La batalla por incluir o no a Victoria Rosell entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) amenazó con romper la relación entre los socios de Gobierno, entre Gobierno y oposición e incluso entre las filas de Unidas Podemos. Una parte de los morados —Irene Montero e Ione Belarra— acusó a la otra —Yolanda Díaz y Enrique Santiago— y al PSOE de no defender lo suficiente a la candidata. Pero no fue así.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el nombre de Victoria Rosell estuvo encima de la mesa hasta el lunes 24 de octubre, esto es, dos semanas después de firmar el compromiso de despolitización. El representante del Gobierno, Félix Bolaños, mantuvo a la magistrada hasta casi el final de las negociaciones y a riesgo de dinamitarlas.
Fuentes del PP confirman que el ministro de Presidencia "defendió a lo bestia" a Rosell y que el interlocutor popular, Esteban González Pons, "tuvo que emplearse a fondo para sacarla". De hecho, añaden que la inclusión de la jueza fue una de las partes más duras de la negociación y casi provocó la ruptura del acuerdo, que finalmente se dio este jueves por otros motivos.
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A pesar de haber firmado un preacuerdo para que no hubiera perfiles políticos marcados en el poder judicial, tanto Bolaños como Enrique Santiago —el enlace de Unidas Podemos— dieron la batalla para incluir a Rosell como vocal. El dúo del Gobierno argumentó que la magistrada, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, desempeña un cargo ejecutivo y no político, por lo que podría salvarse del veto.
Fuentes de los dos extremos de la negociación confirman el rumbo de este debate, que se cerró con la rendición de Bolaños este lunes. El Gobierno consideró, y así lo confirma el PP, que "no había manera" de seguir adelante con Rosell en las conversaciones. Finalmente, tal y como adelantó este periódico, Unidas Podemos optó por otros nombres.
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El caso Rosell ha sido especialmente hiriente entre las filas de la formación morada. Fuentes del espacio confederal son claras al relatar el pulso soterrado que mantienen las dos almas del grupo, una liderada por Yolanda Díaz y Alberto Garzón y la otra por Irene Montero e Ione Belarra.
En cuanto la candidatura de Victoria Rosell salió de las conversaciones, este segundo grupo —que representa la parte más orgánica del partido— lanzó el órdago de votar en contra del acuerdo y acusó a la vicepresidenta de ceder demasiado rápido.
Por otro lado, desde el entorno de Yolanda Díaz no comparten la manera de negociar de sus compañeros de bancada, que desconocía los detalles de las conversaciones. A ojos de la ministra de Trabajo, lo prioritario era resolver cuanto antes la negociación y no airear los nombres de los candidatos vetados a la prensa, como finalmente ocurrió.
Este mismo jueves la división en el espacio confederal estaba más viva que nunca, con varios diputados amenazando con boicotear la negociación y votar contra el acuerdo. Finalmente, debido a que el PP dinamitó el pacto para el CGPJ, no llegó la sangre al río.