Pasados más de ocho meses desde el naufragio, los familiares de las 21 víctimas del pesquero Villa de Pitanxo, hundido el pasado 15 de febrero frente a las costas congeladas de Terranova (Canadá), han tenido que viajar a Bruselas para recibir la buena noticia: parece que el Gobierno impulsará, por fin, una investigación del accidente.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) ha decidido, con los votos de todos los grupos, mantener sus trabajos para amparar a las familias. Exigirá que la Comisión Europea que "se mantenga encima del Ejecutivo español" y lo presione para que se impulse una misión que pueda bajar con un robot al pecio a investigar lo ocurrido.
Y además, le mandará una carta al Gobierno de Pedro Sánchez, advirtiéndole de que la unanimidad de la Eurocámara exige que haga algo ya por "el esclarecimiento de las causas del naufragio del Villa de Pitanxo".
Según ha podido saber este diario, en fuentes europarlamentarias, la carta que enviará la presidenta de la Comisión, Dolors Montserrat, solicitará que Moncloa informe a PETI de "todas las actuaciones que vayan realizando al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva sobre investigación de los accidentes marítimos".
La misiva, apoyada también por los representantes socialistas y de Unidas Podemos, instará al Gobierno a que "actúe con la mayor celeridad y diligencia posible, al objeto de dar respuesta al requerimiento de los peticionarios", es decir, los familiares de las víctimas, "y de toda la Comisión de Peticiones por unanimidad".
Nadie sabe nada
Y es que en realidad no se sabe si es verdad que el Gobierno haya decidido buscar un robot con el que bajar al pecio. Porque nadie del Ministerio de Transportes, responsable de la posible misión, ni del de Agricultura y Pesca, bajo cuya jurisdicción caen las leyes, se lo ha comunicado a las familias.
Sólo se ha podido dar por hecho cuando una directora general de la Comisión Europea lo dejaba caer. Y es que la búlgara Charlina Vitcheva tampoco informaba por iniciativa propia, sino porque había sido convocada ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
La Comisión trasladó a los eurodiputados que la directiva europea vigente exige la apertura, por parte de la Comisión permanente de investigación de accidentes e incidentes marítimos (CIAIM), de una investigación "de seguridad" que investigue las causas del naufragio. El informe provisional debe estar en los 12 meses posteriores al incidente, es decir, en febrero de 2023.
Todavía falta una comunicación oficial que lo confirme. Porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado "negligente, frustrante e inactivo", según Francisco Millán, eurodiputado gallego del EPP y vocal en la comisión de Pesca. Al menos fue así hasta que, el pasado 9 de septiembre, el BOE publicó una primera licitación para iniciar las averiguaciones.
Y todo porque Bruselas había contactado con el Ejecutivo, advirtiéndole de que no era conveniente que la Comisión compareciera en la Eurocámara y sólo pudiera decir que "el Derecho de la UE obliga a que las autoridades nacionales lleven a cabo una investigación". Es decir, que hasta que las víctimas no lograron que la Eurocámara las escuchara y se convocó la sesión de este martes en Bruselas, no se movió un papel en Madrid.
Lo cierto es que, de no haber sido por la insistencia de las familias en "acudir a todas las instancias internacionales", la Comisión de Peticiones de la Eurocámara tampoco habría podido entrar en el asunto.
Y este martes hubo unanimidad: todos los grupos votaron juntos en Bruselas. Desde la izquierda radical a la extrema derecha, pasando por socialistas, liberales y populares.
"Hasta que no hemos venido a Bruselas el Gobierno no ha movido un dedo", denunciaba María José de Pazo, portavoz de las familias, provocando la emoción hasta la lágrima de varios eurodiputados. "Estamos muy agradecidos a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara porque ahora se va a investigar, y eso nos da el consuelo de que sabremos qué pasó para que no se vuelva a repetir".
Tampoco se sabe por qué el Gobierno de España no ha actuado hasta la fecha. "Hemos perdido unos meses preciosos", insistía Millán. "Se podría haber bajado al pecio en agosto, porque una empresa noruega ofreció un radar y el robot gratis y la Xunta de Galicia ofrecía financiación para la misión".
"El Gobierno nos negó todo"
El Parlamento Europeo exige a la Comisión Europea que, como guardiana de los Tratados, haga un seguimiento de cómo España está aplicando la directiva de la UE. La directora general aclaró que "en primavera o verano habrá una misión, así que en febrero tendremos un informe preliminar" sobre las circunstancias del accidente. PETI además solicitará una opinión sobre el caso a las comisiones parlamentarias de Empleo y Pesca.
La portavoz de las familias recordó ante los eurodiputados las circunstancias del naufragio. Es decir, cómo el patrón del barco decidió "seguir faenando en zona de riesgo" pese a la previsión de temporal, algo que llevó a un naufragio sobre el que aún hay muchas "incógnitas".
Insistió en conocer la verdad "para hacer justicia y para evitar que vuelva a suceder". El Parlamento Europeo "debe ser altavoz y garante de que la verdad no quede sepultada debajo del mar". De Pazo, hija de uno de los tripulantes fallecidos, acusó al Gobierno español de no cumplir con la directiva sobre la materia.
"Estamos aquí porque el Gobierno de España nos negó todo, incluso la dignidad de nuestros muertos", insistió la portavoz.
Desde el PSOE, Nicolás González Casares consideró que será importante "avanzar y que se esclarezcan las causas" del accidente. Y aunque dijo que "no puede sostenerse que el Gobierno de España se haya quedado de brazos cruzados" ante este caso, afirmó entender "lo que manifiestan aquí las víctimas".
Por parte de Ciudadanos, Adrián Vázquez consideró que hay que "hacer lo que se tenga que hacer para que una tragedia así no se vuelva a repetir". Y pidió proteger "a los que todos los días salen al mar", por lo que pidió "no dejar pasar más tiempo" antes de bajar al pecio como piden las familias.