PSOE y Podemos han pactado incorporar una nueva enmienda a la reforma del Código Penal con la que intentarán clarificar la aplicación de la Ley del sólo sí es sí, con el fin de evitar que siga propiciando las rebajas de penas a agresores sexuales.
Los dos grupos parlamentarios han anunciado que pretenden "incorporar un párrafo en la exposición de motivos de la reforma del Código Penal, que facilita la interpretación del derecho transitorio de acuerdo con la jurisprudencia consolidada".
Se trataría de establecer que sigue vigente la disposición transitoria incorporada en 2015, según la cual no se aplicarán rebajas de pena, cuando la impuesta en la sentencia original esté dentro de la horquilla prevista por en el nuevo ordenamiento jurídico (en este caso, la Ley Integral de Libertad Sexual impulsada por la ministra Irene Montero).
El Gobierno había puesto sus esperanzas en que el Tribunal Supremo "unifique doctrina" y ponga fin a las rebajas de penas que ha propiciado la entrada en vigor de la Ley del sólo sí es sí de Irene Montero.
Sin embargo, la primera resolución del Supremo al respecto ha supuesto una rebaja de pena de un año (respecto al Código Penal anterior) a los jugadores del Arandina condenados por abusar sexualmente de una menor.
Podemos y la ministra Irene Montero se oponían hasta ahora a cambiar ni una coma de la Ley del sólo sí es sí: alegaban que las rebajas de pena a agresores sexuales se deben a que jueces "fachas" y "machistas" no saben interpretar la nueva norma.
Finalmente, PSOE y Podemos han llegado a una solución intermedia: no se toca el articulado de la Ley Integral de Libertad Sexual (lo que permite a la ministra de Igualdad mantener que el texto es impecable), pero se incorpora un párrafo "aclaratorio" a la exposición de motivos de la reforma del Código Penal.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha utilizado esta reforma exprés del Código Penal para derogar el delito de sedición y rebajar sensiblemente las penas del delito de malversación (que en algunos casos quedará en sólo tres años de inhabilitación, sin cárcel), como le exigían sus socios de ERC.
Esto permitirá que Oriol Junqueras pueda presentarse a las elecciones a partir del próximo año, y que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pueda regresar a España, sin apenas ningún reproche penal.
Oriol Junqueras no se da por satisfecho: el lunes ya expuso que el próximo paso es pactar las condiciones para celebrar un referéndum de independencia (que sería vinculante si registra una participación de al menos el 50% del censo y los síes superan el 55%).
El Gobierno también ha introducido, mediante otra enmienda a la reforma del Código Penal, el mecanismo para asegurarse el control del Tribunal Constitucional. Por un lado, amenaza a los vocales del CGPJ con penas de cárcel si no eligen ya a sus dos magistrados en el TC.
Por otro, los dos magistrados propuestos por el Gobierno (el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez) podrán tomar posesión de su cargo sin que el Tribunal Constitucional evalúe antes su idoneidad.
La intención del Gobierno es que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, convoque un Pleno extraordinario para el próximo jueves, con el fin de aprobar inicialmente la reforma del Código Penal.
El texto sería ratificado definitivamente la semana que viene en el Senado, si PSOE y Podemos lograr evitar que se introduzcan nuevas enmiendas en la Cámara Alta.