Aunque a paso lento, las dos facciones del Gobierno de coalición parecen ir dando pasos hacia un posible acuerdo para reformar la Ley del 'sólo sí es sí'. Aunque aún no hay una fórmula definitiva, Moncloa busca un encaje que distinga, de facto, los casos en los que haya violencia de los que haya intimidación. Eso sí, sobre el papel seguirá considerándolos todos como "agresión sexual", no como abusos.
Fuentes de Moncloa aseguran que la fórmula por la que se optará mantendrá refundidos los delitos de agresión sexual y abusos, sin volver a la fórmula anterior que los diferenciaba. Uno de los objetivos de la polémica ley era, precisamente, diferenciarlos. Lo que sí se hará es elevar la horquilla de penas para evitar condenas más bajas para estos hechos una vez que se apruebe la ley en un plazo de un mes, aproximadamente.
La proposición de ley que ha elaborado Moncloa con los informes del Ministerio de Justicia podría presentarla hoy mismo el Grupo Socialista en el registro del Congreso. Los socialistas han sondeado a sus socios parlamentarios y creen contar con mayoría suficiente para sacarla adelante sin necesidad de contar con el PP que, no obstante, ha ofrecido sus votos.
El equipo de Irene Montero teme, en cambio, que la redacción del PSOE no sea más que un maquillaje, porque aunque todo se considere bajo la etiqueta de "agresión sexual", la nueva "agresión sexual sin violencia" es similar a lo que antes estaba tipificado como abuso sexual.
La tesis en la que trabaja el Ministerio de Justicia de Pilar Llop es el último intento de seducir a la ministra de Igualdad, que este lunes se abrió a "retocar las penas mínimas" siempre que no se modifique el principio del consentimiento. Es decir, que se evite volver a una situación en la que la condena dependa de factores como el hecho de si la víctima opone resistencia o no.
"Sólo se tocarán aspectos puntuales", aseguran a este diario desde el Ministerio de Justicia. "El objetivo es penar más duramente los casos en los que concurra violencia e intimidación o anulación de la voluntad de la víctima", añaden, especificando que cuando el hecho es más grave, requiere de una pena mayor.
En el Ministerio de Igualdad no concuerdan con la fórmula del PSOE porque generaría un "calvario probatorio" para la víctima. Los agravantes de violencia e intimidación, aseguran fuentes moradas, romperían el principio del consentimiento sin decirlo expresamente.
"Si incluyes la violencia [o intimidación] como un factor diferente en todas las horquillas, entonces estás diferenciando otra vez entre abuso y agresión, exigiendo que la víctima se resista", concretan. Desde Igualdad propusieron al PSOE hasta tres veces una reforma penal, sin respuesta.
En Justicia defienden que su reforma "evitará que se pueda recurrir a penas más bajas". "En ningún caso se va a tocar el consentimiento y todo seguirá siendo considerado agresión, no se vuelve al modelo anterior", afirman con rotundidad.
[El PSOE llevará una iniciativa al Congreso para "corregir" las penas de la ley del 'sólo sí es sí']
Vuelta la pelota al tejado de Igualdad, Irene Montero, que ha vuelto a dirigir su discurso contra los jueces que "no interpretan correctamente" la ley, insistiendo en que son una minoría, todavía muestra cierto recelo.
Al margen de las negociaciones que se están manteniendo, la intención del PSOE es presentar la proposición de ley en el Congreso de los Diputados tan pronto sea posible. Su objetivo es reformar la ley en el Parlamento este mismo mes de febrero, no más tarde, y así evitar entrar en campaña electoral sin haber actuado respecto a las reducciones de penas.
En Unidas Podemos, en general, y en el Ministerio de Igualdad, en particular, hay voluntad de acuerdo y "ante estas circunstancias" (o sea, el órdago del PSOE) se abren a modificar algunos aspectos. Pero mantienen dos líneas rojas, las de siempre: mantener el consentimiento como corazón de la ley y no separar violencia de intimidación.