La ministra de Igualdad, Irene Montero, no tiene intención de cambiar ni una coma de la Ley del sólo sí es sí, cuya entrada en vigor ha provocado que cinco agresores sexuales salgan de la cárcel y otros 11 se beneficien de una rebaja de su condena.
Irene Montero anunció este miércoles la fórmula con la que el Gobierno espera frenar este resultado perverso de la norma impulsada por su Ministerio: reforzar los "cursos de formación obligatoria" de jueces, magistrados y fiscales, con el fin de garantizar que apliquen la Ley de acuerdo con el "mandato del movimiento feminista" que inspiró la redacción del texto.
Porque a juicio de la ministra, las rebajas de condenas aprobadas por los tribunales durante las últimas semanas se deben a que los jueces están aplicando la Ley de forma "errónea o defectuosa", movidos por "estereotipos" machistas.
"Nos preocupa que haya jueces que no cumplan con las leyes feministas", declaró ayer la ministra Irene Montero, "porque eso puede dejar en la impunidad a los agresores y desproteger a las mujeres".
Para evitarlo, Irene Montero anunció su voluntad de dar "cumplimiento al mandato del movimiento feminista: vamos a mejorar la capacidad de las instituciones para garantizar los derechos de las mujeres que son víctimas de violencia sexual. La Ley", recordó, "garantiza la formación obligatoria en todo el sistema de Justicia", incluyendo la de jueces y magistrados y el resto de los profesionales que intervienen en el proceso.
En concreto, la disposición final novena de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, que entró en vigor el pasado mes de septiembre, establece que "el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las comunidades autónomas asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) y médicos forenses".
En estos cursos de formación, añade la norma, "se introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas y se tendrá en cuenta la violencia vicaria" (es decir, la que ejercer algunos varones sobre sus hijos, con el fin de causar un daño a la madre).
La ministra de Igualdad insistió ayer en otro argumento al recordar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ya advirtió de que "los estereotipos pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de Justicia. Esos estereotipos, ese machismo, pueden hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la Ley o de forma defectuosa".
Precisamente sobre el CEDAW, Montero explicó en una entrevista en la SER que "lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo la ley" y esto que ya ha ocurrido con los régimenes de visitas para maltratadores en la Ley de Infancia, por lo que los jueces están "comprometiendo la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia" de España.
En cualquier caso, Irene Montero recalcó ayer que la responsabilidad de la Ley del sólo sí es sí no es exclusiva de su Ministerio, sino de todo el Consejo de Ministros que aprobó el anteproyecto y de los partidos que ratificaron la norma en las Cortes.
Y coincidió con el presidente Pedro Sánchez en confiar que el Tribunal Supremo "unifique la doctrina" para evitar este efecto de la Ley. Un proceso que puede tardar al menos un año, hasta que comiencen a llegar a la alta instancia los recursos contra la rebaja de condenas.
Por la noche, Irene Montero compareció en la cadena Ser para ratificarse en que la salida de violadores de prisión se debe a una mala aplicación de la Ley por parte de los jueces. "La reforma de un Código Penal para hacerlo más feminista, es decir, más garantista con los derechos de las mujeres que han sufrido violencia sexual, no acaba con siglos de patriarcado", señaló, "si yo creyese que hay un error sería la primera en reconocerlo".
"Derecha judicial golpista"
Podemos desencadenó ayer una nueva ofensiva contra el Poder Judicial —que provocó un rotundo comunicado de protesta del CGPJ—, al culpar a jueces y fiscales de las reducciones de condenas a agresores que ha provocado la entrada en vigor de la Ley del sólo sí es sí.
El exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos Pablo Iglesias culpó de lo ocurrido a "la derecha judicial golpista, que un día secuestra un sello por llevar la hoz y el martillo y al día siguiente defienden a los violadores".
Pero a su juicio también ha contribuido al escándalo "una derecha mediática con decenas de periodistas corruptos en nómina dispuestos a ganarse su sueldo mintiendo". A ello se ha sumado la "progresía mediática", reflexionó Pablo Iglesias en su pódcast, para "hacer daño" a Irene Montero y a Podemos.
Tampoco la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, se mostró ayer dispuesta a admitir que una inadecuada redacción de la Ley ha abierto la puerta a la reducción de penas de los violadores —en cumplimiento del precepto constitucional que garantiza la aplicación del precepto más favorable para el reo—.
"Cuando los tribunales cometen este tipo de interpretaciones voluntaristas o en el mejor caso erróneas", pidió ayer Rosell en el Congreso de los Diputados, "miren a los tribunales, piensen en las víctimas y dejen de atacar al Gobierno".
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