Irene Montero ya no cumplirá su calendario de la Ley Trans, que podría retrasarse a febrero

Pero ya es imposible cumplir dicho plazo, que concluía el próximo viernes. Pero, además, es probable que el proyecto de Ley ni siquiera vea la luz antes de que termine este año. Fuentes socialistas creen que el trámite en el Congreso de los Diputados para que la Ley Trans sea aprobada podría incluso alargarse hasta el próximo mes de febrero.

El Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que es como realmente se llama la norma, llegó a la Comisión de Igualdad a principios de noviembre. Sin embargo, las cábalas del juego parlamentario y el interés de parte del PSOE por alargar la tramitación de un texto muy controvertido dentro del partido, están alejando la fecha deseada por Montero mucho más de lo que se esperaba.

En primer lugar, porque el Partido Popular ha presentado una avocación. Se trata de una estratagema para que la norma no sea aprobada por la Comisión de Igualdad directamente, sino que vuelva al Pleno del Congreso para que voten todos los diputados. Los populares buscan con esto que todos los parlamentarios, especialmente los del PSOE, se retraten en público sobre su postura.

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Aunque es prácticamente imposible que prospere esta maniobra, porque obligar a sus diputados a retratarse dista mucho de los planes del PSOE, supondrá una demora adicional una semana en la tramitación: la votación tendrá lugar el próximo 24 de noviembre.

A partir de ahí, ya situados a principios de diciembre, la norma seguirá en la Comisión de Igualdad y se debatirán las enmiendas de los grupos parlamentarios. Además, una parte importante del PSOE quiere que se dé cita a expertos para que se pronuncien en la materia, con el fin de que el texto definitivo salga con todas las garantías jurídicas necesarias para que no sea tumbado más adelante por el Tribunal Constitucional.

De hecho, lo que ha pasado este martes con la Ley del sólo sí es sí confirma la necesidad de un debate sosegado. La que era la ley estrella de Irene Montero se ha demostrado con fallas, al propiciar la rebaja de condenas a personas condenadas por abuso sexual, en contra de lo buscado.

Entre las voces que piden paciencia en el debate destacan la de la propia presidenta de la Comisión, la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, y otras figuras relevantes del feminismo socialista como la exministra de Asuntos Sociales con Felipe González, Matilde Fernández, quien abogó por ello en una entrevista con este diario. Colmando la paciencia de la ministra Irene Montero.

El calendario que se fije definitivamente depende de la Mesa de la Comisión, con presencia mayoritaria del PSOE. Aunque en público los socialistas abogan por sacar adelante la norma "cuanto antes", fuentes del PSOE en el Congreso confirman que se hará sin prisas y "escuchando a todos los grupos".

Si ese debate que el PSOE asegura querer no se remata deprisa y corriendo durante la primera mitad de diciembre, ya llegarían las vacaciones de Navidad al Congreso de los Diputados. Si a ello se suma que en el mes de enero no hay actividad en la Cámara Baja, la Comisión de Igualdad no podrá retomar el debate de la Ley Trans hasta febrero.

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Los expertos, necesarios

Hay distintos sectores del PSOE que abrazan con entusiasmo esa posibilidad. La Ley Trans es un asunto muy incómodo dentro del partido y del Gobierno. Según ha sabido este diario, incluso hay ministras que esperan que nunca se apruebe. Además, el sector feminista del partido, que cuenta con muchas diputadas y afiliadas, ha hecho ahora de la comparecencia de expertos su prioridad.

En esa dirección, la asociación FeMeS, presidida por la consejera de Estado Amelia Valcárcel y que cuenta con 800 afiliadas, muchas con carné del PSOE, ha solicitado la comparecencia de numerosos expertos en la Comisión de Igualdad.

"La necesidad de recabar las opiniones de personas y organismos expertos ha sido tenida en cuenta siempre en la tramitación de leyes importantes y desde luego en todas aquellas que han afectado a la igualdad entre hombres y mujeres", aseguran en un texto difundido a los medios.

En el comunicado, hasta 30 asociaciones y expertos independientes piden comparecer para intercambiar opiniones. Entre ellos hay psiquiatras, pediatras, investigadores de universidad, endocrinos y juristas. Ahora queda por ver qué decide finalmente la Mesa de la Comisión. Lo que es seguro es que los planes de Irene Montero, en parte o al completo, no se van a cumplir.