El Partido Popular Europeo al completo, con su presidente a la cabeza, el alemán Manfred Weber, ha denunciado ante la Comisión Europea el "asalto del Gobierno de España al Tribunal Constitucional" como una "flagrante violación a la separación de poderes". Como anunció Alberto Núñez Feijóo el pasado miércoles, el PP eleva a Bruselas el "deterioro institucional al que lleva Pedro Sánchez a nuestro país".
Weber ha enviado una carta al comisario de Justicia, Didier Reynders, y a la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, en la que les advierte de que Pedro Sánchez está "desoyendo" sus "reiteradas recomendaciones de despolitización de la Justicia".
La misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, está firmada conjuntamente con Dolors Montserrat, portavoz de los populares españoles en el Parlamento Europeo.
El PP ha tardado tres días desde la aprobación en Consejo de Ministros de los dos nombres propuestos por Sánchez como nuevos magistrados del TC: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exasesora de Moncloa Laura Díaz Bueso, alto cargo del Ministerio de Presidencia hasta el pasado abril.
Las designaciones merecieron la crítica de toda la oposición y el mismo Feijóo se felicitó de haber roto las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, "ya que esto demuestra que Sánchez no está dispuesto a parar de politizar la Justicia".
Pero al ser una prerrogativa del Ejecutivo, el presidente popular no tiene muchos recursos en su mano, más allá de denunciar del defecto de forma de que el Ejecutivo no ha esperado a que el propio CGPJ designe sus dos candidatos, como prevé el procedimiento constitucional.
De este modo, Feijóo que anunció al día siguiente, este miércoles, que elevaría un recurso ante la Comisión Europea. Bruselas, de hecho, ha suspendido por tres veces seguidas a España en este punto en los informes sobre el Estado de derecho desde 2020.
En la carta, los populares recuerdan a la Comisión su papel como guardiana de los Tratados y, como consecuencia, de la "defensa de la independencia judicial en los países miembros de la UE".
En ese sentido, Weber y Montserrat piden que no se pueda designar a quienes han ocupado cargos de peso en el actual Gobierno para "instituciones que tendrán que pronunciarse sobre la constitucionalidad de leyes y decisiones dictadas por el propio Ejecutivo del que han formado parte recientemente". Ésta era una de las líneas rojas que marcó el PP durante la negociación del pacto por la Justicia entre su número dos oficioso, Esteban González Pons, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
De hecho, el PP recuerda en la carta que esta postura de la formación política se fundamenta en seguir la línea que defienden "los valores y principios de la Unión Europea: fortalecer las instituciones y evitar la politización de la Justicia".
Todos los detalles
La misiva del PP europeo a los comisarios no se deja detalle para explicitar lo que considera una "reiteración" del Gobierno Sánchez en su empeño de "politizar la Justicia" en España.
Así, el texto remarca que el Consejo de Ministros aprobó la elección de Campo y Díez en un cumplimiento meramente "formal del artículo 159 de la Constitución española". O lo que es lo mismo, que "por primera vez" en democracia, el Gobierno no espera al CGPJ.
Los populares denuncian explícitamente que ambos candidatos "han tenido responsabilidades políticas y públicas en el presente Gobierno". Y por eso consideran que la designación del exministro y de la ex alto cargo "es una violación de los continuos llamamientos de la UE a los Estados miembros para garantizar la independencia judicial".
El último cargo de Juan Carlos Campo -hasta julio de 2021- fue el de ministro de Justicia en el actual Ejecutivo de Sánchez. Suya fue la responsabilidad en los indutos a los reos del procés y suya será la de dar por constitucional o no, por ejemplo, la contrarreforma de la Ley del Poder Judicial impulsada por el Gobierno Sánchez... que ha facilitado su nombramiento.
Pero, como refleja la carta, su currículum político está lleno de "diferentes cargos públicos y parlamentarios en representación del PSOE". Fue diputado en el Congreso, secretario general de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía y secretario de Estado de Justicia.
Por su parte, Laura Díez Bueso es definida como "persona de máxima confianza del actual Gobierno de Pedro Sánchez". Se basa el EPP para esta afirmación en las posiciones de confianza para las que ha sido nombrada.
Por ejemplo, fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de febrero de 2020 a abril de 2022. Ejerció este cargo responsabilizándose de la redacción de los estados de alarma que confinaron a la población durante la pandemia y que fueron declarados inconstitucionales por el TC al que va a entrar como magistrada.
Anteriormente, fue jefa de Gabinete de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes entre 2018 y 2020. Es decir, que ha tenido cargos a dedo en Moncloa durante toda la etapa de Sánchez en el Gobierno.
Para el PP y el EPP es evidente que "la elección de estos dos candidatos" es una maniobra "con la que el Gobierno español parece querer asegurarse un criterio favorable cuando la institución tenga que pronunciarse sobre la constitucionalidad de determinadas leyes y decisiones dictadas" por el gabinete de Sánchez.
Y por eso, la carta finaliza reclamando a los comisarios que "evalúen" la "adecuación democrática frente a los estándares recomendados por la Unión Europea de respeto por el Estado de derecho, separación de poderes, despolitización e independencia del poder judicial", de estos nombramientos.