Sánchez riega España de subsidios en año electoral: cheques para comida y más ayudas al transporte

El nuevo paquete de medidas para paliar la inflación –la más baja de la UE– ha enfrentado al Gobierno de coalición hasta última hora. Aun así, los acuerdos antes de este martes ya eran sustanciales: por un lado, mantener las bonificaciones de 20 céntimos por litro de carburante a transportistas y trabajadores del sector primario; por otro, entregar un cheque ayuda de 200 euros a cerca de 5 millones de familias vulnerables y pensionistas. La idea inicial de Podemos era inyectar 300 euros a 8 millones.

Estas dos medidas juntas, aseguran fuentes ministeriales, tienen un doble objetivo. La inyección directa está pensada para ayudar a sobrellevar la escalada de precios en la cesta de la compra, pero en segundo término también ayudaría a compensar el final de las bonificaciones al diésel y la gasolina, que desde el 1 de abril tenían un carácter general.

Todo queda pendiente de posibles sorpresas de última hora, como podría ser la rebaja del IVA de determinados productos al superreducido 4%, un tema que lleva semanas discutiéndose en el Consejo de Ministros. Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que las ayudas irán también a otros sectores específicos afectados por la crisis energética, como la industria intensiva en gas y los fabricantes de cerámicas.

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El último de los consensos entre los socios es el mantenimiento, al menos en parte, de las ayudas al transporte. El plan es prorrogar la gratuidad de los billetes de trenes de Cercanías y Media Distancia para viajeros frecuentes, pero retirarla en los transportes urbanos. También se alargará la rebaja del IVA en la factura eléctrica, anterior a la guerra de Ucrania, pero poco más.

Escenificar desacuerdos, tensiones y reuniones hasta altas horas de la madrugada ha dejado de ser una novedad entre PSOE y Unidas Podemos. Eso sí, que haya una parte de teatralización no exime de que aun después de tres años de coalición no siga habiendo diferencias irreconciliables ni puentes dinamitados entre los dos socios de la coalición. Muchas de ellas están rebrotando estos días.

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El problema de siempre

En medio de la recta final de las negociaciones había resurgido un viejo problema, recurrente, que ya se le atragantó a los socios durante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado: la vivienda. Figuras destacadas de la formación morada han aireado la dificultad de la negociación en este punto, presionando a los socialistas porque sean "más ambiciosos" en sus proyectos sociales.

"No está siendo una negociación fácil", resumió este lunes la número tres de Podemos, Lilith Verstrynge. "Lo prioritario es hacerle entender al PSOE que el mayor gasto que realizan los españoles tiene que ver con el pago del alquiler y de la hipoteca y, por tanto, hay que regular estas cuestiones".

A finales de noviembre, el Gobierno pactó con Bildu alargar el tope del 2% a los alquileres a quienes tengan el contrato en vigor. Unidas Podemos apoyó entonces aquel acuerdo a cambio del voto de los independentistas, pero reclama que se congelen también para los nuevos contratos y para las hipotecas a tipo variable. El PSOE se ha negado a una cosa y la otra.

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Es prácticamente la misma pugna que llevan casi un año arrastrando para aprobar la Ley de Vivienda, que lleva atascada desde el inicio de la legislatura. Lo habitual en estos casos es que los nuevos contratos se calculen con el IPC, pero con la inflación disparada esto se traduce en subidas muy pronunciadas. El máximo del 2% pretende paliar este choque de precios, pero para Unidas Podemos sigue siendo insuficiente.

Una de las balsas a las que se agarraban los morados a falta de unas horas para cerrar la negociación era replicar el modelo que ensayaron durante los tiempos más duros de la pandemia, cuando replicaron los contratos de alquiler vencidos en las mismas condiciones en los que se habían firmado, sin ajustarse al IPC. Entonces, la prórroga duró seis meses. 

Los de Yolanda Díaz e Ione Belarra buscan sumar al plan la congelación de todos los alquileres –no sólo los que están en vigor–, recuperar las ayudas del 50% al transporte público y prohibir los desahucios sin alternativa habitacional. Pero han recibido poca recepción por parte del socio mayoritario.

En el caso de los desahucios y los topes, además, el problema viene de todavía más lejos, ya que es uno de los puntos pendientes de la Ley de Vivienda, atascada desde hace un año en el Ejecutivo y que fue uno de los puntos más candentes de la negociación presupuestaria.