Pedro Sánchez está muy cerca de terminar el mes de diciembre con la aprobación de sus terceros Presupuestos Generales del Estado consecutivos, todo un hito porque eso no ocurría desde 2015. Y porque hay un Gobierno de coalición con una mayoría tan exigua que necesita a más de media docena de partidos para lograrlo.
El presidente del Gobierno está cerca de poder alardear de estabilidad frente a otros gobiernos europeos, porque PNV, ERC y Bildu han renunciado a presentar enmiendas de totalidad contra los Presupuestos. El próximo jueves estos partidos unirán sus votos a los del PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís, PdCat y Coalición Canaria para que las cuentas sigan su trámite.
En la práctica, Sánchez no sólo no ha perdido la mayoría de investidura de enero de 2020, sino que la ha aumentado. Logró entonces 167 votos a favor y ahora sus Presupuestos pueden llegar a 180. En aquella ocasión ERC y Bildu se abstuvieron y ahora votan a favor. También se suman las dos diputadas de Coalición Canaria.
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De hecho, el voto de los 13 diputados de ERC puede no ser necesario en este primer trámite de totalidad, en el que lo que se votan los vetos presentados por PP, Ciudadanos, Vox y Junts. Pero Sánchez ya se ha asegurado su respaldo para el resto de la tramitación.
Desde el jueves queda aún negociación para los detalles del Presupuesto y para la votación final de mediados de diciembre, pero ese diálogo ya está encauzado.
Por ejemplo, Gobierno y ERC negociarán la reforma del Código Penal para cambiar la tipificación y las penas de los delitos de rebelión y sedición. El compromiso de ambos es presentar antes de final de año en el Congreso, como proposición de ley o como proyecto de ley del Gobierno, la reforma del Código Penal.
ERC quería hasta ahora la eliminación del delito de sedición, pero ahora acepta que se rebajen las penas previstas. Por eso, el Gobierno, empezando por Pedro Sánchez, aseguran que no hay mayoría suficiente para aprobarlo. Ahora con la nueva posición de ERC puede haberla.
El regreso de Puigdemont
La importancia de esa medida es que, al poderse aplicar retroactivamente, puede suponer la vuelta y la libertad de algunos de los fugados (exiliados, según terminología independentista) por el procés independentista, empezando por Carles Puigdemont.
Esa reforma está ya elaborada desde los tiempos del anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que recibió el encargo de Sánchez. Sin embargo, el presidente hizo que se metiera en un cajón y ahora se desempolva.
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Además, la nueva situación de Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, con un Gobierno en minoría y con necesidad de respaldo puntual del PSC, ha ayudado también a ese acuerdo. ERC, además, necesita mostrar acuerdos concretos en Cataluña, para frenar el desgaste que le provoca su posición posibilista y negociadora con el Gobierno central.
Tanto el Gobierno como ERC se esfuerzan en evitar que se relacione esa reforma con el acuerdo de Presupuestos. Y, de hecho, el comunicado del partido independentista anunciando el pacto no lo menciona.
Algo parecido ocurre con el proyector de ley de vivienda, que el PSOE ha frenado en el Congreso y sobre el que ni siquiera está cerrado el pacto con Unidas Podemos. ERC quiere que se tramite antes de final de año.
Con el PNV, el acuerdo principal se refiere al Concierto Vasco, es decir, el sistema fiscal y de financiación del País Vasco. El acuerdo consiste en prorrogar el sistema pactado hace cinco años con Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda de Mariano Rajoy.
Para facilitar ese acuerdo, también se ha puesto en marcha el proceso para el traspaso de competencias al País Vasco, como la de trenes de cercanías, paradores o meteorología, entre otras. Esa negociación se lleva a cabo entre el Gobierno central y el vasco.
Otros acuerdos se refieren al estudio de la competencia sobre cuencas de ríos.
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Los nacionalistas vascos entienden que no se han cumplido los 12 puntos del pacto de investidura cerrado en 2020 y explican que van a plantear los puntos de ese documento, entre otras cosas, porque esta es la última oportunidad de exigirlos.
Pese a todos estos flecos sobre el pacto que aún quedan para la tramitación parlamentaria, ni el Gobierno ni sus socios parlamentarios contemplan la posibilidad de que el acuerdo no se mantenga en diciembre en las votaciones definitivas.
Frente a esa mayoría de los Presupuestos se sitúan PP, Vox, Ciudadanos y Junts, que votarán el jueves a favor de la devolución de las cuentas del Estado.
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