El PSOE y ERC ya tienen su reforma del delito de malversación. En la línea con la transaccional presentada por los socialistas, el nuevo Código Penal beneficiará a los dirigentes del procés independentista catalán y aspira a rebajar 2 años sus condenas, que en algunos casos llegaban hasta los 12 años de prisión. Unidas Podemos ha brindado el voto clave para su aprobación.
Para ello la reforma exprés, pactada en menos de una hora antes de llegar a la Comisión, diferenciará entre tres tipos distintos de malversación y no dos, como se esperaba en un primer momento. El tercero, que es el que beneficiará a los condenados y encausados por los hechos del 1-O, contempla penas de 1 a 4 años de prisión e inhabilitación especial de 2 a 6 años y abre la puerta a que algunos, los de menor relevancia, ni siquiera entren en la cárcel.
Este tipo, siguiendo la filosofía del PSOE, diferencia la malversación tal y como se conocía con el "desvío presupuestario irregular de fondos públicos", esto es, destinar patrimonio público a un fin distinto al previsto. Además, para cumplir cárcel fija como requisito que el desvío presupuestario cause un "daño o entorpecimiento grave del servicio público".
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Se diferenciará de otros dos tipos de malversación. El primero, el más grave según el texto, mantiene las penas tal como están actualmente cuando hay malversación con apropiación. Esto es, cuando hay ánimo de lucro personal o a terceros.
El segundo caso distingue la malversación de uso, que son aquellos casos en los cuales se hace un mal uso de los recursos públicos pero sin voluntad de apropiárselos. La intención es penar estos casos con penas que vayan de los 6 meses a los 3 años de prisión y de 1 a 4 años de suspensión de trabajo público.
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Todo indica que el texto, que se votará el martes en la Comisión de Justicia y después el jueves en el pleno del Congreso de los Diputados, saldrá adelante. Todavía quedan dudas dentro de la izquierda, empezando por una parte de Unidas Podemos que no termina de ver con buenos ojos las rebajas a condenados. Los morados se negaron a firmar el documento conjunto, pero ya adelantaron esta mañana que lo apoyarían con reservas.
El PSOE, que ya de por sí se encuentra en una encrucijada por explicar la reforma, no se esperaba esta marcha atrás de sus socios. En las últimas semanas, la noticia de que los socialistas no perseguirán el procés en su máxima expresión y rebajará las penas de algunos condenados se le está atragantando a su electorado.
Por otro lado, su intención también es perseguir a aquellas personas que hayan incrementado su patrimonio en más de 250.000 euros durante su mandato y no puedan acreditar su origen.