Órdago a ERC: el Gobierno sólo aprobará la reforma de la sedición si no se rebaja la malversación

ERC, aprovechando la tesitura, presionó para intentar rebajar también el delito de malversación, pero desde el Gobierno le han cortado las alas con un órdago. 

Aunque la reforma de la sedición tendrá como beneficiados directos a los encausados del procés, el Ejecutivo se escuda en que debe adaptarse a la legislación europea, que reclama penas menores.

Según los cálculos del Gobierno, este cambio contará con una amplia mayoría en el Congreso –cerca de 180 votos–, pero la aritmética podría desmoronarse si se incluyera una reforma a la baja del delito de malversación.

En un principio, ERC deslizó que lo incluiría en sus enmiendas y Pedro Sánchez no hizo ascos. La postura que ha defendido el Gobierno en público es que estudiarían esa enmienda como estudian cualquier otra enmienda. Es decir, que no cerraban la puerta a apoyarla. 

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Sin embargo, la opinión ha ido variando en los últimos días hasta el punto de que nadie en el Consejo de Ministros contempla ya la propuesta. Para empezar, porque Unidas Podemos no la aprobaría y, sin ellos, los números no salen por mucho que se intente. "Ya no está encima de la mesa", reconocen a EL ESPAÑOL fuentes del Ejecutivo. 

Ahora, dados los cambios, desde ERC se plantean que no fuera una buena idea airearlo. La hipotética rebaja de la malversación, a ojos del grupo republicano, sería junto a la sedición una bombona de oxígeno para los líderes del procés, condenados e inhabilitados precisamente por estos dos delitos. Ahora, apenas una semana después, entre los independentistas son conscientes de que era una quimera. 

Las mismas fuentes del Gobierno aseguran que "en ningún caso" apoyarán una reforma penal hecha ad hoc, como sugieren sus socios. La posición del Ejecutivo obliga a desvincular los dos delitos. 

La idea de los republicanos, que juegan esta partida a contrarreloj, es presentar la proposición de ley para eliminar la sedición este jueves, tras el pleno del Congreso de los Diputados, y aprobarla antes de final de año. Las enmiendas parciales –donde ERC añadiría la reforma de malversación– no se estudiarán hasta la segunda semana de diciembre, por lo que el tiempo apremia.

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Así, vista la falta de apoyos no sólo dentro del Gobierno sino entre los socios habituales, los republicanos ya descartan juntar los dos delitos, y miran a enero como posible horizonte para enmendar la malversación... si es que llegan a hacerlo.

Malversación sin lucro

La parte socialista del Gobierno lleva desde julio negociando en secreto la desjudicialización del procés independentista, que se traduce en rebajas de penas y cambios de lenguaje en ciertos delitos.

La prioridad siempre fue la misma, sedición, pero siempre se dejó una puerta abierta a retocar la malversación para diferenciar entre los que se lucran y los que no a consecuencia de esos actos. Este último es el caso de los líderes independentistas condenados.

La idea, en este caso, es revertir la reforma que hizo el PP en 2015 y que después sirvió para condenar a Oriol Junqueras y otros líderes independentistas por malversación de fondos públicos durante el juicio del procés; el tipo delictivo, además es el mismo por el que fue juzgado el expresidente andaluz José Antonio Griñán. La negociación la llevó el Gobierno socialista, aunque iba informando periódicamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz de los avances.

Las voces moradas en el Ejecutivo, dicen las mismas fuentes, trasladaron a sus socios que la reforma de la malversación supondría un desgaste político aún mayor para un Gobierno que ha hecho una bandera de la lucha contra la corrupción. A fin de cuentas, ese fue el motivo que esgrimió Pedro Sánchez para presentar la moción de censura que le aupó a la Moncloa.

Además, el argumento de que se reforma la sedición para equipararlo con la regulación europea quedaría desacreditado.

De hecho, en los minuciosos borradores elaborados en 2021 por el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se abordaba el cambio del delito de sedición, con algunos puntos recogidos ahora por Moncloa, pero no se incluía ninguna propuesta para modificar la malversación. La reforma llevaba congelada desde los pactos de investidura de 2020, cuando la vicepresidenta Carmen Calvo pidió revisarlos por primera vez.