Sánchez aplacará las críticas por la sedición con un calendario de medidas sociales

Durante meses, el Gobierno ha estado negociando prácticamente en secreto las contrapartidas de ERC para amarrar su apoyo a los últimos Presupuestos Generales del Estado de la legislatura y evitar así el adelanto electoral. Tal y como avanzó EL ESPAÑOL en octubre, el precio que fijaron los independentistas fue la sedición. 

Después de calibrar todos los riesgos, y también de medir los beneficios, el presidente decidió seguir adelante con este último capítulo de cesión a sus socios catalanes. Aún siendo conocedor de la reacción adversa que esto generaría no sólo en la oposición, sino también en sus propias filas, con algunos de sus barones manifestándose abiertamente en contra.

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Miembros del Ejecutivo creen que las noticias, por mucha magnitud que adquieran, se terminan difuminando con el paso del tiempo, hasta quedar en cenizas. Especialmente cuando surgen nuevas informaciones de calado que acaban por opacar a las anteriores. Ejemplo de ello es la polémica que salpicaba a Marlaska, hasta hace días. 

Pedro Sánchez, en la entrevista que concedió la semana pasada a La Sexta, mostró su respaldo al responsable de Interior y garantizó su permanecia en el Consejo de Ministros. Pero el anuncio de la reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición redujo a una anécdota todo lo relacionado con la tragedia de Melilla. 

Rebaja IVA

Con esa premisa, el jefe del Ejecutivo quiso dar todo el protagonismo a la sedición en su aparición televisiva. Y se guardó en la maga varios ases. Pese a las preguntas de Antonio Ferreras, evitó desvelar cuál será el futuro de algunas medidas sociales como la bonificación de 20 céntimos de los carburantes o las rebajas del IVA de la luz y el gas. 

Según ha podido conocer este diario, el Gobierno en este momento no maneja otro escenario que no sea el de prorrogar más allá de diciembre el grueso de las ayudas que hay actualmente en vigor para capear la crisis inflacionista. No obstante, los anuncios en la sala de prensa de la Moncloa se harán a final de año, con la intencionalidad de acaparar todo el protagonismo. 

Hasta entonces, los ministros -presumiblemente- jugarán con la incógnita. Como hizo recientemente la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que confirmó que el Gobierno se limita a estudiar si amplia las ayudas a familias y empresas. Como ya dijo María Jesús Montero que sí se hará con el transporte público gratuito. 

La intención es llegar a las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo con la sedición derogada no sólo en el Código Penal. Sino, sobre todo, en la agenda mediática. Para lograr ese objetivo, el Gobierno está diseñando un calendario de medidas que irá anunciando a cuenta gotas.

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Del lado de la financiación, Moncloa cuenta con recursos suficientes para aprobar todas las nuevas medidas gracias a las subidas fiscales a los 'ricos' y al impacto de la inflación en la recaudación. Hasta 32.000 millones de euros extra cuando termine el año. 

Fuentes del Gobierno explican a EL ESPAÑOL que Sánchez ha encomendado todas sus posibilidades para ser reelegido en las próximas generales a un giro a la izquierda que acompaña con ayudas que beneficien a la clase media y trabajadora. De ahí que planteen la disyuntiva de que, con él a los mandos, "se sube el salario mínimo, se revalorizan las pensiones y se bonifica el transporte público". 

"Son medidas que nadie puede estar en contra de ellas. Y a la gente lo que realmente le preocupa es llegar a fin de mes. Los pactos, a fin de cuentas, sólo forman parte de la confrontación política. Cuando el pensionista vea que sube su pensión, no le importará si ha sido gracias a un acuerdo con Bildu o ERC", sostienen las citadas fuentes. 

"Las clases medias"

"Por el contrario, hay que hacer pedagogía con la idea de que si Feijóo gana las elecciones, las clases medias y trabajadoras estarán desprotegidas. Ante una crisis económica sería como un gato panza arriba y, además, sólo obedecería a los intereses de una minoría de poderosos", insiste un miembro del Ejecutivo. 

En esa línea, además de los paquetes a familias y sectores afectados por la inflación que ya están en vigor, están previstas nuevas acciones. En el ámbito sanitario, tal y como desvela este lunes EL ESPAÑOL, se van a incluir tres nuevas vacunas en el Sistema Nacional de Salud, lo que tendrá una repercusión directa en el bolsillo de los españoles. Hasta 700 euros de ahorro por niño. 

En el terreno hipotecario el Ministerio de Economía también está ultimando una solución conjunta con la banca para paliar los efectos de la subida repentina del Euríbor este año. La intención de Nadia Calviño es tener listo un real decreto-ley con nuevas ayudas antes de que termine el mes de noviembre.

La propuesta iría enfocada en ampliar hasta en cinco años el vencimiento de hipotecas variables que se hayan encarecido al menos un 30%. Aunque por ahora no hay acuerdo con la banca y las posturas parecen estar cerca en cuanto al objeto de la medida, pero lejos en lo que a la forma de llevarla a término se refiere. 

Recientemente la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, aseguró que "las medidas que el Gobierno está adoptando van en la línea correcta". Por otro lado, proclamó a modo de vaticinio: "El Gobierno tiene proyecto y sus decisiones están contribuyendo a paliar las dificultades derivadas de la guerra y de la crisis energética. Y en esta línea vamos a continuar". 

En el gabinete de Pedro Sánchez, con las encuestas en la mano, barajaron hace meses dos opciones. Plantarse ante ERC y asumir un adelanto de la cita con las urnas, o ceder con la sedición y ganar tiempo con la aprobación de unas cuentas públicas que hacen de comodín electoral al incorporar un gasto social récord.

Una vez confirmado que la legislatura terminará a finales de 2023, ahora Moncloa está inmersa en afinar el calendario de ayudas con el que buscan influir de forma positiva en la sociedad y revertir la tendencia que marca la demoscopia, con un PP aventajado. Por lo pronto, el PSOE ya inició una ligera remontada hace semanas, tras colapsar el acuerdo del CGPJ.