De 3 a 5 años de cárcel y hasta 8 de inhabilitación: así es la reforma de la sedición de Sánchez

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha anunciado este viernes los detalles de la reforma del delito de sedición registrada esta mañana junto a Unidas Podemos en la Cámara Baja. Contemplará penas de tres a cinco años de cárcel, mientras que, en el caso de las autoridades, la pena de inhabilitación será de entre seis y ocho años. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó anoche en una entrevista que el Ejecutivo llevará a cabo la rebaja del delito de sedición, que será sustituido por una nueva figura penal que pasa a denominarse "delito de desórdenes públicos agravados".  

Según ha explicado Patxi López, los elementos concluyentes para la comisión de este delito serán la existencia de una acción en grupo, la finalidad de atentar contra la paz pública y la existencia de violencia o intimidación. "Se introduce también una modalidad agravada de desórdenes públicos que exige que sean cometidos por una multitud con características idóneas para afectar ese orden público", ha añadido. 

Las penas serán de tres a cinco años de prisión e inhabilitación especial. En el caso de que el delito lo cometan autoridades del país, la inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos será de seis a ocho años. 

Actualmente, el Código Penal prevé penas de entre 10 y 15 años de prisión para los autores del delito de sedición, así como la inhabilitación absoluta si son autoridades públicas. Por lo tanto, la reforma que proponen PSOE y Unidas Podemos rebaja estas penas casi a la mitad. Todo ello facilitará la vuelta a la política de los condenados por el procés independentista. 

Que la iniciativa legislativa de reforma del Código Penal —que tiene carácter de Ley orgánica— parta de los grupos parlamentarios y no del Gobierno evitará que sea sometida a examen por órganos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial.

Preguntado al respecto, López ha preferido quitar hierro al asunto: "En las últimas legislaturas ha habido diez proposiciones de ley para cambiar el Código Penal", ha argumentado.

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También ha echado balones fuera respecto a si esta iniciativa legislativa puede tener costes electorales para su partido. Cabe recordar que los barones del PSOE son especialmente críticos con esta medida, por la dificultad para justificarla ante sus votantes de cara a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. 

"El Gobierno progresista adopta decisiones independientemente del coste electoral. Lo hacemos para resolver problemas", ha asegurado López en rueda de prensa. Además, ha explicado que la intención del PSOE es aprobar la reforma "cuanto antes". 

Además de defender que la reforma hará que el delito sea equiparable a los "estándares europeos", el portavoz socialista ha recordado que en 2017 se abrió un debate entre juristas sobre la forma de aplicar esta figura jurídica. "No estaba claro y ahora lo clarificamos", ha dicho. 

Patxi López ha argumentado que la colaboración judicial con otros países para extraditar a España a los fugados del procés "no fue posible porque en esos países [el delito de sedición] no existía y no era homologable". "Eso impidió las extradiciones", ha afirmado, una situación que a su juicio se va a resolver con la reforma propuesta del Código Penal. 

Vuelta de Puigdemont

La proposición de Ley orgánica ha sido registrada en torno a las 10.05 por el PSOE junto a Unidas Podemos, el miembro minoritario del Gobierno de coalición. El líder de los morados en el Congreso, Jaume Asens, ha dicho que esta reforma puede ser una "pista de aterrizaje para la vuelta" del expresidente catalán Carles Puigdemont. 

Eso sí, en una entrevista en RAC 1, ha matizado que para ello será preciso reformar también el delito de malversación (por el que Puigdemont está igualmente imputado). De todas formas, Asens ha dicho que hay que ir paso a paso y ha destacado que con este cambio legislativo el Tribunal Supremo deberá revisar la sentencia de los líderes independentistas, informa Europa Press.

"Una vez el delito de malversación queda autónomo, desvinculado de la sedición, hay cierto margen del Supremo para determinar cuál es la pena que corresponde" a Puigdemont, ha afirmado Asens.

El presidente Pedro Sánchez confirmó el jueves por la noche la intención de reformar de forma inmediata el delito de sedición, aunque negó que responda a una exigencia de sus socios de ERC. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha confirmado que la reforma ha sido pactada por ERC con el Gobierno.

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La fórmula pactada facilitará el regreso a la vida política de líderes como el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras o la secretaria general de la formación, Marta Rovira.

Junqueras fue condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de cárcel —computados desde julio de 2018— como autor de los delitos de sedición y malversación. Con la reforma impulsada por Sánchez, podría ser candidato en las elecciones generales previstas para finales de 2023, al reducirse a cinco años su pena de inhabilitación, como informaron fuentes del Supremo a EL ESPAÑOL.

Algo similar pasaría con Marta Rovira. A pesar de que permanece huida en Suiza desde marzo de 2018, sus delitos prescribirían en junio de 2023 gracias a la reforma del PSOE y Podemos.

Al rebajar la pena de sedición, la Sala Penal del Tribunal Supremo tendrá que revisar a la baja también las condenas de los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn y Josep Rull; la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los líderes de la ANC y Òmnium Cultural Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.