La Junta de Castilla y León no se arredra, sigue acusando al Gobierno de España de "sobreactuación" en el asunto del presunto protocolo provida, y defiende su actuación inadmitiendo el requerimiento del Ministerio de Sanidad el domingo de la semana pasada y el "requerimiento de incompetencia" aprobado en el último Consejo de Ministros. Para el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, es "falso" lo que dice Pedro Sánchez, y su Ejecutivo sí puede inadmitir el requerimiento.
Según Moncloa, el artículo 63.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional indica que el trámite del "requerimiento de incompetencia" es el "previo a cualquier conflicto de incompetencias ante el Tribunal Constitucional". Y el presidente ha sostenido este jueves que "el Gobierno de Castilla y León sabe que tiene que responder al requerimiento".
Según fuentes cercanas al presidente Mañueco, éste ha transmitido que es el mismo Gobierno de la nación el que dio las pruebas, "hace sólo dos meses", de que "no es cierto" lo sostenido por Sánchez. La misma Moncloa inadmitió recientemente dos requerimientos, uno del Ayuntamiento de Teruel y otro del Gobierno de Aragón, contra la adjudicación a Sevilla de la sede física de la Agencia Espacial Española (AEE).
Dos requerimientos, una inadmisión
Efectivamente, el pasado 15 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que se inadmitieron "los requerimientos previos interpuestos por el Gobierno de Aragón y por el Ayuntamiento de Teruel contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de septiembre de 2022", que iniciaba el procedimiento "para la determinación de la sede física de la Agencia Espacial Española".
Es más, el Gobierno de España decidió no sólo inadmitir de plano "la solicitud de suspensión del proceso", sino darle una respuesta calcada a ambas instituciones "al tratarse de dos recursos sustancialmente similares".
Teruel y Aragón, disconformes con la decisión del Gobierno, enviaron sendos requerimientos contra ésta y contra el acuerdo de la Comisión consultiva que contenía el informe con los criterios para la determinación de la sede.
Así, la referencia oficial del Consejo de Ministros publicada en la web de Moncloa reconoce que se optó por la tramitación de los cuatro expedientes unidos y, "al dirigirse contra dos Acuerdos que forman parte del mismo procedimiento", se decidió "que la contestación del Consejo de Ministros y de la Comisión consultiva sea coincidente en cuanto a sus argumentos".
Según el entorno de Mañueco, esto permite sostener que son "falsas" las alegaciones de Pedro Sánchez este jueves. En la rueda de prensa ofrecida junto a Emmanuel Macron, con motivo de la cumbre entre España y Francia, el presidente ha advertido a la Junta de Castilla y León que debe responder al "requerimiento de incompetencia" ante las medidas anunciadas para evitar abortos y no es posible que se limite a no admitirlo.
"Con todo el respeto institucional que merece cualquier gobierno autonómico, pero también con contundencia, el Gobierno de Castilla y León sabe que tiene que responder al requerimiento y sabe que el Gobierno de España va a velar para que se cumplan los derechos de los españoles y españolas, vivan donde vivan", recalcaba Sánchez.
El presidente, de hecho, subrayaba que cualquiera que sepa de derecho administrativo es consciente de que un requerimiento se tiene que contestar y no se puede desestimar. "Se tiene que responder por parte de la Junta de Castilla y León", ha recalcado, a la vista del "acuerdo o no acuerdo, no sé cómo calificarlo", ha apostillado.
"No hagas lo que yo hago"
Precisamente, ése es el argumento de fondo que defiende la presidencia de la Junta de Castilla y León desde el pasado sábado. "Sánchez nos dice que un requerimiento no se puede contestar de la manera que él contesta requerimientos", recriminan las citadas fuentes.
Según el entorno de Mañueco, no ha habido acuerdo alguno en el Consejo de Gobierno autonómico. Y por eso no hay publicación oficial en el Boletín autonómico. Es más, sostienen que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "lo sabe desde el viernes pasado", por una carta enviada por el consejero Alejandro Vázquez -a la que ha tenido acceso este periódico-.
Y que todo esto no es más que una "sobreactuación" del Gobierno para dañar al Ejecutivo de coalición entre el PP y Vox en la región.
Por su parte, el procedimiento elegido por Moncloa se ha planteado como una supuesta invasión de competencias, de ahí el tipo de requerimiento enviado.
Pero eso mismo lo rechaza la Junta castellano y leonesa desde que el domingo pasado un comunicado del Gobierno anunció el requerimiento. Fuentes cercanas a Mañueco, ya entonces, sugirieron que Moncloa estaba "vulnerando la autonomía y las competencias recogidas en el Estatuto" de Castilla y León.