El Parlamento Europeo investigará al Gobierno por "no colaborar" en esclarecer el caso Pegasus

El Parlamento Europeo ha decidido mandar una misión de eurodiputados a España para requerirle información al Gobierno por su "falta de colaboración" en el esclarecimiento del supuesto espionaje con el programa Pegasus. Así lo ha decidido la comisión de investigación PEGA, creada a propósito en la Eurocámara después de comprobar cómo, tras seis meses, ninguna instancia del Ejecutivo ha contestado a las preguntas remitidas desde Bruselas.

La misión se desarrollará los próximos 21 y 22 de marzo, en plena precampaña electoral para las municipales y autonómicas. Según fuentes internas de la Comisión, el grupo socialista ha aceptado sin oposición el viaje de este pequeño grupo de europarlamentarios a nuestro país.

Fuentes de la Eurocámara apuntan no sólo al posible "espionaje" a los líderes independentistas del llamado CatalanGate, sino al "robo de información de los móviles de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, Luis Planas y la exministra Arancha González Laya".

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Todas estas infecciones con el software de ciberespionaje fueron reconocidas por Moncloa, y se produjeron en el peor momento de la ruptura de relaciones diplomáticas con Marruecos. Es decir, entre marzo y mayo de 2021.

La sospecha nunca se disipó. La investigación judicial, tras la denuncia del propio Gobierno, no avanza. Y a los pocos meses el Ejecutivo alimentó las suspicacias, cuando en marzo de 2022 se conoció le giro en la posición española a favor de la posición marroquí para el conflicto del Sáhara Occidental.

Posición de los grupos

La visita de investigación se ha aprobado tras alcanzar un consenso entre los grupos: tanto los verdes como La Izquierda y los liberales de Renew querían investigar en Barcelona y en Madrid. En esos grupos están representados Esquerra, Podemos y Ciudadanos, respectivamente, si bien los liberales españoles mantienen graves reservas en este asunto y no actúan de acuerdo con su coordinadora, la holandesa Sophie in 't Veld.

Sin embargo, los grupos mayoritarios -populares y socialistas- sólo han aceptado el consenso una vez que se acordó que la misión se centrara únicamente en Madrid, "para no hacer espectáculo" y favorecer los intereses de los partidos independentistas catalanes, que "se presentan como víctimas de un espionaje ilegal" apoyándose en el presunto informe de Citizen Lab, que destapó el caso Pegasus en España, bajo el nombre de CatalanGate.

Asimismo, según las mismas fuentes, la misión de investigación se aprueba después de que se hayan desarrollado otras visitas: a Israel, país de donde procede el software, a Polonia, a Grecia y a Chipre, todos ellos países incluidos en el borrador del informe filtrado por In t' Veld hace un par de meses, en el que se acusaba al Gobierno de España de "espionaje masivo". Además, poco antes de la misión a Madrid, se desarrollará otra, en febrero, a Hungría.

Dentro de la mesa de coordinadores, que ha tomado este martes la decisión, participaba el popular Juan Ignacio Zoido. En conversación con este diario, el exministro del Interior español ha destacado que "desde el PP, no tenemos ninguna duda sobre el excelente trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni sobre nuestros servicios de inteligencia".

Aun así, ha apoyado la propuesta de misión a España dado que el papel del Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión del caso de espionaje con Pegasus "ha sido muy deficiente". 

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Por un lado, por la forma de tratar a servidores públicos, como a "la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, a quien despidieron y convirtieron en cabeza de turco para complacer a sus socios de Gobierno, los secesionistas catalanes".

 Y por otro, porque "no han colaborado con el Parlamento Europeo ni con su Comisión de investigación sobre Pegasus". Efectivamente, el presidente de la comisión, el popular holandés Jeroen Lenaers, envió una carta al Gobierno de España el pasado 22 de julio -en pleno escándalo Pegasus- reclamándole información sobre el presunto espionaje. "Y Moncloa ha ignorado completamente a la Eurocámara".

Otras fuentes del Parlamento Europeo señalan que, en su comparecencia del Parlamento el pasado 29 de noviembre, la actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro, "se negó a contestar ninguna de las preguntas formuladas por los eurodiputados".

A este respecto, sí hay división de posturas en las delegaciones españolas. Jordi Cañas, de Ciudadanos, recuerda que Casteleiro "podría haber cometido un delito" de haber atendido a la información que se le requería.

Esto es así porque su mandato, como jefa de los servicios de inteligencia, sólo incluye la revelación de información a los diputados españoles incluidos dentro de la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, la conocida como "de secretos oficiales".

Desde la Eurocámara se destaca que la decisión se ha tomado por consenso, sin votación alguna. Aunque fuentes internas de la reunión de coordinadores desvelan a este diario que sí hubo un grupo que se mostró contrario a enviar esta misión de investigación parlamentaria a España: la derecha radical de ECR, donde están incluidos los eurodiputados de Vox.

"Que Sánchez lo aclare"

La misión a Madrid, en menos de dos meses, sí permitirá obligar, en opinión del exministro Zoido, a que Sánchez "disipe de una vez por todas las dudas que se hayan podido generar en torno al caso de espionaje a miembros del Gobierno de España", entre ellos el mismo presidente del Gobierno,"y esclarezca su actuación tras el mismo".

"Estamos muy orgullosos de los policías, guardias civiles y agentes del CNI", insiste Zoido, "y sabemos que cumplen con su labor de manera ejemplar, con un escrupuloso respeto al Estado de derecho y con amplia supervisión judicial".

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Con sus matices, fuentes de los socialistas y los liberales españoles coinciden con esta afirmación. El PSOE sigue marcado por su votación, la semana pasada, contra la condena a Marruecos por su persecución a periodistas.

Y en Ciudadanos apuntan a que la misión a España no aportará nada más que "ruido a favor de los independentistas": la información que podía dar el Gobierno ya la dio, en la comparecencia de Paz Esteban ante la comisión de secretos del Congreso previa a su destitución. Entre ellos estaba el actual president de la Generalitat, Pere Aragonès.

"Los once investigados, que no espiados", recuerda Cañas, "lo fueron por su implicación en la investigación de posibles delitos graves, con supervisión judicial". Y si hay más usos del programa espía, "nunca se podrán probar", porque ni deja huella ni los mismos líderes independentistas supuestamente espiados han permitido acceder a sus terminales -como ofreció el Congreso- para su aclaración.