La Eurocámara desmonta en el TGUE los argumentos de Puigdemont para reclamar su inmunidad

La vista tiene lugar en la Sala Sexta ampliada del TGUE, presidida por la jueza chipriota Anna Marcoulli y de la que forman parte otros cuatro jueces: el danés Frimodt Nielsen, el finlandés Heikki Kanninen, el eslovaco Juraj Schwarcz y el letón Rimvydas Norkus. La sentencia en primera instancia se espera para el primer trimestre de 2023, aunque contra ella todavía podría interponerse un recurso de casación.

Durante el juicio en Luxemburgo, el expresidente catalán tiene previsto esgrimir la reforma para abolir el delito de sedición promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez como uno de los argumentos centrales para defender su inmunidad y evitar su extradición a España, según han adelantado fuentes de su defensa. 

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En respuesta al suplicatorio enviado por Llarena, la Eurocámara levantó la inmunidad de Puigdemont en marzo de 2021.El expresidente catalán ha presentado recurso contra esta decisión del Parlamento Europeo ante el TGUE, y este es precisamente el recurso que se examina en la vista. A la espera de que haya un fallo definitivo, la Justicia europea le ha devuelto de forma temporal el estatus de eurodiputado, lo que mantiene paralizada la euroorden.

Como antesala del plato fuerte del viernes, el TGUE ha celebrado este jueves una vista sobre otro recurso interpuesto por Puigdemont sobre un tema colateral y superado por los acontecimientos, pero que también está relacionada con la inmunidad. En concreto, el expresidente catalán denuncia que el entonces presidente de la Eurocámara, David Sassoli, actuó indebidamente al no dar trámite a una petición suya de defensa de la inmunidad formulada el 10 de octubre de 2019.

La solicitud la formuló por carta en su nombre la eurodiputada de ERC, Diana Riba, y otros 37 parlamentarios. El motivo es que en aquel momento Puigdemont aún no había sido reconocido como eurodiputado. Sassoli denegó su petición de amparo en otra carta fechada el 10 de diciembre de 2019.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha argumentado que Sassoli actuó de forma ilícita porque estaba obligado a dar trámite a la petición y remitirla al comité de Asuntos Jurídicos, el órgano competente para evaluarla. El presidente de la Eurocámara "no cumplió su obligación y tomó una decisión errónea que tuvo efectos legales" para su cliente, ha afirmado Boye durante la vista.

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En concreto, la inacción de Sassoli dejó vía libre a Llarena para emitir una tercera euroorden el 14 de noviembre de 2019, lo que condujo a una breve detención del expresidente catalán en Bélgica tres días más tarde, sostiene Boye. Si el presidente de la Eurocámara hubiera tomado medidas, "la situación sería totalmente diferente", ha asegurado.

Por su parte, el Parlamento Europeo ha pedido al TGUE que declare inadmisible el recurso de Puigdemont y ha desmontado uno por uno todos sus argumentos. El abogado de la Eurocámara, Niklas Görlitz, sostiene que la carta de Sassoli era un documento puramente informativo contra el que no cabe recurso porque no tenía efectos vinculantes ni cambia la situación legal de los demandantes. Sería el equivalente a una misiva de respuesta a una carta enviada por un ciudadano, ha dicho.

El Parlamento alega además que Puigdemont no respetó los procedimientos establecidos para activar la defensa de su inmunidad. Según las reglas, la solicitud de amparo sólo la puede presentar el propio interesado u otro parlamentario en su nombre. Al estar firmada por 38 personas, la carta de Puigdemont era inválida. "La petición de defensa de la inmunidad no satisfacía los requisitos formales mínimos y por eso no se lanzó ningún procedimiento", ha dicho el abogado.

El propio Sassoli exponía estos problemas en su carta de respuesta a Riba y también invitaba a los firmantes a extraer las consecuencias perminentes. Pero en lugar de corregirse y presentar una nueva petición en orden, Puigdemont llevó el caso al TGUE, se ha quejado Görlitz. "Este caso es un poco sorprendente para el Parlamento", ha denunciado.

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Además, el entonces presidente de la Eurocámara tampoco adoptó en ese momento una posición definitiva sobre si el expresidente catalán tenía o no el estatus de eurodiputado. Se remitió a la inminente sentencia del TJUE sobre el caso de Oriol Junqueras (que llegó el 19 de diciembre de 2019) y no excluía revisar la situación tras conocerla, ha relatado el abogado. El fallo estableció que la condición de eurodiputado se adquiere automáticamente tras la proclamación de los resultados electorales. A raíz de ello, Puigdemont fue reconocido oficialmente como parlamentario en enero de 2020.

Como colofón de su argumento, Görlitz ha cuestionado el interés del expresidente catalán en que haya sentencia sobre este asunto, que ha quedado ampliamente superado por los acontecimientos. El abogado ha desvelado que Sassoli envió dos cartas de respuesta: una dirigida únicamente a Diana Riba y una segunda misiva a los 38 eurodiputados que apoyaban las pretensiones de Puigdemont.

"El Parlamento Europeo quiere señalar que los demandantes no impugnaron esa segunda carta, por lo que esa carta si se considerase impugnable es ya final y firme. De modo que en el caso que este Tribunal considerase que fuese carta impugnable y la anulase, esta anulación no tendría ningún efecto en esta segunda carta con contenido idéntico que ya sería firme", ha explicado Görlitz.

"Por tanto, el Parlamento Europeo alberga serias dudas al respecto del interés jurídico de los demandantes en solicitar una sentencia en este asunto y, con todo respeto, invita al Tribunal a sacar las conclusiones adecuadas", ha concluido.

En nombre de España ha intervenido en la vista la abogada del Estado Andrea Gavela, que ha apoyado las tesis de la Eurocámara.