El presidente del Senado, Ander Gil, durante la sesión plenaria en el Senado de este jueves.
El Senado rebaja la malversación y deroga la sedición por 140 votos a favor y 118 en contra
Ander Gil dio paso a la votación con una crítica al Tribunal Constitucional por no dejar a la Cámara ejercer sus "legítimas competencias".
22 diciembre, 2022 14:45El Pleno del Senado ha aprobado este jueves definitivamente la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y rebaja las penas para la malversación. Con 140 votos a favor, 118 votos en contra y 3 abstenciones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante esta iniciativa que atiende algunas de las principales reivindicaciones que le había planteado ERC.
Pero no es una victoria completa. La Cámara Alta ha ratificado la norma sin las dos enmiendas con las que PSOE y Unidas Podemos pretendían alterar el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. El propio TC suspendió el lunes cautelarmente la tramitación de estas dos enmiendas, a instancias del PP, por considerar que el procedimiento empleado es dudosamente constitucional.
La reforma ha obtenido la mayoría gracias a la suma del PSOE, ERC, Bildu, PNV y Més per Mallorca. Han votado en contra el PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Junts, PRC, Coalición Canaria, Teruel Existe, PAR y los dos parlamentarios independientes. Además, los senadores de Más Madrid, Geroa Bai y Compromís han decidido abstenerse.
Los líderes del procés, los barones díscolos del PSOE y los casos de corrupción en uno y otro partido han protagonizado una bronca sesión, en la que ha sonado de fondo la Lotería de la Navidad.
Durante cerca de cuatro horas, se han desarrollado en el Senado dos debates paralelos. PP, Vox, Cs y UPN han denunciado que la reforma está hecha a la medida de los dirigentes independentistas condenados por el 1-O: permitirá a Junqueras presentarse a las elecciones el próximo año y facilitará el regreso a España de Carles Puigdemont sin apenas reproche penal.
"Legislar ad hominem es corrupción", ha advertido la senadora de Ciudadanos (Cs) Ruth Goñi, quien ha cifrado en 526 los políticos condenados por corrupción, que pueden verse beneficiados ahora por la rebaja de penas del delito de malversación.
Por su parte, el PSOE y sus socios han eludido en todo momento esta cuestión y han puesto en duda la legitimidad del Tribunal Constitucional para suspender la tramitación de las dos enmiendas que modificaban el sistema de elección de sus magistrados.
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El propio presidente del Senado, Ander Gil, al dar paso a la votación, ha reprochado al Constitucional que haya impedido a la Cámara ejercer sus "competencias legítimas".
El senador Pablo Gómez Perpinyà (de Más Madrid/Más País) ha ido bastante más lejos al calificar de "ilegítimo" al Tribunal Constitucional. También ha sostenido que dos de sus magistrados han cometido una "prevaricación de libro" al "tomar partido en su propia recusación", ha dicho en alusión al presidente del TC, Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez.
"¿No les avergüenza?"
El magistrado y senador del PP Fernando de Rosa ha protagonizado una intervención explosiva, en la que ha afirmado que durante el próximo mes de enero "vamos a tener un baile de corruptos, violadores y pederastas saliendo a la calle", debido a la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí y la reforma del Código Penal.
"Llevamos ya 100 sentencias revisadas y 20 violadores y pederastas han salido a la calle", ha indicado, "¿cada vez que sale un violador sale a la calle no se sonrojan? Ha sido con su voto".
Con los votos de los socialistas a partir de mañana los corruptos verán rebajadas las penas y algunos saldrán en libertad como en la ley de si es si que ya van más de 100 agresores sexuales @ppopular @ppcv @PPSenado @popularsval @Abierto_PP pic.twitter.com/ObIe4fe0qf
— Fernando de Rosa (@fernandoderosa4) December 22, 2022
Y ha insistido: "¿Les avergüenza?, mírenme a la cara. No tengan bajo su conciencia la salida de corruptos, violadores y pederastas. El PP va a recordar todos los días que el PSOE ha sacado lo peor de las cárceles". Ha sido el momento más tenso del debate.
Los grupos de la oposición también han utilizado como argumento las críticas que varios barones socialistas, como el presidente de Aragón, Javier Lamban, o el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, han planteado a esta reforma del Código Penal. PP, Vox, UPN y Ciudadanos han recordado estas críticas para pedir a los senadores del PSOE que se rebelen contra Pedro Sánchez y voten en contra de la reforma.
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La senadora del PP Salomé Pradas ha aventurado que el PSOE rebaja las penas por malversación para preparar el terreno ante una posible condena de dirigentes socialistas valencianos de Ximo Puig que están investigados en el caso Azud.
Los socialistas han sugerido que también podría beneficiarse la alcaldesa de Marbella (que de momento no está investigada en ninguna causa) y han argumentado que su reforma crea un nuevo delito, el de "enriquecimiento ilícito".
La proposición de ley ha salido adelante después de que la Cámara Alta rechazara cuatro propuestas de veto. Tres de ellas habían sido presentadas por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos y la última por los independentistas de Junts.
La proposición de ley que ha aprobado este jueves el Senado también introduce una nota aclaratoria en la exposición de motivos del Código Penal, con la que PSOE y Podemos intentan frenar las rebajas de penas a agresores sexuales provocadas por la entrada en vigor de la Ley del sólo sí es sí.
Los juristas tienen serias dudas sobre la efectividad de esta última medida, dado que la exposición de motivos de una ley no tiene ningún valor normativo vinculante.
La reforma que se ha aprobado este jueves en la Cámara Alta afecta de lleno a los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del procés y beneficiará a los dirigentes independentistas aún pendientes de juicio.
El delito de sedición desaparece, para convertirse en uno agravado de desórdenes públicos, y la pena máxima de 15 años de cárcel pasa a ser de sólo cinco.
Mientras, el castigo máximo para la malversación sin ánimo de lucro se rebajará a 4 años, cuando ahora se pueden imponer hasta 8 años y se puede llegar a los 12 si la cantidad malversada supera los 250.000 euros.
