Pedro Sánchez tiene claras sus prioridades para 2023, año en que se celebrarán dos procesos electorales en España: "Subiremos el Salario Mínimo, como el año pasado y el anterior. Subiremos las pensiones, como en años anteriores. Protegeremos el poder adquisitivo de las familias como los demás años".
Así lo ha anunciado en una carta navideña dirigida a la militancia del PSOE, en la que ha reconocido que el Gobierno desplegará todas estas medidas "pese al vendaval en contra". El presidente ha manifestado que su gabinete priorizará la acción siempre para "las mayorías, para las clases medias y trabajadoras, para la gente de a pie".
Según ha defendido, "hoy España avanza con un gobierno de coalición progresista que aprueba medidas progresistas para proteger a la gente de a pie. Medidas que son muy diferentes a las que adoptaría un hipotético gobierno de la derecha con la ultraderecha", ha añadido en alusión al principal partido de la oposición.
A modo de balance, Sánchez ha expuesto las dificultades del año que está a punto de terminar, "marcado por la progresiva y constante superación de la pandemia del COVID-19. Pero también marcado por la "agresión militar de Putin contra Ucrania. Una guerra injusta y contraria a la legalidad internacional".
"Soy muy consciente de las dificultades por las que atraviesan familias, empresas y autónomos en un escenario tan duro. Por ello, como presidente del Gobierno, he dado máxima prioridad al objetivo de controlar la inflación y paliar sus efectos en el día a día de la mayoría social, operando con decisión también a nivel europeo, donde España ha defendido la intervención del mercado energético", ha subrayado.
En este contexto, ha querido reivindicar la actuación del Gobierno "a través de un ambicioso Plan de Respuesta que ha movilizado medidas por valor de 45.000 millones de euros. Un plan centrado en tres objetivos: proteger al conjunto de la ciudadanía y a los colectivos más expuestos; reducir la inflación; y seguir creciendo para crear empleo estable y de calidad".
En concreto, Sánchez ha presumido de que "los resultados avalan" su gestión: "Hoy la inflación se sitúa en el 6,8%, muy por debajo de la media europea. Más de 20 millones de personas cotizan en la Seguridad Social y España crece y crea empleo estable, desmontando las predicciones catastrofistas de una derecha incapaz de articular un discurso económico coherente".
Críticas al PP
Sobre la respuesta a la crisis inflacionista, el jefe del Ejecutivo ha trazado una comparativa con lo ocurrido "hace una década con la respuesta neoliberal a la crisis financiera", haciendo referencia al Gobierno de Rajoy. Esta vez, ha argumentado, "la factura de la guerra de Ucrania no recaerá en una clase media y trabajadora".
Ya en el ámbito institucional, Sánchez se ha mostrado especialmente crítico con el Partido Popular, al que ha acusado de mantener una actitud que le sitúa "fuera del marco constitucional al persistir en un inaceptable bloqueo en la renovación" del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Una vez dejada atrás la polémica resolución del tribunal de garantías por la tramitación promovida por el Ejecutivo para cambiar dos leyes judiciales troncales, el presidente ha asegurado que el Gobierno "responderá siempre con serenidad y firmeza para garantizar que nuestra Constitución se cumple en toda su integridad".
Por último, Pedro Sánchez se ha referido a sus planes en el próximo año, cuando tendrán lugar las municipales y autonómicas y las elecciones generales: "Hay quien se pregunta qué hará el gobierno progresista en un año electoral. La respuesta es simple: lo mismo que en los demás años. Este año subiremos el Salario Mínimo (...) las pensiones".
"Si hemos conseguido proteger a las familias y empresas y hemos conseguido que España avance con un vendaval en contra, imagina todo lo lograremos cuando el viento sople a favor", son las palabras con las que Sánchez concluye su misiva a la militancia del PSOE.
En todo momento, el presidente ha eludido referirse a la situación en Cataluña, aunque el calendario político en las últimas semanas ha girado en torno a la derogación del delito de sedición en el Código Penal y a la rebaja de la malversación, aprobadas para contentar a los socios independentistas de ERC.