Pedro Sánchez no mencionó siquiera en su discurso de investidura de enero de 2019 la reforma del Código Penal para cambiar los delitos de rebelión y sedición. No es cierto como repite habitualmente, la última vez este jueves, que fuera un compromiso que asumió en el debate de investidura.
Tampoco estaba en el programa electoral del PSOE de noviembre de 2019, ni en el acuerdo posterior con Unidas Podemos.
De hecho, en el último debate de la campaña electoral de hace poco más de tres años prometió “acabar con el uso sectario de TV-3”; volver a tipificar en el Código Penal la convocatoria de referendos ilegales que había despenalizado José Luis Rodríguez Zapatero y "traer a Puigdemont a España para que rinda cuentas ante la Justicia”.
El presidente del Gobierno se encamina hacia el último año de legislatura sin cumplir ninguna de esas tres promesas, pero promoviendo un cambio del Código Penal que rebajará las penas de todos los condenados por el procés independentista de 2017.
Ese giro lo ha dado sin consultar o informar a los llamados barones regionales que, según temen ellos mismos, pueden pagar en sus carnes la decisión de Sánchez.
El líder socialista abandona definitivamente cualquier opción de giro al centro con vistas a las elecciones y se juega todo al bloque de la izquierda: la suma del PSOE con Yolanda Díaz y con el resto de partidos nacionalistas e independentistas. Desafía así el tópico que señala que las elecciones se ganan desde el centro.
Ese proceso se inició hace dos años cuando Sánchez apostó por los indultos de los condenados. Entonces asumió ese coste político, pero aparcó y bloqueó la reforma de la sedición y la rebelión, pese a que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tenía ya concluido un borrador de proyecto de ley, con varias opciones, algunas coincidentes con la proposición de ley presentada este viernes en el Congreso.
Entonces, la idea era poner en marcha a la vez la reforma de tres bloques de delitos que no coinciden con la regulación en Europa: sedición y rebelión, contra el medio ambiente, y opinión y expresión. De esa forma, quedaría encubierto con el objetivo de unificar delitos con la UE.
Fuentes de Moncloa explican que la decisión se justifica por la necesidad de pacificar el clima político en Cataluña. Aseguran que, de hecho, se ha conseguido que en las encuestas del CIS este asunto quede fuera de las preocupaciones de los ciudadanos y que el independentismo esté roto y sea minoritario en Cataluña, y que el partido que encabeza la Generalitat haya renunciado a la unilateralidad.
Añaden que ERC necesitaba poder presentar logros, tras ser tachados de traidores y pasar su calvario en la última Diada.
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Sánchez pretende que ese contraste entre la Cataluña de 2017 y la de 2023 sea, de hecho, uno de los activos de su mandato cuando vaya a las urnas dentro de un año.
Inevitablemente, las decisiones tomadas por Sánchez para llegar a esa situación han hecho más sólidos los dos bloques políticos y parlamentarios, han abierto una brecha mayor en la política y apuntan hacia unas elecciones para 2023 basadas en una batalla entre dos polos sin puntos de contacto.
En la investidura de enero de 2020, Sánchez tuvo los votos a favor de167 diputados: los 120 del PSOE, los 35 de Unidas Podemos, los 6 del PNV, los 3 de Más País, el de Nueva Canarias, el de Teruel Existe y el del BNG. Y tuvo 18 abstenciones: los 13 diputados de ERC y los 5 de Bildu.
Hoy esas 18 abstenciones se han convertido en votos a favor, hasta el punto de que los Presupuestos Generales del Estado para 2023 tendrán en diciembre, salvo imprevisto, hasta 185 votos a favor.
Estos datos muestran, según Moncloa, que Sánchez ha logrado una estabilidad en tiempos de pandemia y guerra en Europa que no se aventuraba en el inicio de la legislatura y que no impera en la mayoría de los países de la UE
Sánchez ha ido para eso estrechando el acercamiento a ERC y Bildu. Con este último partido, el primer acuerdo fue en 2020 y su firma casi clandestina y de noche para lograr su voto a un decreto de alarma a cambio del compromiso a derogar la reforma laboral provocó un terremoto político. Hoy se ha normalizado el acuerdo con Bildu.
En el otro bloque se ha ido cerrando también el PP, con sucesivos bloqueos de acuerdos para renovar el Consejo General del Poder Judicial con diferentes excusas. Ahora, la reforma del delito de sedición cierra a Alberto Núñez Feijóo en el bloque en el que competirá en las elecciones del 2023 sin punto alguno de contacto con el que lidera Sánchez.
De hecho, el líder del PP considera legitimada su posición de romper el pacto del CGPJ, porque, según explica, se ve claramente que Sánchez quería cerrar ese acuerdo a toda prisa mientras negociaba ya la reforma de la sedición.
Feijóo pretende aprovechar la reforma del delito de sedición para arañar votos de socialistas que rechacen esa decisión mientras candidatos del PSOE a las selecciones de mayo confían en que la sobreactuación y la presión del PP, por ejemplo, con mociones en parlamentos autonómicos, termine por salvarles.
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