Sánchez, atascado en la ley del 'sólo sí es sí': las ideas de Llop y Montero no convencen al Gobierno

Después de que casi 300 agresores sexuales y violadores hayan visto reducidas sus condenas como consecuencia del efecto perverso de esta regulación, el Ejecutivo ha anunciado que acometerá cambios en la ley. De esta forma, Sánchez ha terminado cediendo a las múltiples presiones recibidas por parte de barones del PSOE, de sectores influyentes de la izquierda, de la oposición y de la sociedad en general. 

Fuentes gubernamentales reconocieron este fin de semana que, tras constatar "algunos efectos indeseados" de la ley que han generado una "preocupación social", ya están abordando "con responsabilidad esta situación que requiere detenimiento, porque es compleja desde un punto de vista técnico". 

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En ese sentido, todas las fuentes consultadas por este periódico admiten las serias dificultades que plantean los cambios en la norma y que alguna de las vías propuestas por Igualdad y Justicia, incluso, podrían acarrear reducciones de condena a más casos. 

Precisamente por eso, remarcaban las citadas fuentes, "se está haciendo un trabajo muy serio y riguroso desde que se conocieron las primeras resoluciones judiciales, para garantizar que no vuelva a suceder, resolviendo a futuro los problemas detectados". Es decir, que el Gobierno lleva tiempo estudiando alternativas. 

"Plena sintonía"

Moncloa explica que "los dos partidos del gobierno de coalición, con plena sintonía", son conscientes de esta situación que se ha generado con esta regulación y quieren "contribuir juntos a resolverla trabajando de la mano de la ministra de Igualdad en todo momento". 

A escasos meses de unas municipales y autonómicas, el Gobierno apunta a la importancia de tener al menos un gesto que muestre preocupación, ya que no es posible evitar que se sigan reduciendo centenares de condenas. Pero sí poner coto a los casos futuros, lo único que se puede hacer. 

La ministra de Justicia, Pilar Llop, se muestra especialmente enfadada por la versión que ofrece Igualdad de que la responsabilidad de esta polémica radica en una mala aplicación de la ley por parte de los jueces. Esto no hace más que añadir cizaña a un asunto que les está pasando factura en términos electorales.

Este domingo, Irene Montero volvió a protagonizar una defensa cerrada a la ley. Según dijo, es un "avance" para todas las mujeres y el intento de derogarla responde a "presiones" contra "la coalición progresista". "La derecha quiere que volvamos al calvario probatorio de la agresión sexual. Y no queremos que nos pregunten otra vez si nos resistimos, sino que pregunten si consentimos, que es lo que ponemos en el centro", aseveró. 

La línea roja marcada por el ala morada de la coalición a la hora de modificar la ley es que no se vuelva a la regulación anterior. Es decir, que el consentimiento siga estando en el centro. Por es la responsable de Igualdad reiteró una y otra vez: "Vamos a proteger el corazón de la ley".

Una de las condiciones que ha puesto Montero para dar su brazo a torcer con su ley estrella es que sea su equipo el que pilote cualquier modificación, que podría tramitarse como una proposición de ley de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

El ofrecimiento del PP

En caso de que fuera un proyecto de ley necesitaría un trámite de varios meses, incluyendo informes del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, con plazos que se prolongarían hasta las elecciones de mayo. 

En ese aspecto, el Partido Popular ha manifestado su plena disposición para contribuir a que los cambios en la ley del sí es sí se produzcan cuanto antes. El portavoz de campaña de los populares, Borja Sémper, ofreció este domingo al Ejecutivo el apoyo de su grupo en la Cámara Baja para cambiar la norma en cuestión de horas. 

"Debería de ser Irene Montero quien estuviera en la calle y no los violadores", dijo con dureza Sémper. Aunque, después, añadió: "Ya no se puede marear más la perdiz, la ley se tiene que modificar lo antes posible. Si se puede, se debe hacer mañana. Los diputados del PP están a disposición de este Gobierno. Cerca de 300 delincuentes sexuales han sido puestos en la calle ya, esto es algo clamoroso, lo necesita España y lo necesitan las mujeres". 

Sin embargo, el Gobierno no recogerá el guante del principal partido de la oposición. La negativa de Podemos a reconocer algún error en la ley y dar marcha atrás a cualquier escenario anterior para frenar la sangría de reducciones de condena imposibilita que Sánchez pueda alcanzar un pacto de Estado con el PP en esta materia.