre Aragonès y el comisario europeo supone un paso más en la normalización de la relación entre el Gobierno catalán y el Ejecutivo comunitario, después de que el presidente catalán se reuniera en Barcelona, el pasado mes de mayo, con el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas.
Antes, en mayo, Aragonès mantuvo un breve encuentro con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también en Barcelona, durante un acto del Cercle d'Economia, en el que también estuvo presente el presidente Sánchez.
En 2015 fue la última vez que un presidente catalán, entonces Artur Mas, mantuvo un encuentro en la sede de la Comisión en Bruselas, con la entonces comisaria de Transportes, Violeta Bulc. Aragonès se reunirá este viernes con el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, para ofrecer a Cataluña como un centro de diseño de chips.