La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoce que la llamada Ley del 'sí es sí' necesita ser revisada en busca de cambios. "Creo que después de alguna sentencia que se ha dictado al amparo de la ley, habría que estudiar las sentencias con detenimiento. Evidentemente, no era el objetivo", ha asegurado este martes en el Senado.
La ley se ha convertido en noticia después de que se conociera que la Audiencia Provincial de Madrid ha empezado a revisar a la baja las penas impuestas por delitos sexuales, entre ellas de abusos sexuales a menores, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
El Consejo General del Poder Judicial, antes de la aprobación de la norma, ya advirtió de que podía suceder algo así. "En el caso del tipo básico de violación se prevé una pena de prisión de 4 a 10 años, mientras que actualmente la violación se pena con 6 a 12 años de prisión", se aseguró.
La ley del 'sí es sí', impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, acabó reduciendo ese límite mínimo y los abogados defensores de personas que han sido condenadas por delitos sexuales a la pena más baja han presentado recursos para acogerse a la nueva tipificación. Dado que, según el Código Penal, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes que favorezcan al reo, se ha acabado aplicando.
"El objetivo era todo lo contrario", ha reconocido María Jesús Montero a las preguntas de EL ESPAÑOL. "Habría que estudiar las sentencias, en qué cuestiones se amparan, y después el texto legal", ha concluido, abriendo la puerta a la reforma.
Desde el Ministerio de Igualdad, sin embargo, no ven fallos en la ley per se sino en la aplicación que hacen de ella los jueces. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado este martes que el problema es la "interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo".
Según ha asegurado en una rueda de prensa, opina que el texto no las rebaja y ve "justicia machista" detrás de estas rebajas de pena. Esa, la de la justicia machista, es la misma posición que el Ministerio de Igualdad mantuvo cuando el Consejo General del Poder Judicial aseguró que podía pasar.