La Eurocámara acusa al Gobierno de Sánchez de no colaborar en su investigación de Pegasus

La Eurocámara acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de no colaborar en su investigación sobre el uso del programa informático espía Pegasus en la UE. El informe preliminar del Parlamento Europeo sobre Pegasus dedica un capítulo específico a España en el que se da por hecho que Marruecos es el responsable del espionaje a los teléfonos del propio Sánchez y de los responsables de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles.

El borrador -hecho público este martes y todavía sujeto a enmiendas- también da por demostrada la vigilancia a 65 independentistas catalanes en el marco del denominado CatalanGate y la atribuye al Gobierno de Sánchez. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha admitido que controló a 18 de estas 65 víctimas (entre ellas el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés) con su correspondiente autorización judicial.

En cuanto al resto de supuestos afectados, "sobre la base de una serie de indicadores, se asume de forma general que la vigilancia de los objetivos catalanes fue realizada por las autoridades españolas, principalmente en conexión con el referéndum de independencia en Cataluña del 1 de octubre de 2017 y los acontecimientos que siguieron", sostiene el borrador. "El Gobierno español fue probablemente el primer cliente en la UE del grupo NSO (el fabricante de Pegasus)", añade.

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Sin embargo, la ponente del informe, la eurodiputada liberal holandesa Sophie In't Veld, ha admitido que carece de "datos fidedignos" que sostengan cualquiera de estas afirmaciones. Algo de lo que culpa al Gobierno de Sánchez por no querer colaborar con la investigación de la Eurocámara. In't Veld quiere que el comité sobre Pegasus envíe una misión a España en las próximas semanas para recabar más datos.

"En España hay indicios sólidos de que políticos y otras personas han sido espiados sin plantear de forma evidente una amenaza inminente o inmediata a la seguridad nacional. Entiendo que es una cuestión delicada, pero pediría a las autoridades españolas que nos dé más información para poder evaluar la situación", ha pedido la eurodiputada holandesa.

"Los únicos que pueden darnos pruebas son los Gobiernos, pero los Gobiernos dicen que no tienen que rendir cuentas, que nadie les puede preguntar nada. Si (las autoridades españolas) consideran que algunas suposiciones son equivocadas, tendrán que darnos material. Hay formas de hacerlo bajo condición de confidencialidad", sostiene In't Veld.

La autora del informe admite que tampoco tiene ninguna prueba de que Marruecos sea el responsable de la infección de los móviles de Sánchez, Robles y Grande-Marlaska. No hemos examinado mucho esa cuestión porque no podemos regular al Gobierno marroquí", se justifica.

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"Este es también el problema del spyware: que se puede hacer desde cualquier lugar del mundo, es difícil de controlar. Nos centramos en lo que hacen los Gobiernos y en lo que hace la UE. Y no tenemos pruebas de que fue el Gobierno marroquí, pero es lo que escuchamos o lo que sugieren el Gobierno español y el francés", ha dicho la eurodiputada holandesa.

El borrador del informe todavía tiene que ser discutido, enmendado y votado tanto en el comité de investigación sobre Pegasus como en el pleno de la Eurocámara, con lo que es probable que sufra muchas modificaciones.

En el capítulo dedicado a España, el borrador denuncia que la Ley de Secretos Oficiales "tiene su origen en la época del franquismo" y es una norma "en gran medida anticuada", cuyo mayor problema "es que no describe un período de tiempo más allá del cual expiraría el secreto impuesto".

"La Constitución Española no establece que se dará acceso a documentos o información relativa a la labor de los servicios de inteligencia y el requisito también está notablemente ausente en el marco legal de la ley de transparencia. Por lo tanto, gran parte del trabajo de la CNI se mantiene en secreto y carece de transparencia", señala el proyecto de informe.

Junto con España, el texto dedica capítulos especiales a Polonia, Hungría, Grecia y Chipre. En los dos primeros países, el spyware "constituye un elemento integral de un sistema diseñado para controlar y oprimir a los ciudadanos".

En Grecia hay indicios crecientes de que el espionaje informático "se está usando de forma sistemática a gran escala como parte de una estrategia política" por parte del Gobierno conservador. En cuanto a Chipre, la autora censura que se ha convertido en un centro de operaciones de exportación de este tipo de programas. Todos los países afectados se han negado a dar información a la Eurocámara con el argumento de que trata de un tema de competencia nacional.

La ponente del informe sostiene que el uso indiscriminado de Pegasus por parte de los Gobiernos "es un ataque a la democracia europea". Y acusa a la Comisión de Ursula von der Leyen de hacer la vista gorda y no defender la democracia y la libertad dentro de la UE.