El Gobierno aprobará este martes el tercer plan anticrisis de la legislatura, pero la estrategia sobre cómo hacerlo no está clara a falta de 24 horas para su aprobación. Desde Unidas Podemos insisten en un cheque de de 300 euros que llegaría a entre 7 y 8 millones de familias; el Ministerio de Hacienda, en cambio, se inclina por una bajada del IVA a determinados productos.
Esta suerte de aguinaldo de Podemos, por el que sus ministros llevan presionando desde hace semanas –y que empezó siendo de 500 euros– se enmarca en un plan mucho más ambicioso por el que el PSOE no está dispuesto a pasar. Los morados, aseguran fuentes ministeriales, llevan desde el inicio de la negociación presionando por prorrogar las ayudas al transporte público y topar los precios de alquileres e hipotecas variables.
Es un frente en el que coincide toda la cúpula de Unidas Podemos, que durante los últimos días han sacado músculo de su cheque. En concreto Yolanda Díaz, que no suele mojarse durante las negociaciones del Ejecutivo, ya aseguró hace una semana que rechazaba las "bajadas generalizadas de impuestos" que propone Hacienda.
"No arregla los problemas de la cesta de la compra. Si me dijera específicamente que bajase el IVA del pescado al 4% le diría que sí", precisó. Es decir, que está a favor de las rebajas específicas de impuestos –por ejemplo, por renta– y la adhesión de las grandes superficies a las rebajas cooperativas.
En la misma línea se ha situado este lunes la secretaria de Estado de Agenda 2030 y secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge. La plana mayor de los morados da por hecho que el cheque de 300 euros saldrá adelante, por lo que centra sus esfuerzos en topar los precios de alquileres e hipotecas para ampliar el llamado escudo social, como se hizo durante la pandemia. De momento, sin mucho éxito.
El problema se sitúa en el otro lado de la mesa de negociación, en la parte socialista del Gobierno. Tanto María Jesús Montero como Nadia Calviño, sobre todo, rechazan los topes a la vivienda y a los alimentos por no contar con el acuerdo de la patronal y porque, dicen fuentes de estos ministerios, "rompería la libre competencia". Eso sí, no hacen ascos a los 300 euros de ayuda a las familias.
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En cualquier caso no habrá sólo una medida, sino "tres o cuatro" para contener el alza de los precios. El problema será, a falta de unas horas de negociación, discernir cuáles.
Choque de posiciones
Lo único en lo que coinciden los socios es en la orientación del plan, esto es, atajar la escalada de los precios en la cesta de la compra, que no dejan de subir por culpa de inflación. Los datos del Instituto Nacional de Estadística hablan de una subida del 15,3% en el último año, apenas una décima por debajo del récord histórico.
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Las mayores trabas las ha puesto el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. La ministra de Hacienda lleva semanas estudiando alguna otra subvención en consonancia con la de 200 euros aprobada en julio, pero en ningún caso topar los precios. Así, opta más por un recorte universal del IVA, que –a pesar de no ser progresivo– sería más fácil de implantar.
Desde Podemos se opta por una aproximación mucho más ambiciosa. Los de Yolanda Díaz e Ione Belarra buscan sumar al plan la congelación de todos los alquileres –no sólo los que están en vigor–, recuperar las ayudas del 50% al transporte público y prohibir los desahucios sin alternativa habitacional. Pero han recibido poca recepción por parte del socio mayoritario.
En el caso de los desahucios y los topes, además, el problema viene de todavía más lejos, ya que es uno de los puntos pendientes de la Ley de Vivienda, atascada desde hace un año en el Ejecutivo y que fue uno de los puntos más candentes de la negociación presupuestaria.