El Gobierno busca soluciones para intentar desatascar y agilizar los llamados PERTE (Planes Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), para facilitar la llegada a las empresas y, por tanto, a la economía española de los fondos europeos asignados.
Por ejemplo, el Ejecutivo negocia con Bruselas agilizar algunos trámites y los plazos de algunas de las reformas ya pactadas con la Comisión Europea. Además, ha acometido relevos en ministerios afectados, especialmente, el de Industria para agilizar esos programas y lograr mayor coordinación con la Vicepresidencia primera que dirige Nadia Calviño.
Durante el mes de diciembre han salido del Ministerio de Industria Fernando Valdés (secretario de Estado de Turismo), Raúl Blanco (secretario general de Industria) y Galo Gutiérrez (director general de Industria), todos ellos relacionados con los PERTE.
Fuentes del Gobierno atribuyen los retrasos a la burocracia y trámites necesarios que, en algunos casos, han provocado un cuello de botella en ministerios.
El temor, además, es que el relevo en Industria para que Reyes Maroto sea candidata al Ayuntamiento de Madrid, previsto para marzo o abril, provoque aún más retrasos en esa gestión si hay entonces relevos de equipos.
En este caso, el objetivo es reforzar el control de Calviño, según fuentes del Gobierno, y no sólo dar continuidad a esa gestión, sino impulsarla si es posible. Algunas fuentes no descartan que las competencias del Ministerio sean asumidas entonces por la propia Calviño o que se designe a un nuevo ministro procedente de su equipo o vinculado ya a la gestión de fondos y desarrollo de los PERTE.
Este asunto es crucial en el periodo de sesiones parlamentario que ahora se inicia y que terminará en las elecciones generales de diciembre pasando por las municipales y autonómicas de mayo. En este último caso, hay que tener en cuenta que gran parte de esos fondos europeos son asignados a proyectos presentados y gestionados por las comunidades.
La política referida a los fondos tendrá continuidad en la siguiente legislatura y Moncloa pretende que se llegue a las elecciones generales con un porcentaje de ejecución muy avanzado. Esos fondos, además, son fundamentales para la recuperación económica de España.
Desde su puesta en marcha, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que debe ejecutar los 160.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos es objeto de crítica por parte de partidos políticos, comunidades autónomas y organizaciones empresariales. Un malestar que lejos de desaparecer va en aumento y que, presumiblemente, irá a más en los próximos meses.
La principal crítica radica en la lentitud con la que se están ejecutando los fondos y la complejidad que tienen las empresas a la hora de presentarse a las convocatorias. Según los últimos datos presentados por la vicepresidenta Nadia Calviño, a 30 de noviembre de 2022 el ritmo mensual de convocatorias estatales y autonómicas asciende a 2.000 millones de euros. De hecho, ha asegurado que se han transferido ya a las distintas regiones españolas 20.369 millones, de los que Andalucía, Madrid y Castilla y León han recibido el 33%.
Junto a los planes y convocatorias de los ministerios, se encuentran los Planes Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). El Ejecutivo ha dado luz verde a 11 programas (más otro publicado en diciembre destinado a la descarbonización industrial), para los que se han destinado algo más de 32.000 millones, de los que se han movilizado ya 12.339 millones. Sin embargo, esas cifras no implican que los proyectos estén ejecutados. Esa es la principal crítica empresarial.
Según la Cámara de Comercio de Barcelona, tan sólo se ha ejecutado el 49% de los fondos europeos movilizados en este 2022. Eso es por lo que tanto la propia Cámara como la patronal CEOE reclaman al Gobierno que acelere el ritmo. Es la única manera, señalan, de que la economía se transforme y de que el dinero llegue de forma efectiva a las empresas. Ahora bien, para que eso ocurra habrá que solventar algunas de las trabas burocráticas que se han puesto de manifiesto con el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC).
Se trata del primer gran proyecto de transformación económica, y su convocatoria (un año y medio después) se ha saldado con la distribución de 877 millones de euros. Esto supone sólo el 30% de los 2.975 millones con los que se había dotado al instrumento.
¿El motivo? El garantismo con el que se diseñaron estos mecanismos, que impiden otorgar determinadas partidas sin que se puedan considerar ayudas de Estado.
Así que ante el fiasco que supuso, ahora se trabaja en un plan B para el PERTE Vec que tendrá que elaborar el nuevo secretario general de Industria, Francisco Blanco. Será él, junto al resto de emisarios del Gobierno, quien tenga que convencer a Bruselas de flexibilizar los requisitos fijados para los fondos Next Gen. Una tarea en la que se espera tener éxito, ya que otros países como Estados Unidos o China están siendo mucho más laxos que Europa a la hora de financiar proyectos transformadores de sus industrias.
Negociación de las reformas
Pero el Gobierno tendrá, además, que poner encima de la mesa otra cuestión clave en este primer trimestre del año: La negociación de las reformas y los proyectos que se van a financiar con los 94.300 millones en créditos y subvenciones que tiene disponible nuestro país. 84.000 millones en préstamos, 7.700 millones en transferencias adicionales y 2.600 millones del nuevo mecanismo REpowerEU.
La mayor parte de los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales se destinará a reforzar los 11 PERTE ya en marcha y al lanzamiento de un nuevo proyecto estratégico destinado a la descarbonización de la industria. En total, España reforzará los proyectos estratégicos destinándoles más de 26.300 millones de recursos públicos adicionales, provenientes de las transferencias y de los préstamos asociados a la adenda.
Se destinarán, además, hasta 120 millones de euros de las transferencias para el refuerzo de dos programas de carácter horizontal para agilizar la ejecución de las inversiones del Plan: uno de microcredenciales para impulsar la formación y cualificación de trabajadores en competencias necesarias para el despliegue de los PERTE y el otro para asistencia técnica.
Adicionalmente, el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo entre los estados miembros y el Parlamento Europeo sobre el plan RePowerEU y la asignación a España de casi 2.600 millones de euros permitirá acelerar las inversiones en el ámbito de la transición energética.
Se destinarán a acelerar los avances en el despliegue de energías renovables, el almacenamiento y el desarrollo pleno del hidrógeno verde, así como en eficiencia energética.
Dentro de todos estos programas, el Gobierno aprovechará también para renegociar los plazos de algunas de las reformas ya pactadas con la Comisión Europea. La inflación y la escasez de componentes han dificultado el cumplimiento de los plazos fijados inicialmente para alguno de los compromisos del plan original. En este sentido, el Gobierno va a negociar en el marco de la adenda una serie de modificaciones. Cambios que el marco normativo de los Next Generation prevén, señalan desde el Gobierno.
Este mismo martes, España ha planteado en Bruselas que se aceleren los procedimientos para la aprobación de las ayudas financiadas con los fondos Next Generation, con especial atención en los PERTE y el resto de proyectos e inversiones del Plan de Recuperación de España.
Así lo ha avanzado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en rueda de prensa tras reunirse con el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, informa Europa Press.
"España será motor de crecimiento en Europa en este 2023 y en este contexto es fundamental acelerar aún más el despliegue de los fondos europeos", ha subrayado la vicepresidenta primera, tras enfatizar que el Plan de Recuperación financiado con los fondos 'Next Generation EU' es el instrumento fundamental para seguir impulsando la modernización de la economía española en clave verde y digital.