La primera Ley de Vivienda de la democracia se encuentra en su recta final, con apenas unos flecos por cerrar y mucha discreción para llevarla al Congreso de los Diputados con una mayoría garantizada. El texto actual, irreconocible con respecto al anteproyecto de ley que llegó al Consejo de Ministros hace un año, ha traído medidas nuevas, borrado artículos antiguos y resucitado otros olvidados.
Uno de estos últimos que actualmente están negociando el Gobierno y sus socios es que los inquilinos en una vivienda de alquiler no tengan que pagar honorarios a las inmobiliarias por gestionar los servicios de arrendamiento. Esta comisión no está regulada por la ley.
"No es de recibo que le pidamos a la gente más requisitos para alquilar una vivienda que para presentarse a una oposición de abogado del Estado", ha reclamado este domingo la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, entrevistada en Salvados. "Los grupos lo han puesto sobre la mesa y que me parece muy razonable", ha reconocido; esta medida, que no aparecía en el anteproyecto original, sí estaba en el primer borrador que Unidas Podemos le propuso al PSOE.
[Sánchez, Bolaños y Belarra rematan la ley de vivienda: sólo falta concretar el tope del alquiler]
Otro de los puntos pendientes para terminar la Ley Estatal de Vivienda es concretar los topes del alquiler, eso sí, de una forma "efectiva". Lo que esto significa es suavizar las condiciones para que una zona sea declarada tensionada –donde el precio aumente por la falta de oferta y, a la vez, regular los precios en estos territorios. De aprobarse el texto actual, un 40% de las viviendas españolas pasarían a esta condición.
Los socios han coincidido no sólo en el fondo de la medida estrella de la norma, sino en su trámite. La idea es modificar el texto para reducir a seis meses su plazo de aplicación, que inicialmente era de año y medio. Esta vacatio legis –el periodo de gracia desde que se aprueba hasta que se aplica una ley– entraría en vigor, por tanto, a las puertas de las elecciones generales.
Cártel inmobiliario
Belarra sostiene que, si la ley sale adelante, será "por pura cabezonería de Podemos" con respecto a parte del PSOE, al que ha acusado de entorpecer su tramitación por sus lazos e "intereses adyacentes" con la patronal inmobiliaria, a la que ha acusado de "cártel".
La razón, dice, es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a Idealista y otras seis inmobiliarias por pactar comisiones. En palabras de la entidad la sanción, que ascendió hasta los 1,25 millones de euros, fue "por haber llevado a cabo una serie de acuerdos para fijar precios e intercambiar información en el mercado de la intermediación inmobiliaria".
"Ninguno de mis compañeros forma parte de una patronal inmobiliaria como forma parte el señor Joan Clos, exalcalde de Barcelona y exministro del PSOE", destaca la también secretaria general de Podemos, dejando claro que existen "grandes poderes" detrás del negocio de la vivienda en España que han dificultado la aprobación de esta ley.
Al margen de las trabas internas en las negociaciones, es cierto que el PSOE ha bloqueado en más de una ocasión la tramitación de la ley con el apoyo del PP. Para Belarra, esto significa que "aunque haya dos fuerzas en el Gobierno, defendemos medidas diferentes". "Pero hemos avanzado mucho más de lo que le habría gustado a la patronal", ha señalado.