El Gobierno dice que cambiará el 'sí es sí', pero Podemos rehúsa distinguir agresión de abuso

Sin embargo, el Gobierno tiene dudas sobre la fórmula para cambiar la norma. Y Podemos rechaza que se vuelva a distinguir la agresión del abuso.

Una vez más, aflora la tensión entre los dos socios de coalición. La línea roja que ha puesto la formación morada es que no se retroceda a la norma anterior, la reforma del Código Penal que redactó el Partido Popular. Así lo han transmitido con cierto malestar, después de que Pedro Sánchez consiguiera torcer el brazo a Irene Montero, que se negaba a modificar la que era una de sus normas estrella. 

[El Gobierno cambiará la Ley del 'sí es sí' tras la reducción de más de 200 condenas]

Principalmente, la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual —su nombre oficial— reduce las penas con las que, hasta entonces, el Código Penal castigaba ciertos delitos sexuales. La ley fusiona en un único tipo penal el abuso y la agresión sexual, diferenciados hasta la fecha por el empleo (o no) de violencia o de intimidación.

Desde el pasado octubre, cuando la norma entró en vigor, "cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento" es una agresión sexual.

Para castigarla, la nueva ley contempla una horquilla de penas de cuatro a doce años, en lugar de desde los seis a los doce que el Código Penal recogía anteriormente. Ello ha posibilitado, entre otras cosas, que quienes fueron sentenciados a las penas de cárcel de la mitad inferior de la horquilla vean reducidas sus condenas.

El artículo 2.2 del Código Penal establece la retroactividad de la ley penal cuando sea "más favorable al reo". Es decir, si una nueva ley resulta más beneficiosa que aquélla mediante la cual fue condenado un acusado, es posible la revisión —incluso, cuando su condena sea firme— para beneficiarle.

Tal y como han subrayado varias Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia en sus autos y sentencias, la ley del sólo sí es sí no incluye las llamadas disposiciones transitorias que restrinjan la posibilidad de reducir condenas. Otras reformas del Código Penal sí lo explicitaron.

En todo caso, el artículo 2.2 del Código Penal es de obligado cumplimiento. Y así lo ha establecido el Tribunal Supremo, cúspide del Poder Judicial. El artículo 9.3 de la Constitución Española también consagra "la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables".

Los efectos no deseados del sólo sí es sí no se limitan a las reducciones de condenas. La norma aún puede costarle dinero (público) al Estado. La defensa de un pederasta excarcelado gracias a esta ley ultima una reclamación patrimonial contra el Estado por los años de más que pasó entre rejas. Su condena fue reducida, desde los seis años y nueve meses originales, a tan sólo un año y tres meses, que ya cumplió de sobra.

Uno de los motivos de esta drástica reducción fue la destipificación (eliminación como delito) del hasta entonces delito de abuso sexual a menores de entre 16 y 18 años, siempre que no haya violencia.

Reducciones de condenas

Gracias a la ley del sólo sí es sí, cerca de 300 violadores, abusadores sexuales y pederastas han visto reducidas sus condenas. El Ministerio de Igualdad conocía los peligros de su norma estrella.

Antes de que entrara en vigor, fue alertado tanto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como por parte de asociaciones de juristas feministas, tales como Femes, la Alianza contra el Borrado de Mujeres o Themis.

"En la práctica, casi con total seguridad, la reforma va a suponer una imposición más leve de penas por parte de los juzgados y tribunales, lo que hace suponer que no se proporciona la importancia debida al bien jurídico protegido, que no es otro que el de la libertad sexual de las personas", advertía ya el texto de alegaciones presentado a la ley por parte de las miembros de Themis. Y así acabó sucediendo.

En 2021, el órgano de gobierno de los jueces también avisó a Igualdad. En un informe, que no es vinculante, el CGPJ criticaba que el entonces anteproyecto de ley no ofrecía "una justificación de los nuevos umbrales de pena previstos". "La reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas conforme la regulación [entonces] vigente", señalaba también.

No obstante, la ley sí ha endurecido los castigos a determinadas conductas. Por ejemplo, contempla una nueva agravante por la llamada sumisión química. Esto es, cuando el autor del delito anule "la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto".

Si, finalmente, el Gobierno modifica la llamada ley del sólo sí es sí, sería una de las grandes rectificaciones de Pedro Sánchez en la legislatura. Al menos en un asunto político, porque ya cambió la posición del Ejecutivo respecto a las reducciones de impuestos al haber aceptado bajar el IVA de la luz y de la energía y luego de los productos de alimentación básica, como pedía el PP.

La presión del PSOE

El presidente del Gobierno ha mostrado siempre su apoyo cerrado a las propuestas relativas a Igualdad procedentes de Unidas Podemos. Por ejemplo, así sucedió con la Ley Trans, a pesar de que provocó un verdadero cataclismo entre las feministas del PSOE.

Sánchez hizo presentar enmiendas sabiendo que no serían aprobadas, pero en ningún momento se planteó dar la razón a feministas socialistas que, como Carmen Calvo, objetaban la ley casi entera.

Lo mismo ha ocurrido con el sólo sí es sí. Diferentes dirigentes del PSOE, barones regionales y ministros han pedido desde noviembre a Sánchez que se modifique la ley que ha provocado casi trescientas reducciones de condenas.

Todos ellos le trasladaron que podía suponer una sangría de votos para los socialistas en las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Pero el jefe del Ejecutivo se negó y dio orden de rechazar la posibilidad de tocar la ley. Lo hizo porque se encontró, a su vez, con el rechazo formal y radical de las ministras Irene Montero y Ione Belarra, que hicieron de este proyecto un principio irrenunciable.

Igualdad accedió a que se incluyera una enmienda en la exposición de motivos de la reforma del Código Penal sobre la malversación y la sedición. El texto lo redactó Victoria Rosell, responsable de la lucha contra la violencia machista. Pero esa reforma no sirvió para nada, porque las exposiciones de motivos no tienen valor normativo.

Recientemente, varios candidatos del PSOE a las elecciones autonómicas y municipales se han plantado ante Sánchez: auguran que van a pagar un precio electoral muy alto por los errores de la norma.

Por ello, Sánchez terminó cediendo y pidió a Yolanda Díaz que intercediera para que el departamento de Irene Montero aceptara la modificación. También ha participado el Ministerio de Justicia, que encabeza Pilar Llop.

Una de las condiciones que ha puesto Igualdad es que sea este departamento el que pilote y anuncie el cambio de la norma que, en todo caso, sólo servirá para delitos cometidos desde la entrada en vigor de la próxima reforma.

El cambio podría ser tramitado como proposición de ley de Unidas Podemos, porque como proyecto de ley necesitaría un trámite de varios meses, incluyendo informes de Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal, con plazos que llegarían hasta la campaña de mayo. Como proyecto de ley, podría ser aprobado en dos o tres semanas durante el mes de febrero.