Su reforma del Código Penal es "arriesgada" y Pedro Sánchez lo sabe. Así lo admitió este domingo desde Barcelona, en un acto del PSC. Pero el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas cree que es "el único camino", el siguiente paso en su "política de reencuentro" con Cataluña.

Sánchez defendió en la Ciudad Condal sus planes para derogar el delito de sedición —y sustituirlo por el de "desórdenes públicos agravados"— y rebajar las penas por malversación.

Y lo hizo, pese a la aplastante mayoría de ciudadanos que se opone a esta reforma, tal y como constata la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL. Al igual que determinadas voces críticas en el seno de su propio partido, un 92,5% de la población se opone a aminorar el castigo a los políticos que malversen fondos públicos.

[Sólo el 5% de los españoles y el 9,5% de los votantes del PSOE apoyan la rebaja de la malversación]

Concretamente, un 59,8% optaría por aumentarlas y un 32,7%, por no modificar el articulado del Código Penal. La rebaja de las penas por malversación no goza de un apoyo ni siquiera entre los votantes socialistas. Tan sólo el 9,5% de los electores del PSOE la apoya.

Pese a todo ello, y aun conociendo los riesgos de esta reforma, el presidente del Gobierno abogó por "sacar el debate político de los juzgados". Lo hizo acompañado por el exministro de Sanidad y candidato del partido en Cataluña, Salvador Illa, y por el aspirante socialista a la alcaldía barcelonesa, Jaume Collboni.

Durante su discurso, Sánchez enfatizó que el suyo es un Gobierno "que apuesta por el reencuentro" entre Cataluña y España y que "aparta las diferencias" para "priorizar la unidad". Y se vanaglorió de que la situación en la comunidad autónoma no sea la de "los días tristes y aciagos de 2017", cuando se celebró el referéndum ilegal separatista.

Precisamente, por aquellos hechos fue condenado el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) a 13 años de cárcel y al mismo periodo de inhabilitación. El Tribunal Supremo le consideró autor de un delito de sedición en concurso medial con malversación, los dos delitos cuyas penas el Ejecutivo central pretende ahora rebajar.

"Hemos decidido rescatar a Cataluña de la crispación, para devolverla al territorio que nunca debió abandonar, que es el de la convivencia", subrayó. "Las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra; es el camino", insistió este domingo.

Voces en contra

El pasado viernes, ERC presentó una enmienda en el Congreso de los Diputados que pretende reducir las penas por este delito en los casos en los que no medie un "ánimo de lucro personal". El texto, según admitieron los republicanos catalanes, estuvo "negociado" con el Partido Socialista.

Pedro Sánchez, en Cataluña, junto a Jaume Collboni (d) y Salvador Illa (i). Efe

Este lunes, el PSOE y Unidas Podemos presentarán su propia enmienda, que añade al Código Penal un nuevo tipo de malversación que castiga con hasta 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma Administración Pública.

No obstante, la reforma legal de la malversación ha provocado críticas desde las propias filas socialistas. Hasta ahora, se han pronunciado en contra los barones de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Aragón, Javier Lambán; Madrid, Juan Lobato y Castilla y León, Luis Tudanca.

A ellos habría que añadir los presidentes de Extremadura y la Comunidad Valenciana, Guillermo Fernández Vara y Ximo Puig, que, aunque no han hablado explícitamente estos días, ya mostraron sus recelos en el pasado cuando el asunto se puso sobre la mesa.

Sin embargo, tal y como desveló EL ESPAÑOL, la ministra María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE, telefoneó a los líderes territoriales del partido para explicarles en qué consistían las reformas.

Según explicaron varios de ellos a este periódico, Montero incidió en la modificación del delito de malversación, para aclararles que se limitaría a los implicados en el procés y garantizarles que en ningún caso facilitaría la exculpación o revisión de condena para convictos por este delito, como José Antonio Griñán o a los acusados por la Operación Kitchen, la trama que habría empleado dinero público para intentar encubrir la corrupción del PP.