El Gobierno de coalición suele tener problemas para equilibrar las dos almas del Ejecutivo, que no siempre se han entendido entre ellas. Cuando eso ocurre la única voz que se escucha es la de Pedro Sánchez, que esta semana ha apuntalado su giro a la izquierda con la subida del Salario Mínimo y la defensa de la ley del sólo sí es sí, dos banderas de sus socios. La idea del presidente, transmitida al resto de ministros a principios de semana, es agotar la legislatura en bloque, sin ruido interno.
Desde que Sánchez viró a la izquierda en el Debate del estado de la Nación las relaciones en el Gobierno han tenido sus más y sus menos, pero la recta final antes del año electoral obliga al presidente a mimar a sus socios morados. Se ha visto ahora, más que nunca y en un momento complicado, con el cierre de filas en torno a una desacreditada Irene Montero y a su vicepresidenta estrella, Yolanda Díaz.
En el caso de la ministra de Igualdad, atenazada por las rebajas de sentencias a violadores, las directrices fueron claras. Sánchez no podía ni quería cesarla; primero porque rompería la coalición y segundo porque corría el riesgo de que las manchas de la ley del sólo sí es sí salpicaran a uno de los ministerios socialistas, Justicia, que redactó buena parte del texto.
Hace unos días el presidente dejó claro que la ley era "de todo el Gobierno" y que no se podía dejar a Irene Montero en la estacada, sobre todo en una semana tan intensa como la de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Este miércoles han quedado claras las intenciones del Gobierno en su conjunto.
En primer lugar, el grupo del PSOE en el Senado –donde Unidas Podemos no tiene representación– votaron en contra de la moción registrada por el PP para revisar el texto. De forma prácticamente simultánea, la bancada socialista del Congreso se levantaba a aplaudir a una emocionada Montero durante casi tres minutos.
Durante las últimas 48 horas, el presidente del Gobierno ha hecho que todos los ministros defiendan públicamente la ley, encabezados por él mismo, a la espera del Tribunal Supremo y en la senda marcada por el fiscal general del Estado. A la vez, Irene Montero e Ione Belarra aceptaron rebajar el tono contra los jueces.
Pero no todo fue inmediato. El Gobierno de coalición ha tardado más de una semana en empezar a encauzar la triple crisis provocada por la ley del sólo sí es sí, la reforma del delito de sedición y la presunta modificación de la malversación, que sigue en el aire. Todo esto ha ocurrido en el marco de las evidentes turbulencias internas que mantienen en vilo a sus socios.
Díaz y el SMI
A principios de semana Sánchez, Díaz y Montero se conjuraron con el objetivo de salvar la coalición lo que queda de legislatura. Esto significa, a grandes rasgos, olvidar agravios pasados, afrontar la crisis juntos y evitar que una parte sobresalga sobre la otra.
Hasta ahora, los mayores enfrentamientos en el Consejo de Ministros los habían protagonizado dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, con la economía como constante y la reforma laboral como punto de (casi) no retorno. Hace dos años, cuando Díaz sólo era ministra, estuvo a punto de dimitir a raíz de una riña por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
[Historia de un desencuentro: quién es quién en el conflicto entre Podemos y Yolanda Díaz]
Esta vez nada podría ser más distinto. El Gobierno tiene el compromiso de investidura de situar el SMI en el 60% del salario medio antes del final de legislatura, pero las vicepresidentas vuelven a chocar. Mientras Díaz apuesta por realizar un alza que tenga en cuenta la inflación y el IPC, Calviño se resiste. Pero Sánchez ha pedido moderación.
Aunque los planes maestros no los presentarán hasta final de mes, en el Gobierno se da por hecho la subida a pesar de la crisis y, a diferencia de en otras negociaciones, el ruido desaparecerá. El primer motivo es el mismo que con Irene Montero, mostrar unión a final de legislatura; el segundo, que no parezca "una subida de Yolanda Díaz", como en otras ocasiones, y que sea de todo el Gobierno.
Estas tensiones se superponen a las diferencias sobre el acuerdo de Calviño con patronales bancarias para aliviar las cargas hipotecarias ante la subida de tipos. Eso está en el horizonte, pero el Gobierno da prioridad ahora mismo al SMI.
Díaz ya ha ido dejando pistas de su predisposición a adaptar la subida prevista vía Congreso y compensar la actual coyuntura económica, como recoge el Estatuto de los Trabajadores y reclaman los sindicatos mayoritarios. En el PSOE, por su parte, han propuesto una iniciativa del Senado –donde Unidas Podemos no tiene representación– en coherencia "con el pacto de rentas". Un pulso más, pero en silencio.
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