El Congreso y el Senado “acatan” la decisión del TC y el Gobierno habla de “gravedad máxima"

Las Cortes Generales, representadas por los presidentes del Congreso y del Senado, han "acatado" la histórica decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de la reforma judicial para cambiar el sistema de elección de magistrados en el TC auspiciada por el Gobierno por la vía de enmienda. Moncloa ha hecho lo propio, aunque ha avisado: "Lo ocurrido es de una gravedad máxima". 

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha proclamado ya en la madrugada de este martes que, "con la lealtad institucional que practica el Gobierno", la resolución adoptada por el tribunal de garantías -que finalmente ha atendido al recurso de amparo presentado por el PP para frenar los cambios en las leyes del Poder Judicial y del TC- "debe acatarse". Acto seguido, ha agregado: "Pese a que no compartamos ni el insólito procedimiento, ni el fondo de la decisión, nunca antes visto en las Cortes Generales".

En una declaración institucional, Bolaños ha puesto el foco en que el Alto Tribunal ha adoptado la "decisión más grave en su historia" en un tiempo "inusualmente breve y con la mayoría más exigua, 6 votos frente a 5".  

El ministro de la Presidencia ha sustentado su crítica en dos puntos. El primero, que "el TC ha detenido la acción legislativa de los representantes legítimos del pueblo español, algo que nunca había sucedido en 44 años y que afecta a la separación de Poderes". A su juicio, "la ley no confiere al Constitucional la posibilidad de paralizar la actuación de las Cortes Generales. Esa facultad existía y en 1985 se derogó para evitar lo que ha ocurrido hoy". 

Y el segundo, que "el TC ha paralizado su propia renovación, que lleva pendiente 6 meses. Y lo han hecho algunos magistrados con el mandato caducado que, con su voto, han decidido su propio futuro".

Según ha expresado Bolaños, tras este hecho se abre un conflicto entre quienes cumplen la Constitución y quienes "la incumplen desde hace cuatro años". Sobre la ofensiva planteada por el PP se ha mostrado especialmente duro al subrayar que Feijóo quiere "controlar el Parlamento cuando es mayoría y cuando no lo es con sus recursos, quiere decir qué se aprueba y qué no se aprueba". Por ello, ha advertido: "Hoy se ha abierto esa puerta y no sabemos a dónde nos conducirá". 

En cualquier caso, Bolaños ha querido dejar claro que el Gobierno "seguirá actuando siempre en el marco de la ley y de la Constitución, protegiendo el Estado de derecho". Así, ha aseverado, se construyó la democracia y así se preservará. "La democracia y la Constitución, al igual que la verdad, siempre se abrirán camino a pesar de las dificultades", ha expresado. 

Poco antes se ha pronunciado en unos términos similares de cumplimiento y crítica hacia la resolución judicial la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que ha ratificado que la Cámara también asumirá la decisión del TC. Aunque ha defendido que pedirá ser "oída" en el procedimiento para defender "la autonomía parlamentaria y las funciones del legislativo". 

La tercera autoridad del Estado ha expresado su "preocupación" por este hecho "sin precedentes". Especialmente por los efectos que pueda tener en el "funcionamiento del legislativo". Según su parecer, "se posibilita que la interrupción de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado con la interposición de un recurso de amparo". 

Más duro ha sido, desde luego, el presidente del Senado, Ander Gil, que ha adelantado que estudiará las vías para "preservar la autonomía parlamentaria" tras advertir que se está dando "un paso de difícil retorno". Según él, la involiabilidad de las Cortes "queda comprometida". 

"Supone un triste punto de inflexión en la historia reciente. En cuarenta y cuatro años de democracia, jamás se había despojado a las Cortes Generales de su facultad de legislar. Su inviolabilidad queda de este modo seriamente comprometida", ha denunciado el presidente de la Cámara Alta. 

Al igual que Bolaños, Ander Gil ha señalado "la gravedad de la situación", ya que "se está dando un paso de difícil retorno en la degradación del sistema democrático", ha alertado. En su comparecencia desde el Senado ha considerado que "sustraer" al poder legislativo una tramitación y votación parlamentaria es un "grave quebranto del sistema democrático y conduce a todos a una crisis institucional". 

El presidente del Senado ha cargado contra la "instrumentalización" del TC, que se ha sumado "al profundo menoscabo de las instituciones del Estado generado por el injustificable bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del propio Constitucional".

En ese sentido, Gil ha cargado las tintas de forma velada contra el Partido Popular, que "irresponsablemente" ha tratado de obtener del Tribunal lo no puede extraer "del debate legislativo ante las Cámaras".