Indignación en el PSOE por la insaciable ERC: indultos, sedición, malversación… y ahora referéndum

En el PSOE pensaban que los nacionalistas se darían por satisfechos con lo pactado. La realidad ha colmado la paciencia de dirigentes socialistas, en las alturas y en las bases. El más rotundo fue Emiliano García-Page.

"Soy muy contrario a la decisión del Gobierno con ERC, que no nos tomen por tontos", dijo este martes, entre un chaparrón de reproches al Gobierno por "pactar con los delincuentes su propia condena".

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En el entorno de Page informan de que el barón castellanomanchego recibió a lo largo del día "centenares de llamadas" de apoyo por sus manifestaciones. Su testimonio no será el único. En fuentes socialistas aseguran que este miércoles seguirá sus pasos Javier Lambán, presidente de Aragón.

El presidente autonómico participará en un acto con el Rey Felipe VI en Alcañiz (Teruel) con motivo del 50º aniversario de la UNED. "Lambán no se va a morder la lengua. Va a expresarse en términos muy parecidos a los de Page. Hay mucha mar de fondo en el partido", aseguran las mismas fuentes.

Pero en las filas socialistas creen que el goteo de barones críticos con la situación continuará en los próximos días. El asturiano Adrián Barbón podría ser el siguiente, apuntan. "Ximo Puig está indignado también, pero es más difícil que dé un paso adelante", dicen las mismas personas.

Las aguas se han enturbiado incluso en el grupo parlamentario, donde algunos diputados ya alzan la voz contra las cesiones a ERC: "No se ha acertado ni en el fondo ni en la forma, y a cinco meses de elecciones es una locura", protestaron este martes. Las fuentes aseguran que quien más vivamente expresó el malestar en el seno del grupo fue el vasco Odón Elorza.

Enfrente, ajenos a la polémica en el PSOE, ERC mantiene el mismo objetivo con el que abrió la primera cita de la Mesa de diálogo: aliviar el "conflicto político" y culminar con un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Consideran que para eso queda pendiente, eso sí, una última reunión.

Según indican fuentes parlamentarias de distinto signo, Gobierno y ERC hablaron de organizar una nueva Mesa antes de que terminara el año, pero al final lo descartaron debido a la frenética actividad legislativa que Pedro Sánchez tiene pensada para cerrar 2022. Ahora, los independentistas lo reclaman sí o sí antes de terminar la legislatura.

Silencio programado

La última Mesa se celebró en el mes de julio y, desde entonces, se precipitó un silencio programado por parte de los dos partidos. No hubo más reuniones oficiales, pero sí cafés, intercambios de papeles, de ideas y sobre todo de voluntades para arrancar el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado.

Los socialistas pensaban que con la guinda de la malversación, que evitará la cárcel a una treintena de dirigentes de ERC que organizaron el referéndum ilegal del 1-O, los de Oriol Junqueras frenarían sus reivindicaciones. Pero el plan de los aliados de Sánchez es celebrar una cuarta Mesa; la tercera fue la de julio.

La idea de ERC es que esa última reunión reavive la hoja de ruta hacia un referéndum de autodeterminación, tal y como aprobaron este martes en su Ejecutiva. Es un límite que nadie en el PSOE está dispuesto a sobrepasar, sin fechas ni condiciones.

"Nosotros lo haríamos mañana o esta tarde, pero es una solución multilateral, por mucho que se diga, que conlleva a muchos actores políticos", aseguró este martes el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, para matizar después que si la Mesa no se ha convocado todavía es "por las agendas". Esto hace referencia a la batería de leyes sociales que el Gobierno prepara para soterrar la malversación y encauzar el año electoral.

En el grupo republicano confían en que el PSOE brindará esa última cita antes del verano, aunque la agenda no está ni siquiera pactada. Entre los socialistas, no obstante, reina el desconcierto ante un socio insaciable en sus peticiones.

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Dos almas en Ferraz

Cambiar los delitos de malversación y sedición supuso una de las decisiones más difíciles para el Gobierno. La reforma empezó a redactarse –en paralelo a los indultos– en la etapa del anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y se discutió durante la primera Mesa de diálogo, en febrero de 2020. Quedó congelada hasta hace un mes, cuando Sánchez la desempolvó para cerrar el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado.

A pesar de toda la polémica, en el Gobierno defienden que la reforma es necesaria. El argumento es que se trata del último resorte para desinflamar Cataluña, que recupera el sistema judicial anterior a la reforma del PP en 2015 y que despenaliza las protestas. Todo eso es cierto también entre bastidores, pero encubre los pactos tácticos para sacar adelante la legislatura.

Desde entonces, en Ferraz conviven dos posturas. La primera habla de logros, de un Gobierno fuerte que ha conseguido que ERC renuncie a la unilateralidad del referéndum y que ha pacificado el conflicto. La segunda, como ejemplificó este martes Emiliano García-Page, estalla contra unas concesiones que consideran injustificables.

La lectura va más allá. El Gobierno quiere que 2023 quede despejado de asuntos que puedan provocar conflicto de cara a las municipales y autonómicas de mayo y, más adelante, a las generales de final de año. Si todo sale según lo esperado, otro gallo cantará en ERC después de las elecciones.

"A partir de entonces, si Sánchez sigue como presidente, empezará otra legislatura y se repartirán de nuevo las cartas".