Moncloa bloquea la Ley de Familias de Ione Belarra y abre un nuevo frente con Podemos

A pesar de que en un principio eran varios los ministros socialistas contrarios a la norma, la única que sigue cerrando la puerta es María Jesús Montero. Los contenidos de la ley, incluidos todos los permisos remunerados, forman parte de un pacto entre ambas formaciones suscrito a principios de octubre para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Ahora, según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes cercanas a las negociaciones, la titular de Hacienda se ha echado atrás.

El motivo radica en los permisos de bajas laborales y maternidad, que los socialistas quieren volver a negociar. En el acuerdo inicial quien más dio la batalla a Belarra —de baja por maternidad— fue el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá, aunque finalmente cedió a las exigencias de los morados. Ahora, Hacienda ha recogido el testigo.

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Según ha podido saber este diario, el pacto inicial establecía que la Ley de Familias incluyera siete días de baja por cuidados, para que cada trabajador pueda cuidar a familiares o convivientes. Ahora el ala socialista estaría reclamando rebajar el permiso de siete a cinco días.

El pasado lunes, el portavoz de Podemos Javier Sánchez Serna dejó entrever la paralización de esta norma. En rueda de prensa, aseguró que "parece que estamos en una situación de bloqueo". E insistió en que su partido tratará de que esta ley "salga adelante en sus términos". "No nos sirve rebajas", manifestó.

Hacienda también rechaza que las madres monoparentales puedan ceder parte de sus permisos a otras personas, como familiares de segundo grado, para compartir la crianza en las primeras semanas. El acuerdo firmado, dicen fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, dejaba claro que el permiso fuese doble —dado que no hay madre y padre— para eliminar la discriminación laboral a quien disfrutara de permisos más largos.

El rumor de que la Ley de Familias iba a ser congelada este lunes lleva rondando toda la semana la sede de Podemos por "sospechas administrativas". Lo habitual es que estas normas pasen por dos órganos antes de que salgan en el Boletín Oficial del Estado (BOE): la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado, pero no apareció en ninguno debido a la presión del PSOE.