Moncloa diseñó la reforma de la elección del TC para tapar la polémica por la rebaja de la malversación

Se hizo así de forma consciente para mitigar los efectos negativos que sabían que tendría la rebaja de delitos vinculados a la corrupción, según fuentes de Moncloa y del Grupo Socialista del Congreso.

La preparación de ambas iniciativas se hizo por separado, en alguno de los casos, desde hace meses. Se buscó en la parte socialista del Gobierno la manera de aterrizar esas reformas legales en la opinión pública y evitar disonancias en el partido.

Fuentes del Gobierno admiten que desde el principio fueron conscientes de que retocar ambos delitos -sedición y malversación- tendría un coste electoral evidente.

Por eso, tan importante como los textos legales era la forma de tramitarla y cómo presentar los acuerdos para hacerlo.

Cronológicamente, hace casi dos años empezó ya a prepararse lo que el Gobierno llama la “desjudicialización” de la política catalana, es decir, el alivio penal de los condenados y acusados por el proceso independentista de 2017.

Pedro Sánchez entendía y entiende que uno de sus activos electorales puede ser la desactivación del independentismo en Cataluña, tras los graves incidentes que tuvo que afrontar su  Gobierno cuando se conoció la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. Además, obviamente, está la necesidad de mantener el acuerdo de investidura con ERC que hablaba “del reconocimiento de que existe un conflicto de naturaleza política en relación al futuro político de Cataluña. Como cualquier conflicto de esta naturaleza, solo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo”. 

En paralelo a la tramitación de los indultos, en el Ministerio de Justicia que entonces encabezaba Juan Carlos Campo, próximo magistrado del Tribunal Constitucional, empezaron los trabajos para la reforma del Código Penal.

El argumentario

Para facilitar el argumentario basado en la excusa de equiparar el delito de sedición con la regulación en Europa, el trabajo en Justicia consistió en recopilar todos los delitos que no son acordes con las tipificaciones previstas en otros países de la UE.

De esos trabajos salió una propuesta detallada y amplia que afectaba a delitos como los de libertad de expresión o los de defensa del medioambiente, entre otros.

La propuesta fue frenada por Moncloa y se quedó en un cajón cuando en julio de 2021 fue destituido Campo.

El asunto fue recuperado un año después, al reanudarse la actividad de la Mesa de diálogo con Cataluña. La decisión fue entonces olvidar la propuesta diseñada por Campo y centrarse en la sedición y la malversación.

Inicialmente, Moncloa incluyó en sus argumentarios la explicación de que no había mayoría parlamentaria suficiente para afrontar la reforma de la sedición y, directamente, apartar la opción de la malversación.

Obviamente, sí había tal mayoría en el bloque de investidura, tal y como se ha visto posteriormente en el trámite parlamentario. Nada menos que 184 votos, muy por encima de la mayoría absoluta del Congreso.

Desde el principio, Moncloa negoció con ERC la reforma de la malversación, entre otras cosas, porque sin esa modificación no tiene prácticamente efecto la de la sedición.

Fuentes de ERC explican que pusieron sobre la mesa que su objetivo era favorecer a los más de treinta altos cargos de la Generalitat que están pendientes de juicio por utilizar fondos públicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

También se tomó la decisión en el Gobierno de tramitarlo en todo caso como proposición de ley del Grupo Socialista y no como proyecto de ley del Ejecutivo, porque eso exigiría informes no vinculantes de instituciones como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, y dos vueltas por el Consejo de Ministros. Es decir, además de prolongar la polémica supondría que no se aprobaría hasta bien entrado 2023, cerca de las elecciones municipales y autonómicas.

Hasta el último momento se evitó confirmar que se tocaría la malversación, De hecho, se pactó con ERC que este partido lo presentaría como enmienda propia a la reforma de la sedición.

Esa enmienda iría más lejos de las pretensiones del Gobierno. Es decir, supondría en la práctica la despenalización de los hechos ocurridos en 2017.

Luego, sería el Grupo Socialista con una enmienda transaccional negociada el que limitaría ese efecto con una reducción de penas que, en caso de que no haya lucro y no se afecte al servicio, pueda suponer penas de inhabilitación y multa. El resultado es que los acusados en Cataluña podrían pasar de enfrentarse de seis años de cárcel a tres años de inhabilitación, tal y como se había pactado.

Con esa enmienda transaccional, el Gobierno podía defender que se ha logrado que los hechos no queden impunes y que ERC ha dado el paso importante de admitir de manera implícita que lo que se hizo en 2017 fue delictivo. Este argumento fue trasladado en esos días por la número dos del PSOE, María Jesús Montero, a todos los barones regionales socialistas y sigue siendo la base del argumentario del Gobierno.

También desde el Ministerio de Justicia se aportó el cumplimiento de una petición antigua de organismos internacionales para tipificar el delito de enriquecimiento no justificado, y encubrir así la rebaja de las penas de malversación.

Operación de camuflaje

A esa operación de camuflaje o señuelo, se unió la decisión de Moncloa de afrontar la ofensiva para renovar el Tribunal Constitucional dentro de la misma proposición de ley de la sedición y la malversación.

Como ya es sabido, esa manera de legislar, que consiste en incluir enmiendas en proposiciones de ley referidas a temas diferentes, ha sido reiteradamente rechazada por el Tribunal Constitucional, y así está establecida en su doctrina. Hasta ahora, no obstante, ese reproche se produce años después de la aprobación y aplicación de la norma y, por tanto, sin efectos prácticos, y con ello contaba el Gobeirno.

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De hecho, es el motivo del recurso de amparo del PP que ha servido para que el Constitucional frene la tramitación de la enmienda de reforma de la ley del CGPJ que debía servir para renovar el Alto tribunal.

El Gobierno explica que no preveía tal recurso ni mucho menos la decisión del Constitucional, pero sí daba por hecho el ruido por esa reforma. Un ruido suficiente como para mitigar el efecto negativo de la reforma de la malversación que empezó a manifestarse en declaraciones de barones regionales del PSOE como Emiliano García-Page y Javier Lambán, entre otros.

Finalmente, la estrategia del PP le ha servido al Gobierno y al PSOE para tapar la rebaja de la malversación. Tanto que ha terminado subiéndose a ella con alguna sobreactuación al reaccionar a la decisión del Constitucional.

Ahora, vendrá la etapa en la que se producirán peticiones de reducciones de condena para convictos por corrupción, intentando acogerse a la nueva legislación. 

Moncloa explica que no se producirán tales reducciones por la forma en la que se ha elaborado la enmienda. Niegan que vaya a ocurrir lo mismo que con la ley del sólo sí es sí que ya ha provocado más de 120 reducciones de condena en toda España.

Otras fuentes del Gobierno, que no han participado directamente en la elaboración de la reforma legal, afrontan con mucho más temor la entrada en vigor, el 12 de enero, del cambio del Código Penal. Ese temor está avalado por lo que transmite estos días la Fiscalía Anticorrupción sobre la obligación de revisar condenas y peticiones de penas para asuntos abiertos.

Como continuación de esa estrategia, para entonces se estará tramitando de nuevo la proposición de ley que reforma la ley del CGPJ para renovar el Tribunal Constitucional. De nuevo, la dura polémica durante el mes de enero mitigará el efecto de la rebaja de la malversación.