Bruselas considera que la pieza clave para desatascar la profunda crisis institucional que vive España es la renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva ya cuatro años caducado. El comisario europeo de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular hayan suspendido las negociaciones sobre el órgano de gobierno de los jueces y les ha reclamado que reconsideren su posición y vuelvan a la mesa de diálogo.
En pleno choque entre el Tribunal Constitucional (TC) y el Gobierno de Sánchez por la reforma exprés sobre el sistema de elección del máximo órgano de garantías promovida por PSOE y Unidas Podemos, Reynders ha publicado este miércoles un hilo en Twitter en el que lo que más llama la atención es precisamente la ausencia de cualquier mención al TC.
El comisario de Justicia pone el foco exclusivamente en la parálisis del órgano de gobierno de los jueces. "Lamento escuchar que en España se han suspendido las negociaciones sobre la renovación del CGPJ, que ha venido actuado en funciones desde diciembre de 2018. La posición de la Comisión Europea al respecto ya es bien conocida", denuncia Reynders.
"La Comisión Europea ha recomendado a España proceder a la renovación del CGPJ con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, una reforma con el objetivo de ajustar el nombramiento de sus miembros jueces, teniendo en cuenta los estándares europeos", subraya el comisario de Justicia. Bruselas pide que sean los propios jueces (y no el Parlamento como ahora) los que nombren al menos a la mitad de los miembros del CGPJ.
"La Comisión Europea continúa haciendo un llamamiento a todas las partes involucradas a tomar todas las medidas necesarias para poner en práctica con éxito esta recomendación", concluye Reynders. Es decir, Bruselas reclama al Gobierno de Sánchez y al PP que vuelvan a sentarse a negociar la renovación del CGPJ, lo que a su vez permitiría desbloquear también el Tribunal Constitucional.
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El Ejecutivo comunitario sigue con enorme preocupación la crisis en España, aunque intenta limitar al máximo su intervención para que sean los actores nacionales los que encuentren una salida. Este martes, la Comisión respaldó expresamente al Tribunal Constitucional y expresó su malestar por el hecho de que Sánchez haya intentado una tramitación exprés de su reforma, sin consultar a la judicatura ni a la Comisión de Venencia.
En este contexto, Bruselas señala que corresponde al Tribunal Constitucional dirimir cualquier duda o queja sobre la reforma y las autoridades deben respetar sus decisiones. En este sentido, el Ejecutivo comunitario celebra que tanto el Gobierno de Sánchez como los presidentes de Congreso y Senado hayan anunciado que acatan el fallo del Constitucional.
Para el Ejecutivo comunitario, la "raíz de todo" es la falta de renovación del CGPJ, que ha creado "una podredumbre que se ha extendido a otros órganos", según explican a este periódico fuentes comunitarias. A su vez, la reacción del Gobierno de Sánchez para resolver este bloqueo "ha ido creando problemas añadidos que no se justifican -ni pueden justificarse- por el problema inicial".
Pese a ello, la Comisión Europea se resiste a implicarse de lleno a la crisis, aunque desde España le llegan cada vez más peticiones en este sentido. "Mientras funcionen las instituciones, y de momento funcionan, no nos corresponde intervenir. España es un país soberano con una democracia plena, no un protectorado", aducen las fuentes consultadas.