La Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales ha celebrado este martes la vista de apelación en la que el rey Juan Carlos ha intentado defender su inmunidad frente a la demanda de Corinna Larsen por acoso, seguimiento ilegal y difamación durante los años en los que el emérito era monarca. La vista coincide con la publicación de los podcast en los que Corinna asegura que Juan Carlos volvía de los viajes "con bolsas llenas de dinero" de "amigos".
Los abogados de Juan Carlos, que ha seguido la vista vía telemática desde la isla de Zaya Nurai, a 15 minutos de Abu Dabi- han negado el acoso que denuncia Corinna Zu Sayn-Wittgenstein y han defendido que, en caso de que la demanda siga adelante, el emérito es inmune porque los hechos ocurrieron entre 2012 y junio de 2014, cuando Juan Carlos era todavía Rey de España. El emérito ha intentado revocar la decisión inicial de pasado 24 de marzo del juez Matthew Nicklin de no reconocerle su inmunidad en la demanda de Larsen.
Corinna demandó al rey emérito ante la Justicia inglesa por acoso, "vigilancia ilegal" y le responsabilizó del "seguimiento abierto y encubierto" que presuntamente habría realizado el Centro Nacional de Inteligencia de Félix Sanz Roldán en Londres, lugar de su residencia principal, y en Montecarlo, donde se ubica la segunda.
En la demanda, la que fuera amiga de Juan Carlos reclama una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido por parte de Juan Carlos.
Los hechos se desarrollarían "desde 2012 hasta la actualidad", e incluyen amenazas, difamación y vigilancia abierta. Larsen pide que se la resarza por daños y perjuicios y una orden de alejamiento para el padre del rey Felipe VI. No ha trascendido la cuantía de la indemnización económica que pide Corinna.
La examante del emérito también reprocha a Juan Carlos haberla acusado falsamente de quedarse con 65 millones de euros, que formarían parte del polémico donativo de 100 millones de dólares entregados en 2008 por el rey de Arabia Saudí que fueron enviados a una cuenta bancaria en Suiza vinculada con la fundación Lucum con ventajas fiscales con sede en Panamá, y cuyo beneficiario era Juan Carlos I.
Larsen admite que el entonces rey de España le dio esa cantidad de dinero, pero aclara que al terminar su relación se los reclamó y la difamó en numerosas ocasiones, lo que le acarreó la pérdida de ingresos en su puesto de trabajo como "consultora estratégica".
Juan Carlos defenderá su inmunidad
Durante la vista de este martes se revisará también la resolución adoptada el pasado 24 de marzo por el juez del Tribunal Superior de Justicia Matthew Nicklin que determino que Juan Carlos no gozaba de la inmunidad que le confería la Jefatura del Estado por haber abdicado. "Sólo hay un Rey y un jefe de Estado en España y, desde el 19 de junio de 2014, ese es su hijo, el Rey Felipe VI", dictaminó.
Frente a esto, la defensa del emérito presentó un escrito donde esgrimía varios argumentos para conseguir que le permitieran apelar. Tras una vista celebrada el pasado 18 de julio, la Justicia británica dio luz verde al recurso del emérito.
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En esa vista, los abogados de Juan Carlos sostuvieron que, a pesar de su abdicación el 19 de junio de 2014, es miembro de la Casa Real y, como tal, mantiene una especial vinculación con Felipe VI que hace que cualquier acción emprendida en su contra afecte a las funciones del actual jefe de Estado.
También sostuvieron que, conforme a la ley española, Juan Carlos ya no es jefe de Estado pero sí es una de las seis personas que conforman la Casa Real, junto a las reinas Letizia y Sofía y las infantas Leonor y Sofía. "El término Casa Real es un concepto, no un lugar", explicaron.
En la resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, el juez Peter Jackson de la Corte de Apelaciones explicó que permitía apelar a Juan Carlos debido principalmente a la presunta intervención del entonces jefe del CNI, el general Félix Sanz Roldán, en ese supuesto hostigamiento a Larsen.
Por tanto, la Justicia británica permitió la apelación del emérito apoyándose en la parte de la demanda que relata que la empresaria habría sufrido un registro en su casa de Mónaco "efectuado o facilitado por el jefe del Centro Nacional de Inteligencia, el general Sanz Roldán, bajo la dirección o con el consentimiento" del antiguo monarca.
Se trataría de hechos anteriores a la abdicación de Juan Carlos I que, "al menos en una primera lectura", podrían llevar a pensar que "el demandado o el general Sanz Roldán estaban actuando con su capacidad pública", indicó el juez Jackson.
Jackson señaló que en este caso hay dos tipos de inmunidades: una "inmunidad funcional" que opera en las actuaciones basadas en su "capacidad pública" y otra que extiende la inmunidad diplomática a los jefes de Estado para reconocérsela también a sus familiares más cercanos.
Ante el juez, Juan Carlos alegó ambas inmunidades para no se juzgado, la primera respecto a los hechos que habrían ocurrido antes de su abdicación, en 2014, y la segunda para el resto de sucesos denunciados por Corinna Larsen.