El Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, ha diseñado un plan para perseguir como "violencia machista" los ataque a las mujeres que se dedican a la política (desde insultos y amenazas, a la violencia "psicológica" y "simbólica", "ataques mediáticos" y críticas en las redes sociales).
La "Estrategia estatal para combatir violencias machistas 2022-2025", presentada este martes por la propia Irene Montero y su secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, incluye un apartado dedicado a la "violencia política".
Al respecto, explica que "las prácticas tradicionales nocivas y los delitos cometidos contra las defensoras de los derechos humanos, las políticas, las activistas o las periodistas constituyen también formas de violencia por razón de género contra las mujeres".
Dotada con un presupuesto de 2.308 millones de euros, la estrategia estatal del Ministerio de Igualdad incluye por ello medidas como la "realización de estudios y análisis sobre la violencia política sobre las mujeres" y el "impulso de medidas para combatir la violencia política ejercida sobre las mujeres". Esta estrategia no sólo implicará al Ministerio, sino también a las Comunidades Autónomas y la Fiscalía.
Pero hace ya más de un año, en 2021, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, encargó al grupo feminista Hybridas un estudio titulado "La violencia política por razón de género en España: una aproximación cualitativa".
Entre otros ejemplos de "violencia política", el documento de 114 páginas recuerda que el diputado de Vox José María Sánchez García llamó "bruja" a la portavoz de Igualdad del PSOE, Laura Berja; que un militante socialista de Moguer (Huelva) calificó de "mala perra" a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y que el exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, hizo el siguiente comentario en público: "Cada vez que veo los morritos de Leire Pajín pienso en lo mismo".
Sin embargo, el informe olvida mencionar que la actual secretaria de Estado de Igualdad, Angela Rodríguez Pam, calificó de "puta coja" a una compañera de partido, la entonces secretaria general de Podemos en Galicia.
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El informe elaborado por el grupo Hybridas para la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que ha costado 12.100 euros públicos, enumera como las formas de violencia más frecuentes contra las mujeres que ejercen la política los "insultos, el menosprecio, el silenciamiento, los ataques mediáticos, acoso en el ámbito privado, las amenazas y el lawfare (es decir, la persecución judicial)".
Pero también la "violencia física y psicológica, económica, sexual y simbólica, la violación, desnudar a mujeres a la fuerza y en público, la difamación, la destrucción de materiales de campaña y el abuso en las redes sociales".
El informe encargado por el Ministerio de Igualdad sintetiza en este cuadro las formas más frecuentes de "violencia política".
El documento pagado con dinero público identifica a los autores más habituales de estos ataques contra las mujeres políticas: los "opositores y bandas criminales, pero también miembros del mismo partido, familia y amigos, miembros del Poder Ejecutivo, funcionarios públicos, medios de comunicación y comentaristas, redes sociales, policía y fuerzas militares".
El informe elaborado por el grupo Hybridas para el Ministerio de Igualdad aboga por imitar el ejemplo de países que han desarrollado legislación propia para perseguir los ataques contra las mujeres en política. En concreto, Bolivia, Panamá, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay y Uruguay. Ni una sola democracia europea ha tomado hasta ahora una iniciativa tan avanzada.
Entrevistas a políticas
Además de copiar distintos textos latinoamericanos, las autoras del informe han entrevistado, de forma presencial y por correo electrónico, a seis mujeres políticas españolas y otras tres con "perfil institucional", para sacar conclusiones.
Aunque las autoras reconocen que este análisis puede resultar sesgado, pues a pesar de ofrecer garantías de confidencialidad, "las personas entrevistadas son representativas de esta diversidad solo parcialmente. Se ha observado como barrera metodológica el acceso a representantes de los grupos más conservadores, quienes han declinado o no han respondido a la petición de participación en este estudio".
En el apartado de conclusiones, el grupo Hybridas destaca la necesidad de definir los "perfiles de agresores": "Conviene poner rostro y nombre a los perpetradores y los marcos y estructuras en los que construyen sus narrativas, ejercen o reproducen esa violencia", explica, "a veces, su pretendido anonimato —sobre todo en las redes— o su carácter colectivo impide una identificación, facilitando a esos agresores actuar con impunidad y alimentando discursos" de odio contra las mujeres.
Las autoras del informe contratado por el Ministerio de Igualdad también pide establecer "protocolos internos en los partidos políticos" y el ámbito parlamentario para frenar estas formas de violencia, y facilitar "la reparación judicial, económica, social y moral de quienes la sufren".