Aunque la tormenta generada por la Ley del sólo sí es sí ha empezado a amainar, el Gobierno no las tiene todas consigo. Hace dos semanas, Pedro Sánchez tuvo que tomar cartas en el asunto y ordenó un cierre de filas sin paliativos alrededor de Irene Montero, pero la voluntad política nunca ha sido suficiente para arreglar las crisis judiciales. Ahora, con las rebajas penitenciarias rozando ya la barrera de las 60, el presidente ha vuelto a tomar las riendas.
La solución que ha encontrado la Moncloa es seguir apoyando al Ministerio de Igualdad y su ley estrella, sí, pero también abrirse a "algún retoque técnico", como lo definió este martes Sánchez durante el Día de la Constitución. Para ello, el presidente ha pedido a la titular de Justicia, Pilar Llop, que organice un equipo técnico para resolver los posibles fallos –en el Gobierno hablan de "inconvenientes"– de la norma.
En el Ejecutivo en general, y en Justicia e Igualdad en particular, todo el mundo defiende que la ley está bien redactada, que "amplía derechos y protege a las mujeres", pero algo había que hacer. Sánchez, en concreto, está del lado de Montero y confía en que el tiempo dará la razón a la ministra, pero la realidad judicial les pone trabas.
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Sobre las turbulencias iniciales, Sánchez nunca se planteó cesar a Montero. Primero porque rompería la coalición durante la negociación de los Presupuestos y segundo porque corría el riesgo de que las manchas de la ley del sólo sí es sí salpicaran a Justicia. El tercer motivo es que tampoco había tanta prisa.
La estrategia de Igualdad sigue siendo esperar a que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia, y así lo creyó Sánchez en un primer momento. El problema es que el primer fallo del Alto Tribunal en este sentido, el del caso de La Arandina, da a entender que el criterio será analizar las reducciones de penas caso por caso. Es decir, que cada audiencia provincial estudie individualmente cada solicitud de rebaja.
Ahora, la pelota está en el tejado de Justicia, que estudia una reforma, y de Igualdad, que pide esperar un poco más. En el entorno de Montero aseguran que no hay rectificación posible y que cualquier retoque a la ley –coescrita con el exministro Juan Carlos Campo– sería "perjudicial para su espíritu". A su juicio, la única opción viable es convencer a los jueces de que interpreten la ley según la filosofía del Ministerio.
Un problema añadido es que el torrente de rebajas judiciales a agresores sexuales no tiene remedio legal. Cualquier cambio en la norma no arreglaría las sentencias que ya están dictadas, ya que siempre se aplica la ley más beneficiosa para el reo.
El equipo técnico designado por Llop tiene todo esto en cuenta, pero la revisión es complicada. La ministra nunca se ha opuesto públicamente a modificar la ley de su antecesor –de hecho, ha recordado en varias ocasiones que la norma es anterior a su mandato– y la hoja de ruta con Igualdad todavía no está definida. Hasta que eso ocurra, el cierre de filas seguirá como hasta ahora.
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