El futuro de la euroorden contra Carles Puigdemont se juega este martes en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Tras más de cinco años huido en Bélgica, el expresidente catalán se enfrenta al momento de la verdad para saber si se le entrega a España para ser juzgado por su participación en el procés o se queda de forma permanente en el limbo de Waterloo, donde tiene su residencia.
¿Es legal que Bélgica pueda rechazar la euroorden contra Puigdemont con el argumento de España no respeta su derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia? ¿O por el contrario eso dinamitaría el principio de confianza mutua en que se basa la cooperación judicial dentro de la UE? ¿Puede la justicia española cursar nuevas órdenes de detención y entrega contra los fugados del procés aunque las anteriores hayan sido rechazadas?
Estas son algunos de los interrogantes a los que debe responder el TJUE, a petición del juez del Supremo Pablo Llarena. Llarena planteó estas cuestiones a Luxemburgo a raíz del caso del exconseller fugado en Bélgica Lluís Puig, cuya entrega a España fue denegada por el Tribunal de Apelación de Bruselas en enero de 2021. La justicia belga alegó precisamente que el Tribunal Supremo no era el competente para examinar su caso y que existía un riesgo de que se vulnerara su presunción de inocencia.
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Tras conocer la decisión, Llarena decidió llevar el caso al TJUE para tratar de evitar una resolución similar de la justicia belga en los casos de Puigdemont y de sus exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín, cuyas euroórdenes se habían paralizado por su inmunidad como eurodiputados. El juez del Supremo ha preguntado también a la justicia europea si puede emitir una nueva euroorden contra Puig.
Un fallo del TJUE favorable a Llarena despejaría el camino para la entrega de Puigdemont, ya que los jueces de Bélgica que tramiten el caso estarán obligados a aplicarlo. A raíz de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, el juez del Supremo decidió el pasado 12 de enero dejar sin efecto las euroórdenes por sedición. Y anunció que esperaría a la decisión de la justicia europea antes de emitir otras nuevas contra Puigdemont, Comín y Puig por malversación.
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Llarena cuenta ya con la opinión positiva del abogado general del TJUE, Jean Richard de la Tour, que aunque no es vinculante sirve como referencia para los jueces en una gran mayoría de los casos. En un dictamen del pasado julio, De La Tour sostiene que Bélgica no puede denegar la entrega de Puigdemont basándose en el riesgo de vulneración del derecho a un proceso equitativo, a menos que se demuestren deficiencias sistémicas en la independencia judicial en España. Y en España no existen problemas generales en materia de Estado de derecho, tal y como ha dicho la Comisión Europea y reconoce incluso Bélgica.
Si el TJUE sigue las recomendaciones del abogado general, Llarena tendría vía libre para emitir de inmediato una nueva euroorden por malversación contra Lluís Puig, que no es eurodiputado y por tanto carece de inmunidad. En los casos de Puigdemont y Comín, el juez del Supremo todavía tendrá que esperar a que el Tribunal General de la UE (TGUE) se pronuncie sobre el suplicatorio. La sentencia aún no tiene fecha, pero es espera para el próximo mes de marzo.
Por el contrario, si los jueces europeos desoyen las recomendaciones del abogado general y avalan la actuación de Bélgica, eso supondría un golpe casi mortal para la euroorden contra Puigdemont. Sin embargo, ni los propios abogados del expresident confían en un fallo totalmente favorable a sus intereses y lo fían todo a la sentencia del TGUE sobre la inmunidad para continuar indefinidamente en Waterloo.