El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Gobierno hará todo lo necesario "conforme a la Constitución para poner fin al injustificable bloqueo del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".
En una comparecencia institucional, Sánchez ha asegurado que acata "la decisión de la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional", que el lunes acordó suspender cautelarmente la tramitación de las dos enmiendas introducidas en la reforma del Código Penal, con las que el PSOE y Unidas Podemos pretendían modificar el sistema de elección de los magistrados del TC.
Sánchez ha calificado de "hecho grave" la resolución del Constitucional, ya que, ha dicho, "por primera vez se impide a los representantes legítimos elegidos por los españoles que realicen su función de representación, debate y legislación".
Un hecho que, ha asegurado, "no tienen precedente en ningún país del espacio europeo".
"Comprendo la indignación de los ciudadanos al sentir vulnerados sus derechos de representación", ha dicho el presidente del Gobierno en una comparecencia transmitida en directo desde la Moncloa, "comprendo la preocupación de los ciudadanos, que contemplan desconcertados un choque institucional tan inédito".
Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno acata la decisión tomada por la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional
Pese al alarmismo que el propio Gobierno se ha encargado de transmitir en las últimas horas, Pedro Sánchez ha enviado a los ciudadanos "un mensaje de serenidad": "España es una de las grandes democracias europeas", ha dicho, "tiene mecanismos para superar una situación de esta naturaleza, que no pueden ni van a ser otros que el cumplimiento de la Ley y la Constitución".
"En momentos de incertidumbre", ha agregado Sánchez, "se precisa serenidad y firmeza para hacer prevalecer el respeto a la Constitución y la voluntad popular expresada libremente en las elecciones".
El presidente del Gobierno ha puesto el énfasis en destacar que la decisión del TC ha sido adoptada exclusivamente por "la actual mayoría conservadora", por un apurado resultado de seis votos a favor y cinco en contra.
Pero ha cargado las tintas contra el PP, como responsable del "injustificable bloqueo" que sufren el Constitucional y el órgano de gobierno de los jueces.
Sánchez ha acusado al PP de "incumplir el mandato constitucional" con el "único propósito de mantener [en el Tribunal Constitucional] una composición anterior y más favorable para su orientación".
Primero el equipo de Pablo Casado y luego el de Alberto Núñez Feijóo, ha enumerado el presidente, han "arrojado distintos pretextos y excusas para retener por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas".
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Tras una maratoniana sesión, el Tribunal de Garantías adoptó el acuerdo en la noche del lunes en medio de una enorme división, por seis votos a favor (los de la mayoría conservadora) y cinco en contra (correspondientes a los magistrados elegidos por el bloque de izquierdas).
El grupo de Unidas Podemos había presentado un escrito con el que intentó apartar de las deliberaciones al presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, por considerar que tenían un "interés directo": ambos serán sustituidos por los dos magistrados a los que ya ha designado el Gobierno. Sin embargo, este recurso fue inadmitido por falta de legitimación, ya que Unidas Podemos no es parte en el procedimiento.
A través de las dos enmiendas que ha suspendido el TC, el Gobierno pretendía eliminar la mayoría cualificada de dos tercios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para elegir a sus dos representantes en el Constitucional.
Además, concedía un plazo a los vocales del CGPJ para alcanzar el acuerdo, bajo la amenaza de incurrir en un delito de desobediencia, y retiraba al Tribunal Constitucional la potestad de evaluar la idoneidad de sus nuevos magistrados, antes de que tomen posesión de su cargo.
El Constitucional ha suspendido la tramitación de ambas disposiciones —sin entrar todavía a valorar su posible inconstitucionalidad—, porque la Mesa del Congreso las tramitó como enmiendas al Código Penal, por tanto, sin los preceptivos informes de órganos consultivos y con un debate parlamentario reducido a la mínima expresión.
Tras la resolución del Constitucional, la Mesa del Senado ha acordado seguir tramitando la reforma del Código Penal (sin las enmiendas suspendidas), que deroga el delito de sedición y rebaja las penas al de malversación a la carta para los condenados del 1-O: previsiblemente será aprobada este jueves por el Pleno del Senado.