La fórmula de referéndum pactado propuesta por Oriol Junqueras —que el Gobierno rechaza, de momento— permitiría a Cataluña declarar la independencia con el apoyo de sólo el 22% de su población.

El líder de ERC expone unas condiciones similares a las que la UE estableció para reconocer la independencia de Montenegro en el referéndum celebrado el 21 de mayo de 2006: una participación superior al 50% del censo y que el sí represente más del 55% de los votos emitidos. 

En aquel plebiscito, se produjo una gran movilización: la participación alcanzó el 86,3% del censo, que era de 484.718 votantes. Finalmente se alzó el sí con el 55,5% del voto, lo que superaba levemente el mínimo fijado por la UE.

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Junqueras reclama que tengan derecho al voto en este referéndum todos los residentes en Cataluña mayores de 16 años, así como los catalanes residentes en el extranjero con derecho a voto, lo que arrojaría un censo que ronda las 6.400.000 personas. De esta cifra total, el sí podría imponerse con el apoyo de 1.760.000 votantes, lo que supone algo más del 22% de la población total de Cataluña. 

El líder de ERC cita en su ponencia tres precedentes, que forman parte del imaginario clásico del independentismo catalán: la Ley de Claridad de Canadá, el referéndum de secesión de Escocia de 2014 y el de Montenegro de 2006.

Pero el socio del Gobierno sólo menciona los elementos que le resultan más favorables de estos tres ejemplos. La Constitución por la que Serbia y Montenegro se unieron en un solo Estado en 1992 (tras la descomposición de la antigua Yugoslavia que dio paso a la guerra de los Balcanes), ya establecía la fórmula para que ambos países pudieran elegir luego su destino por separado mediante un plebiscito. Algo que no permite la Constitución Española. 

Junqueras pide que puedan votar en su consulta de independencia todos los residentes en Cataluña mayores de 16 años, como ocurrió en la consulta celebrada en Escocia el 18 de septiembre de 2014.

Adiós a la vía escocesa

En aquel referéndum se registró una elevada participación, que alcanzó el 84,6% del censo. Pero finalmente el 55,3% votó "no" a la pregunta planteada: "¿Debería Escocia ser un país independiente?".

Sin embargo, Oriol Junqueras olvida mencionar que esta puerta se ha cerrado ahora. La ministra principal de los escoceses, Nicola Sturgeon, había anunciado el pasado mes de junio la voluntad de celebrar un nuevo referéndum de independencia.

Pero el Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictaminado que el Parlamento autónomo de Escocia no tiene competencias para convocar dicho referéndum sin el consentimiento del Gobierno de Londres. La Justicia del Reino Unido declara de este modo ilegal la vía "unilateral" que hasta hace poco defendía Junqueras. 

Pero la Ley de Claridad de Canadá que menciona el líder de ERC es un ejemplo aún más letal para el independentismo catalán. La provincia francófona de Quebec había convocado dos referéndums de independencia 1980 y 1995. Como siempre ganaba el "no", los políticos secesionistas ya anunciaban una nueva consulta: hasta que por fin gane el "sí".

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La Corte Suprema de Canadá determinó, en una resolución dictada el 20 de agosto de 1998, que una declaración unilateral de independencia de Quebec no estaría amparada por el derecho internacional. Pero también estableció que el Gobierno nacional debería negociar las condiciones de este proceso, si los habitantes de Quebec expresaban de forma clara e inequívoca su voluntad de constituir un Estado propio.

En consecuencia, el Parlamento de Canadá aprobó en marzo de 2000 la Ley de Claridad que, en la práctica, ha dejado herido de muerte al movimiento independentista quebequés.

La norma recuerda que la emancipación de una provincia sólo sería posible mediante una reforma de la Constitución, lo que requiere un acuerdo en el que deben tomar parte los gobiernos de todas las provincias y el Gobierno central de Canadá. Porque es un asunto que compete a toda la nación, y no sólo a la región que decide independizarse.

En consecuencia, establece que para celebrar un referéndum de secesión, la pregunta debe ser aprobada previamente por la Cámara de los Comunes (el equivalente al Congreso de los Diputados), que además deberá luego determinar si el resultado de la consulta responde a la voluntad mayoritaria inequívoca de los habitantes de la región.

Junqueras prefiere Montenegro

Y para ello examinará factores como el nivel de participación sobre el censo, el porcentaje total de votos favorables y su distribución geográfica. 

Para llegar a esta conclusión, la Cámara de los Comunes debe tener en cuenta "las opiniones de todos los partidos políticos representados en la asamblea legislativa de la provincia cuyo gobierno propuso el referéndum sobre la separación", las resoluciones y declaraciones oficiales del Senado y de los gobiernos o asambleas legislativas del resto de provincias, así como las "resoluciones o declaraciones oficiales de los representantes de los pueblos indígenas de Canadá".

Por último, todas estas instancias deben ser consultadas también para acordar la reforma de la Constitución. Estas condiciones son tan férreas, que desde la entrada en vigor de la Ley de Claridad, ni Quebec ni ninguna otra provincia de Canadá ha vuelto a celebrar un referéndum de secesión.

Por eso Junqueras mira ahora a Montenegro, cuya Constitución (a diferencia de la española) sí permitía desde el primer día la celebración de un plebiscito de independencia.