Moncloa prepara un 'plan b' por temor a que el Constitucional frene su reforma el lunes

De hecho, fuentes de Moncloa explican que temen seriamente que esta posibilidad se produzca como consecuencia de la petición de medidas cautelares solicitadas por el PP, según la información de que disponen sobre la correlación de fuerzas en el Tribunal.

Por eso, estas fuentes explican que trabajan en buscar vías alternativas ante una situación que sería insólita y que dejaría en un limbo desconocido la proposición de ley hasta que el Tribunal Constitucional en el futuro decida sobre el fondo del asunto. El plan B para intentar aprobar esos cambios legales se presenta complicado y trabajarán en ello hasta el lunes, pero el Gobierno prepara cómo salir de esa situación de crisis institucional.

No obstante, tanto Moncloa como el PSOE explican que no es posible la suspensión cautelar, que no hay precedentes y que carece de sentido que el Constitucional frene la tramitación de la proposición de ley. Su tesis sigue siendo que hay una concertación entre el PP y los magistrados afines en el Constitucional, como la hay hace tiempo con la mayoría conservadora del Consejo General del POder Judicial.

Incluso, explican que aunque hay doctrina que declaró inconstitucional la vía de incluir enmiendas a normas con contenido diferente durante el trámite parlamentario, esta ha sido una práctica habitual utilizada por todos los gobiernos con flexibilidad de las mesas del Congreso y de las diferentes comisiones del Congreso. 

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No sería fácil, según fuentes parlamentarias, que el Gobierno, a través del Grupo Socialista, pudiera plantear una nueva proposición de ley de idéntico contenido para que se tramitara de forma autónoma y, por supuesto, también urgentemente.

Hay que tener en cuenta que el recurso de amparo del PP alega vulneración de derechos fundamentales de sus diputados no por el contenido de las enmiendas, sino porque fueron incluidas dentro de una proposición de ley que no tiene nada que ver con el CGPJ, sino que sirve para modificar el Código Penal.

Fuentes socialistas explican que, en principio y sólo como hipótesis, sería difícil que el Grupo Socialista retirara la proposición de ley e iniciara de nuevo el trámite parlamentario con la de reforma del Código Penal sobre los delitos de malversación y sedición por un lado y, por otro, la reforma del CGPJ, puesto que la proposición ya ha sido votada dos veces en el Pleno del Congreso y una en la Comisión de Justicia. 

Es decir, la proposición de ley ya no pertenece al proponente, sino a las Cortes para ir camino del Senado, según fuentes parlamentarias.

Abrir el Congreso en enero

La dificultad, por tanto, es iniciar el trámite con una cuestión ya votada. Podría intentarse con una proposición de otro grupo afín y superar el trámite de calificación en la Mesa. El texto presentado no estaría afectado por los motivos alegados por el PP en su recurso y subsanaría ese “defecto”, porque la reforma de la ley del CGPJ ya no estaría incluida como enmiendas en otro texto ajeno.

De hecho, si el Gobierno hubiera hecho eso desde el principio, el PP no tendría motivos para presentar su recurso de amparo y mucho menos para solicitar la suspensión cautelar de la tramitación.

Fuentes parlamentarias creen probable que el Congreso tenga que habilitar el mes de enero para tramitar leyes atascadas y, por tanto, habría opciones de tramitar un eventual plan B.

Además de lo estrictamente reglamentario, la preocupación de Moncloa se extiende a la situación en que quedarían las instituciones si el Tribunal Constitucional opta el lunes por frenar la tramitación.

"Atropellar la democracia"

Obviamente, no hay precedentes de una situación similar. Hay que tener en cuenta que la sola amenaza de que eso pudiera ocurrir el jueves provocó ya un aluvión de declaraciones de miembros del Gobierno advirtiendo al Tribunal de las graves consecuencias que tendría. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha reiterado la advertencia este viernes.

Los argumentarios distribuidos a los ministros y dirigentes socialistas ese día incluían esas advertencias y muchos de ellos repitieron idénticas expresiones.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló en Bruselas que hay "un intento de atropellar la democracia por parte de la derecha política y de la derecha judicial". En este último grupo se supone que se incluyen los magistrados del Tribunal Constitucional.

En la lectura política de la crisis, fuentes socialistas explican que la reacción del PP, su recurso ante el Constitucional y el pleno del jueves ha servido para reforzar la unidad del partido, en un momento delicado, sobre todo, por la rebaja de las penas de la malversación.

El 'pegamento' de la derecha

De nuevo, la acción de la derecha ha servido como pegamento también del bloque de investidura, según quedó patente durante el debate de la proposición de ley en el pleno del Congreso.

“La malversación ha quedado en segundo plano por el ruido de la amenaza de suspensión de la votación en el Congreso”, explican. Lo mismo ocurre con la polémica “ley trans” que será aprobada el próximo jueves sin las correcciones y garantías que pretendía el PSOE.

Además, las amenazas exteriores, esta vez la supuesta conspiración de las "derechas mediáticas, políticas y judiciales” moviliza a sus electores, incluso a los molestos con esas reformas legales.

En ese debate, el portavoz del PSOE fue Felipe Sicilia, con un discurso en el que atribuyó al PP el intento golpe de Estado del 23-F. El discurso fue aplaudido por sus compañeros de escaño, pero diputados socialistas consideran exagerado y desproporcionado, además de erróneas, esas palabras.

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De hecho, el ministro Bolaños hizo el viernes una referencia que puede ser interpretada como una “corrección” a las palabras de Sicilia. “Todos tenemos la obligación de cuidar la convivencia, de debatir con pasión pero con respeto al adversario, sin palabras gruesas que igual te dan un minuto de gloria en la TV por no aportan nada a la convivencia”, dijo Bolaños.

Otro efecto político analizado por los socialistas es el del resurgimiento de Vox en las últimas semanas, después de algunos meses en los que parecían languidecer y no encontrar hueco político.

La radicalización y polarización favorecen a los extremos, porque se encuentran más cómodos en la hipérbole.

Este efecto puede tener repercusión en la estrategia de Alberto Núñez Feijóo, según explican.