El PSOE cambia la ley del CGPJ para remodelar el TC en 8 días, por mayoría simple y sin quorum

El Gobierno ha movido ficha para obligar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a designar los dos magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional. El PSOE ha presentado este viernes una enmienda que sobre el requisito de una mayoría cualificada de tres quintos, necesario para la renovación, y sustituirlo por una mayoría simple, y da a los vocales del CGPJ un plazo de ocho días para aprobar estos nombramientos, bajo la amenaza de incurrir en un delito de desobediencia. 

Según ha explicado el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, la enmienda busca reformar la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. Con la nueva redacción, el presidente del CGPJ tendrá cinco días para abrir el plazo de candidaturas una vez entre en vigor la reforma. 

Cada vocal del CGPJ podrá presentar durante ese tiempo un candidato para ser miembro del Tribunal Constitucional. Tres días después, se tiene que celebrar el pleno de votación. Una vez cumplido este trámite, serán designados los dos candidatos al TC con mayor número de votos. En caso de empate, asegura López, será el presidente del CGPJ el que decida. 

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La enmienda también establece que, en caso de incumplir el plazo de ocho días establecido, los vocales del CGPJ podría incurrir en responsabilidades de "carácter penal". 

Durante el anuncio, López ha defendido que el objetivo de esta enmienda es desbloquear la situación y "renovar cuando corresponde los órganos del gobierno de los jueces", tal y como lo pide la Constitución. 

"Este bloqueo se debe a que tenemos un PP fuera de toda realidad democrática. No puede ser que el señor [Alberto Núñez] Feijóo nos dijera el otro día que mantiene el bloqueo para proteger al Poder Judicial del Gobierno de Pedro Sánchez", ha asegurado.

"Eso es decir que no cumple la Constitución porque no le gusta el Gobierno que han elegido los ciudadanos", ha añadido, resulta "antidemocrático". 

Robles: "Están atrincherados"

Cuatro de los 12 magistrados que tiene el Tribunal Constitucional llevan con su mandato caducado desde el pasado mes de junio. El Gobierno ya ha elegido a sus dos candidatos y ahora corresponde al CGPJ nombrar a sus dos representantes. 

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El Ejecutivo ya designó como candidatos al Constitucional a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia de Pedro Sánchez, y Laura Díez, ex directora general Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia. Con la enmienda presentada esta mañana, pretende forzar al CGPJ a nombrar ya a sus dos representantes. 

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha referido a este asunto este viernes en una comparecencia ante los medios en Madrid, señalando al PP: "Lo que está ocurriendo con el CGPJ causa en un estado democrático una profunda vergüenza. Creo que las palabras del señor Feijóo diciendo que quería proteger al Poder Judicial del presidente del Gobierno son inaceptables desde todos los puntos de vista". 

"En segundo lugar -ha añadido Robles-, y lo tengo que decir con el mayor dolor, lo que están haciendo los vocales del CGPJ en este momento, atrincherados cuatro años después y sin proceder a la renovación o a la propuesta de los dos magistrados que corresponden al Consejo, es además un insulto para muchísimos miembros de la carrera judicial. Lo que estamos viviendo causa bochorno, vulnera la Constitución y cualquier enmienda que permita que se cumpla es absolutamente aceptable". 

Enriquecimiento ilícito

En cuanto a la reforma del Código Penal que se está abordando, el PSOE también presentará otra enmienda para penar lo que López ha definido como "casos de corrupción o enriquecimiento injustificables".

Se perseguirá a aquellos cargos públicos que tengan un incremento de patrimonio o cancelación de deuda por encima de los 250.000 euros respecto a sus ingresos habituales hasta cinco años después de abandonar el cargo. 

Esta conducta quedará tipificada con condenas de prisión de seis meses a tres años, con inhabilitación de dos a siete años y con multas de hasta tres veces lo enriquecido. 

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Respecto a la enmienda que ha presentado ERC para rebajar el delito de malversación, y así aligerar las cargas penales que pesan sobre los cargos del partido por haber desviado fondos públicos para organizar el referéndum ilegal de octubre de 2017, López ha dicho que los socialistas no van a apoyar nada "que suponga beneficiar a los condenados por corrupción". 

"Todo uso arbitrario de los fondos públicos tiene que ser penado", ha asegurado. "Distinguimos, como distingue el Código Penal, corrupción de malversación", ha incidido López.