Sánchez gestiona fondos UE sin control externo desde hace 2 años gracias a una argucia en el Congreso

La norma no ha sido siquiera debatida en la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja desde que se publicó en el BOE del 31 de diciembre de 2020.

El polémico decreto centraliza en Moncloa la gestión de más de 140.000 millones de euros y también del resto de fondos provenientes de Bruselas. Todo ello sin supervisión parlamentaria ni una agencia independiente para la selección de los programas a financiar.

La molicie legislativa forzada por los representantes de PSOE y Unidas Podemos contrasta con las prisas imprimidas en otros asuntos, como la derogación de la sedición —a través de una proposición de ley tramitada por vía de urgencia en apenas una semana—, la rebaja de la malversación o el retoque de la ley del Sólo sí es sí.

La legislación española obliga a que un real decreto ley sea ratificado antes de 30 días por el Congreso, o que se le dé entrada al proceso legislativo normal, convirtiéndolo en un proyecto de ley. Una argucia legal ha facilitado que hayan pasado dos años y que siga rigiendo esa norma sin que haya sido convalidada por el debate, la enmienda y la votación de la misma como ley en el Parlamento.

Gracias a la abstención de Vox, inexplicada desde entonces, Pedro Sánchez logró sacar adelante aquel Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aquel 28 de enero de 2021 el presidente se comprometió con sus socios a tramitarlo como proyecto de ley.

Así, el texto no perdía su vigencia durante su trámite. Pero esto ha permitido a los grupos parlamentarios que apoyan al Ejecutivo la pirueta reglamentaria de ampliar, semana a semana, los plazos de enmienda en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso. A la hora de cerrar esta información, se ha ampliado hasta 79 veces. La última, el pasado miércoles 28, hasta el próximo 2 de febrero de 2023. 

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Fuentes parlamentarias socialistas confirman a este periódico que la abstención de Vox —que, de hecho, provocó cierta división en el partido de Santiago Abascal— se negoció en secreto con el PSOE.

Desde el PP lamentan que toda esta situación haya impedido que la autoridad independiente que exigieron supervise y escrute la gestión de los fondos europeos.

Desde Ciudadanos se quejan de que no se haya creado una comisión de expertos entre funcionarios y la sociedad civil —como se ha hecho en otros países— para decidir las mejores inversiones para el futuro del país. 

Incluso los socios parlamentarios del PSOE lamentan "el balance decepcionante en la gestión de los fondos europeos". Así lo expresan fuentes oficiales de ERC a este periódico. "No ha habido explicaciones sobre el porqué de tantas dificultades en su redistribución territorial ni en la cogobernanza, finalmente mínima, que se anunció para optimizar, justamente, su incidencia".

Para los republicanos, los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) "son un fiasco", sobre todo el del vehículo eléctrico: "Nuestro grupo, a través del diputado Joan Capdevila, defendió hace unos días en comisión una PNL, que tampoco prosperó, para reconducirlo". La idea era que se puedan gestionar los fondos desde las autonomías que lo soliciten y "recuperar los fondos desperdiciados hasta el momento".

Pero gracias a la mayoría gubernamental (tres a dos) de PSOE y Unidas Podemos en la Mesa de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, todo eso sigue esperando desde hace dos años en un cajón parlamentario.

Decaerá con la legislatura

Queda un año de legislatura y nada hace prever que el texto vaya a reactivarse en la Cámara Baja. Dejándolo morir, el Gobierno lograría que sea el texto aprobado por el Consejo de Ministros el que prevalezca, al disolver las Cámaras, previsiblemente en octubre. Así lo confirman expertos en derecho parlamentario consultados por este periódico.

"Hace dos años, el Gobierno pretendía que por ofrecernos la tramitación como proyecto de ley, por el procedimiento de urgencia, ya teníamos que votar que sí a la convalidación", recuerda Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, en conversación con EL ESPAÑOL. "Nosotros le dijimos que no caíamos en la trampa. Hoy se ve claro que era una trampa".

Con esta triquiñuela parlamentaria, el articulado del decreto convalidado por el Congreso no varía. "No les interesa tramitarlo [como proyecto de ley]; tienen miedo a nuestras enmiendas, porque plantean debates que no quieren abrir", indica a EL ESPAÑOL el diputado Mario Garcés, coordinador del área económica del Partido Popular en la Cámara Baja.

Desde el PP insisten en exigir una autoridad "independiente, externa y profesional" que audite tanto el reparto de los fondos europeos como la eficiencia de las inversiones realizadas. 

"Esta tramitación es otro ejemplo claro, de los muchos que hay, de las artimañas del Gobierno de Pedro Sánchez para legislar hurtando derechos a los diputados y sin las garantías jurídicas y los informes preceptivos, y de su abuso de los reales decretos ley", apunta Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso.

"Reducen al máximo los plazos para sacar adelante la agenda ideológica pactada con Podemos, independentistas, nacionalistas y Bildu, con leyes nefastas, como la que están sacando a la calle a decenas de delincuentes sexuales", añade Gamarra, "mientras obstaculizan la posibilidad de mejorar la gestión de los fondos europeos", como llevan denunciando estos dos partidos de la oposición.

"Ambos procesos responden a tics claramente totalitarios", clama Bal. "Se trata de maniatar a la oposición, no permitir su participación en el proceso legislativo, no ya que no se acepten tras el oportuno debate, sus propuestas, no, que ni siquiera se la escuche".

Gamarra, además, recuerda que el Ejecutivo "ocultó" el informe del Consejo de Estado sobre el decreto hasta marzo de 2021, meses después de su aprobación, a la espera de que escampara la polémica. El máximo órgano consultivo criticaba al Gobierno en su dictamen por "la ausencia de toda exposición motivada y suficiente de las razones que en cada caso justifican la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control".

En el informe, el Consejo de Estado acusaba al Gobierno de un excesivo empeño por "simplificar y reducir la burocracia" para "aumentar la capacidad de gestión y absorción de los fondos europeos de recuperación".

Ahora, el resto del dinero

El decreto del Gobierno no sólo eliminaba trámites y simplificaba expedientes para agilizar la gestión de tantas decenas de miles de millones de euros en sólo seis años. También creaba varios mecanismos y organismos para la gestión de estos fondos NextGenerationEU. Entre ellos, una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la que formarán parte todos los ministros, que es la encargada de establecer las directrices generales y que se apoya en un comité técnico.

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Esa comisión aprobó el pasado 20 de diciembre una adenda al Plan de Recuperación. Con ella, el Gobierno Sánchez pretende comprometer este enero con la Comisión Europea, las reformas y condicionalidades del resto del dinero europeo... hasta 2026. 

Pero el reglamento europeo, efectivamente, exige que tanto en su elaboración como en la ejecución se cuente con todos los niveles administrativos, en el caso de España, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, y la sociedad civil.

"No consiste en hacerse fotos para justificar reuniones ante Europa; sino en dialogar, consensuar inversiones, hitos y objetivos. No lo hicieron en la elaboración del Plan, no lo hacen en la ejecución y tampoco lo han hecho con la adenda", lamenta Gamarra, en conversación con EL ESPAÑOL.

"Eso es lo peor", concluye. "Que están haciendo lo mismo con la adenda al plan: los 84.000 millones en préstamos son deuda y los ejecutarán su Gobierno y el siguiente, y los 7.700 millones adicionales en ayudas los recibimos por el mal desempeño y la lenta recuperación de la economía española".