Unidas Podemos se mantiene en su rechazo a la rebaja de la malversación, desmiente haber "formado parte" de la negociación de la nueva enmienda que impulsa el PSOE y acusa al partido de Pedro Sánchez de haber llegado a "un acuerdo con ERC" para que la reforma del Código Penal haya sido escenificada de esta manera.
Es decir, que las negociaciones de las últimas semanas entre representantes de Moncloa y de la ejecutiva de Oriol Junqueras -de las que ya informó este diario- alumbraran este proceso: a la derogación de la sedición, ERC presentaría una enmienda de máximos para diluir la malversación de fondos públicos si "no hay ánimo de lucro"; y después los grupos del Gobierno de coalición ofrecerían una transaccional -es decir, una enmienda negociada con el proponente- que rebajara menos la pena.
Y es esto último lo que rechaza Unidas Podemos. Desmienten estar en el pacto, no confían en la redacción del texto y confirman que no firmarán la enmienda, en contra de lo asegurado este domingo desde fuentes gubernamentales.
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Los morados, en todo caso, se cuidan de criticar de frente a sus socios de Gobierno (PSOE) y a sus aliados parlamentarios (ERC). Por el contrario, señalan al Poder Judicial y dicen tener "muchas dudas sobre la futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces". Ésa es la razón que alegan las fuentes parlamentarias de Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero. Y por eso afirman: "No vamos a firmar esa enmienda".
Todo lo demás, sí
En la derogación del delito de sedición sí están de acuerdo los morados. De hecho, son cofirmantes con los socialistas de la proposición de ley. Y al contrario que el PSOE, sí que lo llevaban en su programa electoral. Al menos, en el de las listas de los Comunes, la candidatura de la confluencia catalana encabezada por Jaume Asens, uno de los abogados que ayudó a huir de España a Carles Puigdemont en 2017.
Pero la llamada "desjudicialización del conflicto" no convence a Unidas Podemos en lo tocante a los delitos que tienen que ver con la corrupción. Y la información procedente del entorno de Sánchez, que este domingo por la tarde daba cuenta de una "enmienda transaccional" que presentarían el lunes por la mañana socialistas y morados, "no es cierta".
Según explica un portavoz oficial de Unidas Podemos, en las últimas semanas "ha habido contactos" a este respecto con representantes del PSOE. Pero ninguna de las formulaciones ofrecidas han convencido a las líderes del espacio morado. Y según ha sabido este periódico, la filtración interesada de la enmienda que sólo "ha negociado el PSOE con ERC" sentó muy mal entre los líderes del socio minoritario del Ejecutivo.
En todo caso, y para no provocar una ruptura de la llamada "mayoría de la investidura", las mismas fuentes consultadas admiten que no harán "descarrilar" la reforma en la ponencia de este lunes por la tarde en la que se tiene que sustanciar el acuerdo de esta enmienda transaccional entre PSOE y ERC. "Es una ley tan importante que contiene elementos tan destacables como la derogación del delito de sedición o el desbloqueo del Tribunal Constitucional" por los que sí aboga Unidas Podemos.
El "acuerdo PSOE-ERC"
Este nuevo tipo penal de malversación de fondos públicos que el grupo parlamentario del PSOE presentará este lunes en forma de enmienda transaccional rebajará a un máximo de seis años la pena de inhabilitación para cargo público. Ello puede beneficiar, en particular, al presidente de ERC, Oriol Junqueras, que verá más cercana la posibilidad de volver a un puesto electivo.
La enmienda será introducida en la proposición de ley de modificación del Código Penal que suprime el delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes del procés en octubre de 2019. Cuatro de ellos (Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa) fueron condenados, además, por malversar fondos públicos.
Tal y como afirman las fuentes de Unidas Podemos, la nueva enmienda sobre la malversación, adelantada este domingo por La Vanguardia, crea subtipo penal para sancionar las conductas de las autoridades o funcionarios que, sin ánimo de lucro, realicen un "desvío presupuestario irregular" de fondos "dentro de las arcas de la misma Administración pública" en la que sirvan.
El PSOE quiere que esa utilización de fondos públicos siga siendo delictiva, pero con penas menos gravosas que las actuales, establecidas por una reforma del PP realizada en 2015. Las penas vigentes por malversación de fondos que superen los 50.000 euros son de cuatro a ocho años de prisión e inhabilitación por tiempo de diez a veinte años.
El nuevo subtipo de malversación tendrá un máximo de prisión de cuatro años y un máximo de inhabilitación de seis años.
La descripción del tipo penal está pensada para que se aplique a los hechos relacionados con el procés independentista catalán de 2017, durante el que se destinaron fondos públicos a actuaciones al servicio de la secesión como el referéndum ilegal del 1-O o la propaganda secesionista en el exterior a través de Diplocat.
Junqueras fue condenado a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta por delitos de sedición y malversación en concurso medial (esta figura se aplica cuando una actuación delictiva constituye dos o más delitos y uno de ellos -en este caso, la malversación- es un medio imprescindible para cometer otro -en este caso, la sedición-).
Una vez que sea aprobada la reforma del Código Penal -este jueves, si se cumplen todos los plazos de la vía de urgencia impulsada por la Mesa del Congreso-, su situación puede verse notablemente mejorada en cuanto a la pena de inhabilitación, ya que la de prisión fue indultada en junio de 2021 por el Gobierno de Sánchez.