Sánchez también negocia con ERC la 'Ley mordaza' para dejar sin efecto penas y multas del 1-O

Desde hace semanas las conversaciones han dado varios giros de guion, pero a falta de horas de votar las enmiendas a la totalidad se han centrado donde siempre se esperó que acabaran: en lo que los nacionalistas denominan desjudicialización.

El grupo de ERC en el Congreso tiene entre sus prioridades derogar la "agenda represiva", en referencia a todo el aparato legal y punitivo que afectó a los líderes y activistas independentistas durante el procés. A sus ojos, esta agenda se cimenta en dos puntos en disputa: el delito de sedición, en el que el acuerdo está cerca, y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.

El objetivo de los de Gabriel Rufián, aseguran fuentes de la negociación, es aliviar las multas, sanciones e imputaciones que se realizaron durante los altercados del 1-O y en las manifestaciones de 2019. Sobre la mesa hay 200 nombres que siguen afectados por la comisión de delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, muchos de ellos con peticiones de prisión que rondan los cinco años.

Así, la fórmula en la que trabaja la mesa de negociación es desactivar el artículo 52 de la ley, que protege la presunción de veracidad de los cuerpos policiales. El texto actual considera la palabra de los agentes "base suficiente" para poner una multa o instruir una denuncia, un extremo que desde ERC consideran "abusivo".

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Otra de las reformas que pidel ERC es dejar sin efecto algunas de las penas que se impusieron entonces, además de reducir "la persecución" al secesionismo. La Ley de Seguridad Ciudadana puede llegar a sancionar con hasta 600.000 euros una infracción muy grave, como es el caso de algunos de los organismos independentistas que promovieron los encuentros y manifestaciones del procés. 

Uno de los gestos que el Gobierno ha acometido con ERC ha sido retirar a los efectivos del CNI que vigilaban en Cataluña y País Vasco al separatismo radical, como ya publicó EL ESPAÑOL. A día de hoy, el PSOE sigue bloqueando en la Mesa del Congreso los datos sobre cuántos agentes de Inteligencia, Policía y Guardia Civil se han movilizado fuera de las dos comunidades.

Sedición y vivienda

Los otros dos grandes temas sobre la mesa son el ya mencionado delito de sedición y la Ley de Vivienda. Sobre el primero, Esquerra quiere que la reforma de los delitos de rebelión y de sedición sea acordada en la Mesa de diálogo con Cataluña antes de final de año, una vez aprobados ya los Presupuestos Generales del Estado, según fuentes de la Moncloa y de la formación independentista. Hasta ahora se han dado dos meses para pactar en secreto.

En contra del criterio de ERC, que pedía discreción, el propio Sánchez dijo la pasada semana en rueda de prensa que el Gobierno "mantiene su compromiso de, si se produce una mayoría parlamentaria para reformar y homologar a Europa, pues cumplirá con uno de los compromisos de investidura, uno personal mío", aunque la realidad es que no lo dijo en aquel debate del Congreso.

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No obstante, el grupo de Gabriel Rufián pone como prioridad "la responsabilidad de mejorar la vida de la gente". Diferentes voces del partido alertan que modificar el delito de sedición en los términos que plantea el PSOE "no soluciona el conflicto" —aunque es una buena iniciativa—, por lo que sus ojos están puestos en la vivienda.

El portavoz republicano, dicen en su entorno, ha lanzado un órdago al PSOE: que su "única condición" para dar luz verde a los Presupuestos del Gobierno es tramitar la bloqueada Ley de Vivienda, que lleva congelada más de un año y medio. "La principal palanca para que el PSOE se mueva son los Presupuestos y la Ley de Vivienda, que es muy importante y más ahora, con la especulación creciente que viene", señaló esta misma semana.

El Gobierno, por su parte, ha dejado claro que la Ley de Vivienda es algo "aparte" de los Presupuestos, si bien no se ha cerrado a negociarlo en paralelo con sus socios, una baza que ERC espera jugar en las próximas semanas para desbloquear la norma, que está en fase de la negociación de enmiendas sin visos de avanzar.